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Con su viaje a EU, Aguirre manda un mensaje de desinterés por la violencia, critica el PRI

Hugo Pacheco León / Chilpancingo

 

A pesar de que los diputados del Congreso del estado reconocieron ayer en un punto de acuerdo el incremento de la violencia en el estado, decidieron turnarlo a la Comisión de Seguridad para su análisis y dictamen.

Este martes en la sesión, como último asunto del orden del día, el diputado taxqueño del PRI, Omar Jalil Flores Majul, presentó un punto de acuerdo por la inseguridad que se vive en Guerrero y criticó al gobernador Angel Aguirre Rivero: “Esta situación requiere la atención completa del titular del Ejecutivo en turno, de su vocación de servicio público y de acciones efectivas de corresponsabilidad. Evitando viajes innecesarios que mandan un mensaje a la sociedad de abulia pública o desinterés”, dijo en alusión a la gira de Aguirre por ciudades de Estados Unidos.

La pretensión del diputado priista era exhortar al gobierno estatal y a su gabinete de seguridad pública para  “evaluar y coordinarse en el marco de la corresponsabilidad institucional con las áreas de Seguridad Pública Federal, agrupadas en el Sistema Nacional de Seguridad Publica, sobre  las acciones, programas y evaluación del resultado de su desempeño”.

“Y con ello establecer la ruta viable dentro del Sistema de Seguridad Estatal y Procuración de Justicia y el Sistema Nacional de Seguridad Publica, que permita remontar la inseguridad pública en el estado”, planteó.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública, debido a que el diputado Omar Jalil Flores Majul no lo presentó como un asunto de urgente y obvia resolución, es decir, para que fuera discutido y aprobado.

No obstante, el diputado priista dio lectura al punto de acuerdo en tribuna, en el que expuso: “El estado de Guerrero ha vivido un incremento en los índices de inseguridad y de una manifiesta descomposición del entramado social que espera de los órganos estales la seguridad, la tranquilidad y la paz en su vida cotidiana. Así como la tensión incrementada por los efectos de ésta”.

Añadió: “Diversas y variadas opiniones se expresan tanto por los ciudadanos y ciudadanas como de autoridades diversas que señalan y describen que los órganos y cuerpos de seguridad pública no son lo que deben ser y que se vive en el estado una situación de inseguridad pública que puede claramente interpretarse como incapacidad para gobernar el área de la seguridad pública y de la existencia de la crisis de la seguridad pública que se ha convertido al parecer en una situación extrema”.

Y exaltó: “La desconfianza en las instituciones de seguridad pública es un secreto a voces, la violencia y los alarmantes grados al alza de inseguridad, evidencian el nivel de descomposición del tejido social, reflejándose en el hartazgo de la población y las declaraciones públicas de diversos alcaldes al reconocer las limitaciones y encontrarse rebasados para atender de fondo la inseguridad que aqueja a sus municipios”.

Omar Jalil Flores señaló que “la población lastimada por la inseguridad pública en el estado, busca como una acción desesperada, el de auto organizarse en grupos de autodefensa y protección”.

Y con el ejemplar de El Sur de ayer en las manos, Flores Majul indicó que “el hartazgo y el temor de la población han derivado en la ruptura de la cohesión social y la nota roja se convirtió en referente cotidiano en el estado, como se ha plasmado en los últimos meses a través de diferentes medios de comunicación, radio, televisión, pero sobre todo por medio de la prensa escrita y medios digitales”.

Sostuvo entonces que en el Estado de derecho “su descomposición, desinterés o manipulación por los responsables de conducirlas, se refleja en el crecimiento de áreas de impunidad y arbitrariedad que lastiman finalmente la convivencia, la armonía social y la ruptura de los valores elementales de civilidad y respeto a la dignidad humana”.

Luego recalcó: “En suma, la crisis de la seguridad pública es evidente; la dilación en su atención sólo incrementará el nivel de descomposición y aumentará la posibilidad de no obtener salidas viables para que la sociedad pueda vivir en tranquilidad y paz”.

Y criticó al gobernador: “Esta situación requiere la atención completa del titular del Ejecutivo en turno, de su vocación de servicio público y de acciones efectivas de corresponsabilidad. Evitando viajes innecesarios que mandan un mensaje a la sociedad de abulia pública o desinterés”.

 

Lluvias y protección civil

 

Lo que sí aprobaron los diputados fue exhortar al gobernador Angel Aguirre Rivero “para que instruya a las instituciones del gobierno estatal, así como a los ayuntamientos de la entidad, para que dentro del ámbito de su respectiva competencia realicen de manera urgente la revisión de sus estrategias y programas de protección civil”.

El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado del PRD, Valentín Rafaela Solís, para informar que la temporada de incendios forestales “dejó un alto índice de afectaciones en la entidad, puesto que tan sólo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), refiere que lo que va de la presente anualidad se registraron 179 incendios forestales, afectando una extensión de 24 mil 544.52 hectáreas, aproximadamente, ocupando esta entidad el 4º lugar a nivel nacional con  mayor superficie afectada  por los incendios forestales después de Oaxaca, Sonora y Quintana Roo”.

El diputado perredista añadió que la cifra anterior “ha rebasado la que se tenía en año 2012, ya que la entidad se encontraba en octavo lugar, con un total de 162 incendios, lo cual ha sido resultado de  la ausencia de una cultura de prevención y la casi inexistente participación de las autoridades involucradas en el tema”.

Y advirtió el perredista: “Ahora bien, su servidor tiene una gran preocupación en el marco de la actual  temporada de lluvias, porque las instituciones encargadas de velar por la protección civil de los guerrerenses no se han abocado a dar cumplimiento al contenido de la Ley de Protección Civil del Estado de Guerrero, que ordena que los municipios que integran la entidad deberán contar con un mapa de riesgo”.

Lo anterior, “para que la población pueda identificar las zonas que impliquen peligro, sirviendo de orientación para asumir las medidas preventivas y de mitigación para cada riesgo identificado”.

“Dicho ordenamiento en la actualidad ha sido letra muerta, pues los ayuntamientos de la entidad no le dan trascendencia al tema, pretendiendo transferir esta obligación compartida al gobierno del estado; al Ejército Mexicano o la Secretaría de la Marina”, afirmó el diputado Valentín Rafaela.

Dio a conocer que a la fecha “muchos de los municipios de la entidad no cuentan con carros de bomberos, ambulancias y equipos especializados en atención de desastres naturales”.

Y aseguró sin dar detalles: “Con tal omisión  se han generado daños graves a la hacienda municipal y estatal pero lo más importante, se han provocado la pérdida de seres humanos  y  de su patrimonio, que pudieron prevenirse; ejemplos de ello es que al día de hoy, la Subsecretaría de Protección Civil reportó deslaves y hundimientos de tramos carreteros en por lo menos cinco municipios de las regiones de La Montaña, Centro y Norte, a consecuencia de las lluvias ocasionadas por la depresión tropical Barry”.

Dijo que en La Montaña se reportan deslaves y hundimientos en las carreteras, “con afectación a miles de pobladores”, de Tlapa, Atlamaljancingo, Tla-coapa, Malinaltepec, Alpoyeca, Iliatenco y Metlatónoc”.

Mientras que en la región Norte “han sido afectados los municipios de Tetipac y Taxco, y en la región Centro, en el poblado de Petaquillas-Chilpancingo, se han registrado inundaciones de vialidades”, añadió.

 

Dictámenes aprobados e iniciativas de ley

 

En esta sesión, finalmente los diputados aprobaron sin discusión el dictamen por el cual se tipifica el feminicidio como delito grave, al reformar el Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero.

También aprobaron los dictámenes por los cuales no se aprueban las cuentas públicas de los municipios de Copalillo e Igualapa, correspondientes al ejercicio fiscal 2008 y 2010; de Alpoyeca y de Atenango y Atoyac del 201

Pero sí aprobaron la cuenta pública del municipio de Tetipac correspondiente al periodo 2011.

Igual se aprobaron las adiciones a la Ley de Instituciones y Procedimiento  Electorales del Estado de Guerrero (LIPEG), para especificar de manera clara que el personal que integre los cuerpos del servicio profesional de carrera y las ramas administrativas del Instituto Electoral del Estado IEEG) serán considerados de confianza y disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

Otro dictamen aprobado fue el que reforma el Código Civil y la Ley del Registro Civil, que establece que es obligación de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil y los Oficiales del Registro Civil, impartir cursos taller de orientación prematrimonial para dar cumplimiento a uno de los requisitos establecidos para contraer matrimonio.

 

Que el presidente de la Codehum ya no sea vitalicio

 

Luego se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos la iniciativa presentada por los diputados de la Comisión de Gobierno, que integran todos los partidos representados en el Congreso local, por el cual proponen reformas a la Constitu-ción Política local para establecer que el presidente de la Comi-sión Estatal de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez.

Además de añadir a la Constitución Política local que toda persona goce de las garan-tías que otorga la Carta Magna, los tratados internacionales de los que México forme parte sin distinción de origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social.

Asimismo, se turnó  a la Comisión de Justicia la iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para crear en el Instituto Estatal Electoral, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres y su correlativa Comisión en el Congreso local.

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