El Estado no reconoce que hay torturados y desaparecidos, por eso no se les atiende, reprochan expertos en un foro

Daniel Velázquez

El estudiante es la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Gerardo Torres Pérez narró su experiencia como víctima de tortura después de que fueron asesinados por policías sus compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011, mientras protestaban en la Autopista del Sol.

Dijo que los policías ministeriales lo golpearon y lo aislaron de sus compañeros para que declarará que él disparó contra los estudiantes con un fusil de asalto AK-47.

Torres Pérez, Cipriano Bernardino Maldonado y Agustín Chocolate Salazar participaron en el foro Tortura Ayer y Hoy, Impunidad de Siempre, que organizó el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Sociales por el día internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se conmemora hoy.

Recordó que los normalistas instalaron su plantón y después llegó la policía federal e hicieron disparos al aire, “cuando vieron ellos que no retrocedíamos de lugar empezaron a atrincherar a los antimotines para que iniciara el desalojo, después llegaron los policías ministeriales y también haciendo ráfagas al aire”.

Relató que como los normalistas estaban decididos a no levantar el bloqueo a la autopista hasta recibir solución a sus demandas, los policías “empezaron a  tirar directamente, tanto los policías federales como los policías ministeriales”.

Dijo que cuando tenían casi desalojada la autopista fue que vieron caer a Gabriel Echeverría de Jesús sobre el asfalto, fue cuando se indignaron y les gritaron a los policías que dejaran de disparar porque ya había caído un estudiante “pero al poco rato cae otro compañero”, Jorge Alexis Herrera Pino.

“Al ver nosotros que nos estaban asesinando decidimos retirarnos, algunos compañeros resultaron heridos”, a un estudiante le dieron un disparo en el pecho y la bala le atravesó un pulmón, a otro lo hirieron en la entrepierna y a uno más en el tobillo.

Entre los disparos y los estudiantes asesinados, Gerardo Torres fue detenido y llevado a los separos de la Procuraduría de Justicia del estado porque recogió un casquillo percutido de un AK-47.

Dijo que lo golpearon, después lo llevaron a unos baños “y ahí empezaron a golpear y a interrogar y a preguntar que dónde había dejado el arma” pero como no les daba respuestas lo golpearon más fuerte “con tablas y zapatos, botas y me azotaban al lavabo”.

Como no consiguieron la respuesta que querían, escuchó que los ministeriales conversaban que lo sacarían y poco después lo sacaron de la Procuraduría, le cubrieron el rostro y lo llevaron a las afueras de Chilpancingo, en “donde me hicieron disparar un arma larga que después me enteré que era un cuerno de chivo”.

Durante el lapso que estuvo fuera de la procuraduría le dijeron que lo iban a matar y le dijeron que confesara que él había tenido la culpa del asesinato de los dos estudiantes.  Después de que le obligaron a disparar en ocho ocasiones lo regresaron a los separos de la Procuraduría, en donde se dio cuenta de que a sus compañeros también los habían golpeado.

Recordó que al momento de rendir declaración fue el primero en ser llamado, como a las 7:00 de la noche y lo tuvieron en interrogatorio “como hasta las 3 de la mañana” y cuando lo regresaron con sus compañeros se dio cuenta de que todos ya habían declarado.

Señaló que después de que fue liberado, él y su familia sufrieron del acoso de la Policía Federal, porque a su casa llegaban policías federales.

Gerardo Torres dijo que el 12 de diciembre estuvieron en la Autopista del Sol porque desde octubre habían presentado, como cada año lo hacen, al gobierno del estado sus demandas económicas, académicas, políticas y de remodelación de la escuela pero no habían tenido respuesta.

Agregó que las demandas que originaron su movilización en diciembre de 2011 “no han sido cumplidas”.

Cipriano Bernardino dijo que otros casos de tortura contra los estudiantes normalistas ocurrieron el 10 de noviembre de 2012, cuando fueron amedrentados por policías federal mientras realizaban un boteo, el 8 de mayo de 2013 de nuevo los policías federales les impidieron que realizaran el boteo y los encarcelaron en Chilpancingo.

“A Ayotzinapa no la quieren por ser una escuela de lucha”, dijo.

El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández reiteró parte de los agravios que las fuerzas policiales cometieron contra los estudiantes que están dentro de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“La tortura y la desaparición forzada han sido una política de Estado encaminada a inhibir la organización y la lucha social” porque se usan para “escarmentar” a quienes exigen que se respeten sus derechos, aseguró.

Mencionó que en el estado hay muchos casos como el de El Charco, Aguas Blancas, el asesinato de los copreros, el asesinato de los estudiantes normalistas y el caso de Arturo Hernández Cardona, de los líderes de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco (OPIM) en Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas “podemos enumerar muchos acontecimientos que son parte de la política de Estado”.

Olivares Hernández se quejó del desinterés y apatía que mostraron los estudiantes universitarios en el tema, dijo que es necesario despertar la conciencia de los jóvenes porque si no demorará mas el cambio para evitar esas prácticas.

Al foro asistieron unas 80 personas, pero en la medida en que transcurrió el programa los alumnos que habían asistido poco a poco abandonaron el auditorio hasta quedar unos 40 a las que uno de los asistentes, Cuauhtémoc Contreras identificó como activistas y lamentó la ausencia de estudiantes.

El director de la Unidad Académica de Derecho ofreció disculpas por la ausencia de los estudiantes y admitió que a veces los jóvenes se interesan por otras actividades.

En declaraciones a los reporteros, el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada aseguró que en Guerrero la ley contra la tortura es letra muerta porque no se puede aplicar debido a que ese delito no está tipificado.

“Al no haber una ley que castigue a la tortura es lógico que la tortura sigue impune y al haber impunidad cualquier personas que tenga un poquito de poder, una charola o un fusil de parte del estado va a seguir reprimiendo porque se sabe que nadie lo va a castigar por esos abusos”, acusó.

Aseguró que el crimen organizado que tiene protección de las autoridades de cualquier orden, ya sea federal, estatal o municipal por eso no cree cuando se habla de que un luchador social fue asesinado por el crimen organizado.

También señaló que en Guerrero hay al menos 400 ciudadanos que fueron desaparecidos por el Estado en el periodo de la guerra sucia.

En un boletín de presa el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad demandó que el gobierno mexicano cumpla con el derecho a la rehabilitación de las víctimas de tortura.

“Del pasado al presente, ayer y hoy el Estado no reconoce la presencia de torturados ni desaparecidos, tan es así que simula el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla”, se lee en el texto.

“Hoy en la Universidad Autónoma de Guerrero se encuentran casos como los estudiantes de veterinaria detenidos por la Policía Federal, arraigados y torturados. También casos de estudiantes asesinados o desaparecidos por quienes el Estado mexicano no responde”, lamentó.

De los relatos de impunidad de la guerra sucia a los estudiantes normalistas torturados en la Procuraduría, “ninguno de ellos ha tenido de parte del Estado la reparación y rehabilitación debidas, salvo el reconocimiento de algunos sectores de la sociedad. Por el contrario, cada vez nos enfrentamos a situaciones donde el accionar de la delincuencia organizada está coludida con autoridades como presuntamente es el caso de la Unidad Popular de Iguala, donde por omisión o comisión las autoridades son responsables de la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de varios miembros de la Unidad Popular de Iguala”.