Comparece en secreto César de los Santos ante el juez y paga 20 mil pesos de fianza

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El subprocurador César de los Santos Mendoza y el agente del Ministerio Público Ernesto Acevedo González acudieron a declarar ante el juzgado Primero de Distrito de esta capital, donde la PGR consignó una averiguación previa por el delito de obstrucción de la justicia contra funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el desalojo violento del pasado 12 de diciembre que dejó como saldo dos normalistas muertos a tiros.
Ambos funcionarios en activo de la PGJE rindieron su declaración y tras pagar una fianza abandonaron el juzgado.
Se tuvo conocimiento que también acudirá a rendir declaración en las próximas horas el ex subprocurador Alejandro Paz y Puente y que el ex procurador Alberto López Rosas será citado a declarar por un juez federal de Acapulco, donde tramitó un amparo para evitar que se ejecute una orden de aprehensión en su contra.
En secreto, los implicados por la PGR en el delito de obstrucción de la justicia han ido a declarar y hasta el momento han comparecido ante el juez cinco funcionarios y ex funcionarios de la PGJE.
La comparecencia de César de los Santos se realizó en completo secreto el pasado lunes por la noche, y también acudió el ministerio público Ernesto Acevedo Hernández.
Esas dos comparecencias ante el juez se suman a la que ya hicieron también el jueves de la semana pasada el ex director de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata, y la fiscal regional en la zona Centro, María Seberiana Flores, quienes tras depositar una fianza abandonaron las instalaciones del Poder Judicial ubicadas en el centro de esta ciudad.
Se pudo conocer este martes que el subprocurador César de los Santos Mendoza depositó una fianza de 20 mil pesos y Ernesto Acevedo pagó 6 mil pesos para enfrentar este proceso penal bajo caución.
En la indagatoria PGRDGCAP/ZNEVII-114A-2011, que se consignó al juez Primero de Distrito, se les acusa de los delitos contra la administración de justicia por favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, delito sancionado en el artículo 225 el Código Penal Federal.
También se les acusa del delito de desviar y obstaculizar la investigación, previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal y que establece una sanción de tres meses a tres años de prisión.
Además, se pudo confirmar que la PGR mantiene abiertas varias investigaciones por otros delitos, como posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y la Armada de México, además de abuso de autoridad y tortura.
Por este caso fue detenida el 24 de febrero la agente auxiliar del Ministerio Público, Gloria Rocío Cruz Méndez, quien tras pagar una fianza abandonó el penal capitalino el 25 de febrero.
Se informó entonces que durante el interrogatorio que le hizo el juez federal, Cruz Méndez declaró que ella elaboró la boleta de libertad de las 24 personas (14 de ellas estudiantes de Ayotzinapa) que fueron detenidas durante el desalojo violento del 12 de diciembre, porque “recibió órdenes superiores”.
La funcionaria solicitó al Juez que realice una diligencia donde ella tenga un careo con la fiscal regional María Seberiana Flores, porque de las declaraciones que ahí se hagan saldrán datos como los nombres del funcionario o funcionarios que ordenaron que se dejara en libertad a los detenidos.
Los que hasta el momento han comparecido tienen un amparo que les otorgó el juzgado Séptimo de Distrito de esta ciudad, por lo que no pueden ser detenidos ya que los delitos no son graves.
El amparo provisional beneficia al ex fiscal de Delitos Graves, Esteban Maldonado Palacios; el ex fiscal de investigación de Secuestros, Pablo Alejandro Jasso Barrera, y al ex director de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata, quienes fueron cesados por la PGJE.
También beneficia al subprocurador de Atención Jurídica, César de los Santos Mendoza, y a otros inculpados.