En Ayutla están abandonadas por el gobierno estatal 14 familias desplazadas de La Laguna

Zacarías Cervantes

Tepango / Ayutla

Abandonadas por el gobierno del estado, 14 familias  que fueron desplazadas por la violencia de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, apenas sobreviven en esta comunidad, en La Unión y en Ayutla, la cabecera municipal.

A pesar de los informes oficiales del gobierno estatal en lo que asegura que las familias han recibido todo tipo de apoyo para su sobrevivencia, conforme a los compromisos contraídos con las familias que fueron desplazadas de la sierra del Filo Mayor a estas comunidades de la Costa Chica, las familias viven en condiciones de miseria, endeudadas y sin los medios para su alimentación diaria.

De las 14 familias originarias de La Laguna que fueron desplazadas a este municipio, cinco sobreviven en esta comunidad, tres más en La Unión de este municipio y seis en Ayutla, pero en ninguno de los casos han recibido la ayuda que les prometieron las autoridades estatales.

En esta localidad que se encuentra a unos 15 minutos de la cabecera municipal, a un costado de la cartera Ayutla-Cruz Grande, viven cinco de las familias desplazadas, la de don Sergio Santana Lara y su esposa Juana Alonso Ochoa, padres de Rubén Santana y suegros de Juventina Villa, dos de los asesinados en el 2011 y 2012 en La Laguna. En la misma casa vive su hijo Humberto Santana Alonso y su familia.

También vive aquí la familia de Onorina Mederos Segura, nuera de Rubén y Juana; Rosendo Santana Valerio, nieto de Sergio y Juana y Ubaldo Santana Alonso, otro de los hijos de Sergio y Juana. Entre las cinco familias suman en total 35 personas entre adultos y niños.

Don Sergio recordó que aquí llegaron el 2 de diciembre del 2012, y desde entonces para ellos la vida no ha sido fácil pues los primeros días tuvieron que vivir en campo abierto, bajo los árboles y cubiertos apenas por plástico para cubrirse del sol y del aire.

Actualmente, cuatro de las cinco familias cuentan con una casa de adobe, pero deben la lámina galvanizada que le pusieron de techo, el salario del albañil que se las construyó, el terreno donde la edificaron y en el caso de don Sergio y Juana, deben 10 mil pesos que pidieron prestados para el sepelio de su hijo Natividad, quien fue asesinado el 3 de febrero en Puerto de las Ollas.

En total, las cinco familias arrastran adeudos por un millón 218, 300 pesos por concepto de los terrenos donde construyeron sus casas, 10 mil pesos que les está cobrando el comisario municipal a cada familia para tener derecho a radicar en este lugar, por el material y la mano de obra de la construcción de sus viviendas de adobe y por conceptos diversos que el gobierno estatal se comprometió a cubrirles para que salieran de Puerto de las Ollas a finales del año pasado.

Sergio Santana, de 70 años de edad, aseguró que a seis meses de que llegaron, el gobierno estatal solamente les ha entregado 5 mil pesos y una dotación de despensas, motivo por el cual actualmente se encuentran sumidos en la miseria, cargados de deudas y, lo peor, sin tierras para sembrar, como las que tenían en abundancia en La Laguna, de donde tuvieron que salir huyendo por la violencia que estaba acabando con sus familias.

Recordó que el gobierno estatal tampoco cumplió con su promesa de pagarles sus cabezas de ganado que dejaron en La Laguna, cuya cantidad ascendía a 440 mil pesos por 78 vacas que tenía la familia Santana Alonso y Santana Villa, sin contar a los cerdos y pollos que también dejaron abandonados.

Entrevistados en un corredor rodeado de matas de plátano y plantas de jardín que apenas comienzan a crecer debido al corto tiempo que llevan aquí, don Sergio y doña Juana de vez en cuando los traiciona la nostalgia al recordar a su pueblo y se les quiebra la voz, sobre todo cuando doña Juana Recuerda: “aquí oigo bramar las vacas y se me figura que son las mías, pero después vuelvo a la realidad y recuerdo que aquí no tengo nada”.

A don Sergio se le llenan los ojos de lágrimas cuando cuenta que aquí no tiene tierra para trabajar, “apenas me prestaron una tierrita pero es apenas para sembrar medio litro de maíz y hay otra pero esa me la venden en 80 mil, pero yo ¿de dónde?, si el gobierno nos dijo que hasta eso nos iba a comprar y no nos ha dado nada”.

Paraguas y mangas para

las familias de La Unión

Unos 15 kilómetros adelante de Tepango, dodne colinda el municipio de Ayutla con Cruz Grande, está la comunidad de La Unión, a finales de marzo llegaron otras tres familias de Puerto de las Ollas donde radicaron un tiempo tras haber salido huyendo de la violencia de La Laguna.

Aquí viven los hermanos Hermelindo, Bernardo y Constantino Díaz Pérez, quienes con sus esposas e hijos suman 14 personas.

Los hermanos Díaz Pérez sobreviven en condiciones peores que los de Tepango, pues su casas son improvisadas con toldos y cubiertas de plástico, levantadas a orillas de una barranca, y el gobierno estatal tampoco los ha apoyado para sobrevivir, según Juana Méndez Manzanares, esposa de Hermelindo.

Doña Juana dijo que recientemente acudieron funcionarios del gobierno y solamente les llevaron tres sombrillas para cada una de las familias y tres mangas para cubrirse del agua, así como despensas y cobijas, además de una placa solar generadora de energía eléctrica, pues en el lugar donde se encuentran está a media hora de camino de la comunidad de La Unión y no hay energía eléctrica ni ningún otro tipo de servicio público.

Doña Juana recordó que el gobierno estatal les prometió que les iba a comprar el terreno y que les iba a construir sus casas, pero sólo les entregaron 20 toneladas de cemento a las tres familias para elaborar un bloc para levantar sus casas, pero ellos ya cumplieron con hacerlos y ahora los tienen apilados sin que ninguna autoridad acuda para informarles cuándo van a comenzar a construir sus viviendas.

Por lo pronto se protegen en sus viviendas improvisadas de aproximadamente 6 por 4 metros, construidas de toldos cubiertos de plástico y sin esperanzas de mejorar sus condiciones porque carecen de tierra para sembrar, que es a lo que se dedicaban en La Laguna.

Juana Méndez informó que su esposo Hermelindo, de vez en cuando es alquilado como peón pero que apenas le pagan 100 o 120 pesos, apenas lo suficiente para sobrevivir.

Dijo que del lugar donde se encuentran tienen que caminar diariamente media hora hasta la comunidad de La Unión para llevar a sus hijos a la escuela.

A este paraje habían llegado otras seis familias, sin embargo por las condiciones y debido a que sus improvisadas viviendas fueron levantadas a orillas del río y corrían el riesgo de ser arrolladas por la corriente en esta temporada de lluvias tuvieron que ser trasladadas a Ayutla, la cabecera municipal.

Las seis familias son las que encabezan doña Catalina Pérez Duque y sus hijos,  Gildardo, Damián, Bernardo, Mariana y Joaquín Díaz Pérez.

Las seis familias se encuentran rentando casas en la cabecera municipal, en espera de que el gobierno estatal les construya las suyas en La Unión como se los prometió, dijo doña Catalina, quien para sobrevivir en la acera de la casa que renta vende picaditas, mientras que sus hijos se alquilan de peones porque como el resto de las familias carecen de las tierras para sembrar que les prometió el gobierno.

Las 14 familias que se encuentran diseminadas en Tepango, La Unión y Ayutla, forman parte de las 31 familias que el 28 de noviembre del año pasado salieron huyendo de la violencia de la comunidad de La Laguna y llegaron a radicar temporalmente en Puerto de las Ollas.

De allí, el 2 de diciembre, un grupo de cinco familias encabezadas por don Sergio Santana partieron a Tepango. Otras nueve, encabezadas por doña Catalina Pérez, salieron de ese mismo lugar a finales de marzo de las cuales actualmente tres radican cerca de La Unión y seis en la cabecera municipal.

El resto de las familias siguen en Puerto de las Ollas, mientras que en el caso de las hijas de doña Juventina Villa se trasladaron a Petatlán y han perdido el contacto con el resto de las familias.

De las familias que radican en Puerto de las Ollas, Tepango, La Unión y Ayutla, ninguna ha recibido la ayuda que les ofreció el gobierno estatal, a pesar de que mediante boletines oficiales se ha informado que las autoridades han cumplido con el Plan Emergente de Atención a las Familias Desplazadas (Pemafad).

Por ejemplo, el 17 de junio la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del estado emitió un boletín en el que aseguró que “conforme a los compromisos contraídos mediante el Plan Emergente de Atención a las Familias Desplazadas (Pemafad) de la sierra de Coyuca de Catalán, representantes de diversas dependencias se reunieron para evaluar los apoyos otorgados a las familias, y garantizarles mejores condiciones de seguridad, servicios básicos y apoyos necesarios para poder fincar una nueva vida”.

El comunicado agrega que en la reunión, “que se desarrolló en la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que depende de la Secretaría General de Gobierno, fue encabezada por Victoriano Sánchez Carbajal, quien anunció que el Gobierno del Estado donó a las nueve familias 10 hectáreas de terreno para poder instalarse en un lugar seguro”.

Y dice que, “en el encuentro estuvieron representantes de la Subsecretaría de Proteccion Civil, Programas Sociales Guerrero Cumple, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas e Instituto de Vivienda y Suelo Urbano, donde se afirmó, se ha cumplido con el compromiso de llevarles apoyos y servicios médicos, educativos y asistenciales, además de que los pobladores cuenten con los insumos necesarios de vivienda y bienestar”.

Asegura que “la Secretaría de Desarrollo Rural los ha beneficiado con la entrega de proyectos productivos y de traspatio”.

“El subsecretario de Protección Civil, Constantino González Vargas, informó que con recursos del Fondo Solidario, las familias se han visto beneficiadas con la entrega de 200 láminas de fibracemento, colchonetas, cobertores, despensas, kits de limpieza y atención medica” y que, además, “se apoyará con la realización de un dictamen técnico de las hectáreas de tierra que les fueron otorgadas para garantizar que vivan en suelo estable que no les represente riesgos”, menciona.

El documento expresa que “en el caso del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano que dirige Abel Arredondo Aburto se comprometió a construir las casas de estas familias en una superficie de 45 metros cuadrados”.