Acuerdan el gobierno y la CRAC no más detenciones y cesar las acciones penales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El desistimiento de la acción penal a favor de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que tienen procesos penales abiertos, el compromiso de las autoridades estatales de que intervendrán para que el Ejército y la Marina no vuelva a detener y a desarmar a los policías comunitarios, devolverles el armamento que les han recogido, así como continuar con las mesas de trabajo en los próximos días, fueron los acuerdos a los que llegaron ayer funcionarios estatales con autoridades de la CRAC, en una reunión que sostuvieron en la residencia oficial Casa Guerrero.

A pesar de que se informó que la reunión estaría encabezada por el secretario general de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez, y que habría representación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de la Marina, en la reunión solamente estuvo el procurador Iñaki Blanco Cabrera, el subsecretario de Gobierno para asuntos Políticos, Oscar Chávez Rendón, y el ex coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno del estado y sobrinos del gobernador Angel Aguirre, Ernesto Aguirre, quien a pesar de que desde el año pasado dejó el cargo, sigue operando para el gobierno estatal.

La reunión que comenzó a las 11 de la mañana en la Casa Guerrero fue a puerta cerrada y después de tres horas, al final, solamente los integrantes de la CRAC informaron de los acuerdos tomados.

El coordinador de la CRAC en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, informó que en esta reunión hubo el compromiso de parte del procurador de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, de comenzar a desistirse de las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que existen en contra de los integrantes de la CRAC.

Agregó que los procesos son, en su mayoría, por privación de la libertad.

Villar Castillo informó que también recibieron el compromiso de parte de los funcionarios del gobierno del estado de que ya no habrá más detenciones y desarme por parte de los elementos del Ejército y de la Marina a integrantes de la CRAC, como ha venido ocurriendo en los últimos días.

En cuanto a las armas que les recogieron los militares el jueves pasado en Ayutla, Eliseo Villar Castillo dijo que hay el compromiso por parte de los funcionarios del gobierno estatal, de que serán entregadas en una próxima reunión.

El coordinador de la CRAC informó que en total son 16 las armas que les han recogido elementos del Ejército en fechas distintas y en diferentes lugares a los miembros de la CRAC, 9 de ellas son las que les quitaron el jueves cuando se dirigían a la Casa de Justicia de El Paraíso.

Al respecto, Villar Castillo reconoció que de las 9 armas, 3 de ellas sí son de grueso calibre, 2 M1 y una pistola 38 súper, pero aseguró que las otras seis son de las permitidas por la ley pero que también se las recogieron, lo que consideró un abuso de parte del Ejército en contra de la CRAC.

Dijo que por eso seguirán insistiendo en las próximas mesas de trabajo que la Sedena entregue a la CRAC la licencia colectiva, pues es una de las demandas que incluyeron en el pliego petitorio que se está revisando en las reuniones con las autoridades estatales y federales.

Informó que la próxima mesa de diálogo para seguir avanzando en el pliego petitorio de la CRAC, se instalará el 9 de julio.

El coordinador de la CRAC informó que acordaron esperar hasta ver los resultados  que tengan en esa reunión para determinar si realizan acciones por le retención y el desarme que siguen por parte de los elementos del Ejército en contra de los integrantes de la CRAC.

El coordinador de la CRAC confirmó  ayer que el jueves pasado, cuando fue retenido por más de dos horas con seis policías comunitarios, se dirigían a la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, para representar a las 4 casas de justicia de la CRAC en el juicio a Eugenio Sánchez González, quien fue detenido el 18 de junio por la Policía Comunitaria de  Olinalá por el delito de abigeato.

Sin embargo explicó que el citado juicio se aplazó puesto que después de que fueron retenidos más de dos horas y tras el desarme que sufrieron, se regresaron a San Luis Acatlán.

Al respecto, Villar Castillo declaró que le correspondió investigar el caso y que comprobó que existe el delito de abigeato.

Por este caso, familiares de Eugenio Sánchez presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de la coordinadora de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado, y los policías comunitarios que lo detuvieron por privación ilegal de la libertad.

Sin embargo ayer Villar Castillo explicó que “así son los delincuentes, se dicen inocentes y que se violaron sus derechos humanos”, por lo que anunció que el juicio en contra de Sánchez González seguirá adelante.