Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* A 18 años de Aguas Blancas, Figueroa en su cómoda vejez

El informe de la Suprema Corte de Justicia definió con toda precisión la responsabilidad que tuvo el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer en la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas. “Se concluye que de dicha violación resultan responsables los licenciados: Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia indefinida…”, dice uno de los puntos resolutivos del informe. Pero a pesar de su contundencia, y de que planteaba explícitamente al gobierno federal y estatal ejercer las acciones penales correspondientes contra los responsables, el informe de la Corte fue arteramente desacatado por el presidente Ernesto Zedillo –por cuya solicitud intervino la Corte al amparo del artículo 97 constitucional– y por el entonces gobernador interino de Guerrero, Ángel Aguirre. Correspondía a Aguirre cursar el informe a la Procuraduría General de Justicia del Estado –a la cual de todos modos la Corte remitió una copia con ese fin– y activar el procedimiento penal contra Figueroa y los ex funcionarios señalados, pero en lugar de cumplir su deber, no hizo nada.

Con el caso Aguas Blancas la Corte ejerció por tercera ocasión la facultad de investigar violaciones graves a las garantías individuales que le concedía el artículo 97, lo que ofrece una idea de la trascendencia histórica de su intervención. El primer caso se remonta a 1879, por una de las tantas matanzas ordenadas por Porfirio Díaz, y el segundo fue motivado por el asesinato de 50 simpatizantes panistas a manos del Ejército en enero de 1946 en León, Guanajuato, mientras protestaban por el fraude del PRI contra el PAN en la elección municipal. A la investigación y el informe de la Corte, emitido en abril de 1996, le precedieron varias semanas de indignación nacional y estupor internacional por la frialdad y el salvajismo de la matanza, que habían provocado ya la caída del gobernador Figueroa Alcocer.

Figueroa Alcocer pudo durante ocho meses simular y mantener medio oculta la verdad de los hechos, lapso en el cual pretendió hacer creer que los campesinos acribillados iban armados y fueron los que empezaron la agresión. Sólo perdió el poder cuando Televisa dio a conocer el video de la emboscada, que dejó al descubierto la patraña montada por el gobierno del estado y mostró al mundo la naturaleza criminal de la Policía Motorizada.

Durante esos meses, el gobierno figueroísta mantuvo su versión, en la que tuvo un papel destacado Ángel Aguirre como dirigente estatal del PRI. El sistema político priísta, con el presidente Ernesto Zedillo a la cabeza y con el vergonzoso asentimiento del Congreso de la Unión, sostuvo también esa versión y respaldó a Figueroa Alcocer. Sólo la fuerza de las imágenes pudo echar a Figueroa del Palacio de Gobierno. Pero luego ni la Suprema Corte de Justicia fue capaz de someterlo al rigor de la justicia.

El informe de la Corte no era un fallo, por lo que su contenido no equivalía a una investigación ministerial ni suponía el tránsito inmediato de los responsables a la cárcel. Pero el objeto de su intervención, como establecía la Constitución, era establecer la verdad de los hechos y señalar el rumbo penal que debía seguir el caso. La obligatoriedad de la opinión de los ministros era moral. Por ello, establecida la inocencia de las víctimas, el énfasis de la Corte fue puesto en la manipulación posterior orquestada por Figueroa para esconder la verdad. De ahí que el informe afirme que “en ‘El Vado’ de Aguas Blancas se cometió una grave violación del derecho a la vida de diecisiete campesinos y se causaron heridas a veintiuno más, y aún así, no hay evidencias de que el gobierno del estado hubiera actuado como era su responsabilidad, como mandatario de los habitantes de la entidad, más bien actuó como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”. Y continúa: “Por tal motivo, es evidente la responsabilidad de los entonces gobernador, procurador general de Justicia y secretario general de Gobierno, además de los restantes funcionarios consignados, todos ellos del estado de Guerrero, porque actuaron como cultivadores ‘del engaño, la maquinación y la ocultación’, con la consecuente violación grave de las garantías antes citadas. Tan importante como los acontecimientos concretos y lesionantes de ‘El Vado’ de Aguas Blancas, resulta el manejo público oficializado de los mismos. Es ahí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana la persistencia en incurrir en una política falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad, por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla”.

A pesar de ello, el sistema político se impuso. Así se estilaba en el viejo régimen. Dieciocho años después, el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer sólo enfrenta las quejumbres de su vejez con la certidumbre de que la impunidad que le fue otorgada entonces no será perturbada, y la mejor prueba de ello es que ninguno de los dos gobiernos que el PRD ha encabezado en Guerrero, se ha atrevido a molestarlo con la reapertura del caso.

En su campaña, Aguirre se comprometió a incluir en las tareas de la Comisión de la Verdad el caso Aguas Blancas, pero una vez en el poder y creada esa comisión, incumplió su promesa. Y a pesar de que solía definir a Figueroa Alcocer como lo más “oscuro” del PRI, como gobernador entró en componendas políticas con él y le permitió hacer negocios con su gobierno mediante la venta de fertilizante.

A pesar de todo, conviene recordar la vigencia de los señalamientos formulados por la Corte y por ello la posibilidad jurídica de someter a proceso a quienes en aquellos años escaparon a la justicia gracias a la complicidad del sistema político. Figueroa Alcocer en primer lugar, quien por estas fechas acostumbra escarnecer la memoria de las víctimas con declaraciones sarcásticas sobre aquel funesto acontecimiento. Hasta ahora no ha existido la visión y la voluntad política para replantear el caso, a pesar de que la izquierda de Guerrero se convirtió en gobierno. Esa izquierda, la del PRD, ha borrado de su agenda el tema. Pero, como se observa año tras año, en la conciencia pública Aguas Blancas es un caso imposible de olvidar.

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