Dice el encargado que las marchas de ministeriales no frenarán la investigación

El encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el subprocurador Juan Manuel Herrera Campos, afirmó que las investigaciones internas por el desalojo violento del 12 de diciembre, que dejó como saldo dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa asesinados a tiros, “no se van a detener por protestas o marchas” de los agentes ministeriales.
Precisó que las investigaciones que abrió la Contraloría de la PGJE son “contra más de 40” funcionarios, agentes y peritos que tuvieron alguna participación en los hechos o derivadas de su actuación después de los mismos.
Herrera Campos dijo lo anterior al finalizar una conferencia de prensa en la residencia oficial Casa Guerrero, que encabezó el gobernador Ángel Aguirre, quien dio a conocer que se va a indemnizar a las familias de los estudiantes asesinados.
Al concluir el anuncio, el subprocurador dio respuesta a preguntas de reporteros sobre las denuncias penales de la PGR en contra del ex procurador Alberto López Rosas, varios funcionarios de la PGJE y ex funcionarios que fueron cesados por este caso.
“Sobre los procesos federales que están enfrentando, el juez tendrá que pronunciarse al respecto, no es nuestro fuero, por lo tanto no podríamos darle opinión alguna”, dijo.
E insistió que en los delitos materia del fuero común, la PGJE ha actuado, “si ustedes lo recuerdan el 26 de enero fueron consignados dos policías de la Ministerial por el homicidio de dos normalistas, el 30 de enero el juez dictó auto de formal prisión, así mismo en esa fecha se consignó por homicidio en grado de tentativa de otro de los estudiantes de la normal y por abuso de autoridad, quedan abiertos diversos expedientes por otros delitos y en cuanto se tengan completas, conforme se vayan consignando, serán los primeros en enterarse”.
Un reportero le preguntó cuántas de esas averiguaciones han sido consignadas y Herrera Campos respondió que “en el momento que sean consignadas lo daremos a conocer, hay averiguaciones pero eso no me obliga a decirles en base a qué diligencias se están desahogando las mismas, violar la secrecía sería que digamos qué contienen y en contra de quiénes”.
Respecto a los procesos administrativos que inició la Contraloría contra 40 agentes y comandantes de la Policía Ministerial, el encargado de la Procuraduría confirmó que son más los servidores públicos contra los que se iniciaron procedimientos, pero no quiso precisar cuántos, pues “se están integrando los expedientes administrativos de las gentes a las cuales se está investigando, no queremos decirles cuál sería el tiempo específico (en resolver esos procedimientos), porque ni la ley nos establece términos tan rígidos y todo depende de cómo podamos ir obteniendo las diferentes pruebas y el desahogo de las mismas”.
“No puedo darles datos precisos de la investigación, porque las mismas se encuentran en curso y les suplico que tengan paciencia en ese sentido, y en cuanto sea el momento procesal oportuno les iremos informando; son más de 40, no traigo de memoria el dato, sin embargo es bien importante, la responsabilidad no será la misma para todos, dependiendo del grado de participación y por eso les estamos concediendo el derecho de defensa y que ellos aporten las pruebas que correspondan de acuerdo a dicha defensa, y resultará en algunos casos sanciones que pueden venir en simples amonestaciones o hasta otras más graves, de acuerdo al grado de participación y responsabilidad que surjan de los mismos”, añadió.
Un reportero le dijo que por esos procedimientos ya hubo protestas y si iban detener la integración de expedientes ante la Contraloría o que deriven en denuncias penales contra los responsables de algunos delitos.
“No, no, se habló con el personal de la Procuraduría y se les manifestó que precisamente como la institución que estamos obligados a velar por la impartición de la justicia, nosotros no por ningún tipo de protesta vamos a frenar ningún procedimiento ya sea administrativo o penal, pero tampoco, que quede claro, se va a tasar a todos de la misma manera, depende de su puesto, e insisto, de su grado de participación en la responsabilidad que les resulte”, explicó.
Ratificó además que ya se inició una depuración en la PGJE, “el inicio de exámenes de controles de confianza, tenemos la obligación de someternos, ya comenzaron, ya fui en lo particular, los mandos superiores, la policías, aquellos que resultasen positivos en una sustancia prohibida serán dados de baja y los que no, continúan la evaluación de entorno social para constatar que los que trabajemos en la PGJE vivamos con lo que nos da nuestro salario”.
Finalmente le preguntaron del caso del joven Alán Israel Cerón Moreno, quien fue levantado en Cuernavaca, Morelos, por un grupo de sicarios y apareció en esta capital el 26 de diciembre y fue llevado a la agencia del Ministerio Público, donde desapareció.
El funcionario no quiso dar información al respecto, si se está investigando, si tienen sujeto a proceso o investigación a algún ministerio público o policía ministerial por este caso.
Sólo se refirió en concreto a la información de la familia del joven desaparecido, en el sentido que el comandante cesado, David Urquizo, sabía dónde está el cuerpo de Cerón Moreno y que no podía continuar con las investigaciones porque fue cesado.
“Pues que lo declare ante la autoridad, es lo único que le puedo decir”, finalizó. (Jesús Saavedra / Chilpancingo).