Aprueba el Congreso la cuenta pública 2012 casi en secreto y niega el acceso a la información

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

La madrugada de ayer, los diputados del Congreso del estado aprobaron por unanimidad y sin discusión la cuenta pública del ejercicio presupuestal del 2012 del gobierno del estado, aunque sin explicación se negaron a entregar a los medios de comunicación copia del dictamen y de la fundamentación y motivación que fue leída en las dos de las tres sesiones que se realizaron.

Igualmente por unanimidad y sin discusión, los diputados aprobaron dos dictámenes de reformas constitucionales, uno para quitar el carácter de “vitalicio” al presidente de Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que ahora se llamará Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y otro para establecer que las reformas constitucionales futuras se realicen con el voto de tan sólo las dos terceras partes de los diputados presentes, para lo cual tuvieron que modificar el artículo 125 constitucional.

De ambas reformas constitucionales, la Dirección de Comunicación Social del Congreso sí envió a los medios de comunicación, hasta en dos ocasiones, los documentos, no así los de la cuenta pública del gobierno estatal.

Y es que los diputados lograron a las doce y media de la noche del jueves ponerse de acuerdo en estos tres asuntos, el de la cuenta pública que le interesaba a la fracción de diputados del PRD y las reformas constitucionales que interesaban a los del PRI, PVEM y PAN.

Lo anterior fue un “logro” de los priistas a cambio de aprobarles a los perredistas la cuenta pública, y estos últimos nunca quisieron explicar el porqué de la urgencia para aprobar en la madrugada la cuenta pública, pues no hay tiempos perentorios para hacerlo.

A pregunta expresa antes de iniciar la sesión, el presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador de los diputados del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, dijo a El Sur que la urgencia por aprobar la cuenta pública se debía a que la próxima semana 30 diputados solicitaron permiso para faltar a las sesiones, porque son padrinos de clausuras escolares.

Por tal motivo decidieron suspender las sesiones, e incluso se convocó a los diputados para sesionar el próximo martes 9 de julio.

Bernardo Ortega también negó que del gobierno del estado los estuvieran presionando para aprobar la cuenta pública, pues estaban en tiempo y forma para ello.

Lo mismo se le preguntó al coordinador de los diputados del PVEM, Arturo Alvarez Angli, quien confirmó que de ellos no existía urgencia en aprobar la cuenta pública y que tampoco recibieron línea del gobierno del estado ni tampoco se los solicitaron.

Reveló que “más bien” el perredista Bernardo Ortega Jiménez se les puso “de a pechito”, pues lograron que los perredistas les aprobaran las reformas constitucionales a cambio de avalar la cuenta pública.

Por ello, la madrugada de este viernes los diputados realizaron dos sesiones más, para cumplir con el proceso legislativo de los dictámenes y aprobarlos, lo que los llevó a culminar sus trabajos a las seis de la mañana.

Antes de la media noche del jueves, los diputados ya habían realizado la sesión que fue convocada para la mañana, pero que se fue aplazando por los cabildeos entre diputados de todos los partidos, que duraron todo el día y parte de la noche, para aprobar la cuenta pública del gobierno de Angel Aguirre Rivero.

El presidente de la CEDH no será vitalicio

Los diputados aprobaron la reforma constitucional que establece las bases para la adecuación de la ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, “que desde la última reforma de 1992, ya no responde a las necesidades y reclamos de una sociedad cada vez más crítica y participativa en cuanto a la defensa de sus derechos humanos”.

Esta reforma establece el carácter autónomo y la personalidad jurídica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “para no depender de ninguno de los tres poderes al emitir sus resoluciones o recomendaciones en el momento en que considere fundada alguna queja, y con ello legitimar la confianza depositada por los ciudadanos”.

Ciudadaniza la estructura del organismo, “estableciendo un procedimiento transparente para la designación del presidente y el Consejo Consultivo, conducido por el Congreso del estado, fuera de la tutela o compromiso del Ejecutivo Estatal.

Actualiza los requisitos para ser presidente y consejero de la Comisión de Derechos Humanos, buscando estrictamente condiciones de ciudadanización, probidad, compromiso social y conocimiento en la materia; eliminando la inamovilidad a la que estaba sujeto el Presidente en la normatividad actual, dice el dictamen.

Y retoma con precisión “la obligación de los servidores públicos para responder las recomendaciones que le presente la Comisión; de tal forma incluso, que cuando las recomendaciones formuladas no sean aceptadas o cumplidas por la autoridad o servidor público, éste deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa”.

Asimismo, e igual por unanimidad y sin discusión, se aprobó la reforma a la fracción II y se adicionó un segundo párrafo a la fracción III del artículo 125 de la Constitución Política local, para que las reformas constitucionales puedan ser aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso.

La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos dictaminó que es procedente que “para que surtan efectos las reformas, adiciones o modificaciones que se propongan a la Constitución Política del Estado, se establezca una votación calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión, pues con ello se garantiza en su modificación, el acuerdo de la mayoría de los diputados integrantes del Congreso”.