Debe regularse a la Policía Comunitaria, dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia

Daniel Velázquez

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo dijo que la Policía Comunitaria debe regularse y para eso es necesaria una ley reglamentaria a la ley 701.

De la detención de 70 personas por parte de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) dijo que la ley 701 les abre la posibilidad de las detenciones pero debe especificárseles hasta donde tienen alcance las acciones de la Policía Comunitaria amparados en la ley y los límites que les establece la Constitución.

Descartó que el gobierno del estado vaya a intervenir para que la CRAC entregue a los 70 detenidos sino que van a buscar el diálogo y orientar a los pueblos originarios sobre los alcances de la ley 701.

Dijo que el Tribunal está en la disposición de orientarlos y confió en que con la llegada del nuevo secretario de Seguridad Pública, Sergio Lara Montellanos se puedan organizar talles para las comunidades indígenas.

Martínez Garnelo asistió como invitado a la sesión semanal de la Asociación Civil Acapulco conocida como Grupo Aca, para presentar su informe de actividades correspondiente al 2012 y después respondió algunas preguntas de los acasocios, quienes en su mayoría lo adularon e intercambiaron afectos.

En la ronda de preguntas y respuestas, Martínez Garnelo evadió los tema de la Policía Comunitaria y la Policía Ciudadana, dijo que ese tipo de policías siempre han existido y puso como ejemplo la policía rural, la policía montada, la policía urbana y la policía de barrio.

En declaraciones a reporteros Martínez Garnelo dijo que la Ley 701 reconoce a la justicia comunitaria y a la Policía Comunitaria pero de forma muy general y están pendientes las reglas de cómo van a operar, por eso es necesaria una ley reglamentaria, “porque nuestros hermanos que están formando estas policías se van de manera muy general con esta ley”.

Indicó que la secretaría general de Gobierno prepara talleres para reorientar a instituciones y las comunidades indígenas para hablar de la estructura funcional y orgánica de la Policía Comunitaria sino también de los sistemas de justicia.

De las policías ciudadanas surgidas por las autodefensas, dijo que técnicamente están reconocidas en el artículo 17 constitucional “pero no tienen sustento de corte institucional” y en eso deben trabajar las autoridades para darle ese sustento.

Del riesgo de que sean infiltradas por la delincuencia organizada, Martínez Garnelo dijo en ese tema deben intervenir las autoridades de Seguridad Pública y de inteligencia “para saber cómo y de qué manera controlar”.

Agregó que lo que él conoce, de manera extraoficial porque no es su área es que las autoridades del estado trabajan para “establecer lazos de interacción porque los fines (de las policías ciudadanas) son muy nobles, se esta luchando contra la delincuencia”.

Agregó que el fenómeno de las autodefensas no es exclusivo de Guerrero, sino que se ha presentado en otras entidades y tiene sustento constitucional.

De las acusaciones contra el subsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez de estar ligado a un grupo delincuencial, dijo que esos señalamientos corresponde a los mandos policiacos aclararlos “no tengo la capacidad ni el conocimiento para hacer algún comentario al respecto”.

Martínez Garnelo confirmó que algunos casos de tortura han prescrito por “inactividad procesal” debido a que se hace la denuncia pero no se investiga y señaló que hay dos procesos por tortura que se siguen contra dos policías que fueron presentados este año, pero dijo que no recordaba datos con precisión.

El martes, en su participaron en el foro Tortura ayer y hoy, impunidad de siempre que organizó el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Sociales con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Hipólito Lugo Cortés informó que en la Comisión tienen registrados 56 quejas sobre tortura de las cuales se han emitido 56 recomendaciones y la mayoría son contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pero ninguna ha prosperado.

También señaló que hay un vacío legal que impide que la tortura se tipifique como delito porque no está dentro del Código Penal.

Martínez Garnelo dijo que ya hicieron una propuesta para que la tortura se tipifique dentro del Código Penal y dijo que de 2011 a la fecha sólo se han denunciado “tres o cuatro casos, no va mas allá, son muy pocos”, de estos dijo que son dos los que ya prescribieron.

Informó que ya envió una circular dirigida a todos los jueces para que en materia penal los juicios no rebasen los términos que establece la ley, eso como parte de la reforma constitucional aprobada por la Suprema Corte de Justicia para el Control Constitucional Difuso.

El Control Constitucional Difuso “es que cualquier juez de la República cuando conozca de un asunto de su competencia, pueda inaplicar una norma cuando considere que es contraria a la Constitución (control difuso) o a los tratados internacionales firmados por México (control convencionalidad), pero sin que por ello pueda expulsarla del orden jurídico” de acuerdo con Roberto Niembro en una publicación de la Revista Nexos de julio de 2011.

A los acasocios les dijo que tiene “fe” en que el nuevo procurador Iñaki Blanco Cabrera “va a transformar el sistema de procuración de justicia en Guerrero”.