No ha prosperado ninguna de las 56 quejas por tortura en el estado, revela la Codehum

Daniel Velázquez

El visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Hipólito Lugo Cortés informó que en la Comisión tienen registrados 56 quejas sobre tortura de las cuales se han emitido 56 recomendaciones y la mayoría son contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pero ninguna ha prosperado.

En su participaron en el foro Tortura ayer y hoy, impunidad de siempre que organizó el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Sociales con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas que se conmemora hoy, Lugo Cortés indicó que las recomendaciones no se han traducido en sanciones debido a los vacíos de la legislación vigente en el estado.

Expuso que “los hechos de tortura no se han terminado en el estado de Guerrero, es una práctica que subsiste”.

Explicó que la práctica subsiste porque continúan aplicándose choques eléctricos y golpes que los simulan con toallas y almohadas para no dejar lesiones visibles, simulaciones de ejecuciones contra los detenidos, quemaduras de cigarro y presión psicológica con amenazas de muerte con el fin de que firmen declaraciones que los incriminen en algún delito.

Una práctica de tortura de la que han sabido es que a los detenidos los amarran a una tabla, la que después sumergen en un tambo con agua del lado donde está la cabeza de la persona detenida para propiciar principios de ahogamiento y así conseguir que un detenido acepte los delitos que le imputan.

Detalló que de las 56 quejas contra tortura que ha recibido la Comisión, 47 son contra la Procuraduría, seis contra la Secretaría de Seguridad Pública y cuatro contra Ayuntamientos.

La Codehum ha emitido 56 recomendaciones, todas han sido aceptadas “pero existe impunidad” porque no se castiga a los responsables debido a que no se realizan las investigaciones y se deja que prescriban los delitos, y las averiguaciones previas que se inician en los ministerios públicos son por delitos como lesiones debido a que el Código Penal del estado establece que sólo se consideran como delitos los tipificados en ese texto y como la tortura está en una ley especial, no está dentro del catálogo de delitos, por eso no hay ninguna averiguación previa por el delito de tortura”.

La promoción de la tortura es producto del sistema judicial donde la Policía Ministerial hace su investigación con base a la tortura, los agentes del Ministerio Público preparan la declaración y los médicos legistas emiten “dictámenes superficiales” y los defensores de oficio se “prestan” a firmar declaraciones cuando no estuvieron presentes.

Expuso que en los últimos cinco años, la Comisión ha documentado 10 casos de muertes en cautiverio producto de los excesos de maltrato que imparten las fuerzas del estado y es común la expresión “se les pasó la mano”, los cuales han ocurrido principalmente en áreas de barandilla municipal y separos de la policía ministerial.

Sobre la desaparición forzada de personas, Lugo Cortés dijo que la Comisión tiene 87 quejas por privación ilegal de la libertad, de las cuales 66 corresponden de 2005 a 2013 en las que intervinieron autoridades policiales del estado y las víctimas son jóvenes.

Tienen quejas de 152 casos de personas privadas de su libertad por hombres desconocidos y han recibido 535 solicitudes de colaboración para localizar personas desaparecidas de otros estados.

Después, en declaraciones a reporteros se le preguntó sobre los ciudadanos apresados por la Policía Ciudadana que podrían ser víctimas de tortura, dijo que no se puede tipificar como tortura esas detenciones sino como delitos, si es que los hubiera, porque en la aprehensión no están involucradas las autoridades del Estado.