Octavio Klimek Alcaraz

Nuevos mandatos ambientales para la banca de desarrollo

 

Hoy en día el sistema global del planeta está enfermo, buena parte de los ecosistemas naturales están en crisis; muchos de ellos se han colapsado. Los distintos escenarios de diversos modelos coinciden en que las amenazas a la vida humana seguirán creciendo en los próximos años.

En particular, el cambio climático es identificado por los científicos relacionados con temas ambientales como el principal problema ambiental del siglo XXI. Es un hecho que la dependencia de la humanidad a los combustibles fósiles o hidrocarburos ha generado un serio problema de emisiones de gases de efecto invernadero, que está perturbando el clima de la tierra. Esto ineludiblemente debe cambiar hacia una economía de bajas emisiones en carbono.

Por ello, es necesario que se emprendan estrategias y líneas de acción que promuevan al desarrollo sustentable como la vía para integrar una sociedad más justa y en relación armónica con la naturaleza, en la cual los límites de crecimiento se establecen de acuerdo a los potenciales ecológicos de producción de una región, a su vocación ecológica y a las mejoras y recuperación que se hagan en sus ecosistemas, manteniendo o incrementando las reservas de recursos naturales renovables, y que promueva la sustitución de recursos naturales no renovables por renovables, estableciendo también el derecho fundamental para los seres humanos de mejorar su calidad de vida.

Se trata de lograr un modelo de desarrollo sustentable, que permita a la humanidad vivir sin rebasar la capacidad de carga del planeta y que permita además reducir la pobreza de buena parte de la población. Esta capacidad de carga abarca tanto la disponibilidad de recursos naturales, como los límites de absorción de los desechos y la contaminación.

En consecuencia, se debe asumir como prioridad para los objetivos de igualdad, justicia, equidad y bienestar social y económico, la necesidad de promover un desarrollo sustentable, que aproveche en forma racional y sostenible los recursos naturales y preserve el medio ambiente, tomando en cuenta no sólo el interés de la actual generación, sino el de las futuras generaciones.

Para aplicar lo anterior, deben abordarse en forma equilibrada las tres dimensiones identificadas del desarrollo sustentable: la económica, la social y la ambiental.

Ante el evidente desequilibrio de la dimensión ambiental, para lograr el desarrollo sustentable debe entonces considerarse de manera real y consistente la integración de dicha dimensión en las políticas públicas nacionales con repercusiones en el ambiente.

Es decir, debe ser tarea fundamental plantear la necesidad de imprimirle al desarrollo nacional el carácter de sustentable y considerar las políticas ambientales como un componente fundamental de las estrategias del desarrollo nacional.

De manera particular el sector financiero debe tener un rol más activo para lograr el desarrollo sustentable, considerando los aspectos ambientales en sus operaciones y actividades. Esto debe ser observado como una oportunidad para movilizar inversiones que contribuyan a la sustentabilidad ambiental del desarrollo y emprender proyectos con impactos ambientales y sociales positivos, que mejoren tanto la calidad de vida de las personas, como preserven el ambiente.

Lo anterior es desde hace varios años claramente señalado por el propio sector financiero. Por ejemplo en 1992 un grupo de bancos se articularon con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para redactar y lanzar la Declaración de instituciones financieras acerca del medio ambiente y el desarrollo sostenible, que es una expresión de compromiso voluntario con la sociedad para la integración de las cuestiones ambientales y sociales en las actividades financieras (http://www.unepfi.org/statements/fi/spanish/ consultado26/06/2013).

Posteriormente, el 4 de junio de 2003, diez bancos líderes de siete países anunciaron la adopción de los Principios de Ecuador, una serie de directrices que se adoptan de manera voluntaria en función de las políticas de la Corporación Financiera Internacional (IFC es su acrónimo en inglés; organismo que pertenece al Grupo Banco Mundial), para determinar, evaluar y gestionar los riesgos sociales y ambientales en el financiamiento de proyectos de gran envergadura. En la actualidad son 79 instituciones financieras de diversos países, las que han adoptado dichos principios (http://www.equator-principles.com/ consultado 28/06/2013).

El propósito general de estos acuerdos es tratar de integrar el criterio de sostenibilidad o sustentabilidad ambiental en las instituciones financieras tanto públicas, como privadas. El Banco Mundial ha definido el concepto de sostenibilidad ambiental de la siguiente forma: “Garantía de que la productividad global del capital físico y humano acumulado gracias a las iniciativas de desarrollo compensará con creces la pérdida o degradación directa o indirecta del medio ambiente. El séptimo de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas hace referencia específica a esta cuestión, como medio de integrar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas de un país e invertir la pérdida de los recursos ambientales.” (Banco Mundial (2008) Sostenibilidad ambiental.

Evaluación del apoyo ofrecido por el grupo del Banco Mundial –Resumen de la evaluación– Grupo de Evaluación Independie-nte del Banco Mundial. http://siteresources.worldbank.org/EXTENVIRONMENT/Resources/EvalSumm_esp.pdf ).

Esta definición contribuye a que las instituciones financieras comprometidas con el ambiente busquen evaluar no sólo los riesgos económicos, sino también los riesgos ambientales y sociales de los proyectos a financiar.

En el caso de México es preciso promover políticas públicas actuales del gobierno, que incluyan el financiamiento para el desarrollo sustentable. En especial, es necesario mandatar a las instituciones de la banca de desarrollo del país para que favorezcan el financiamiento de proyectos para el desarrollo sustentable.

En dicho sentido, las instituciones de la banca de desarrollo del país tienen un mandato orientado a promover el desarrollo; por ser públicas pueden amortiguar las fallas de mercado que disminuyen el acceso al financiamiento de inversión; la habilidad para identificar riesgos; para atraer y coordinar a diferentes actores y apalancar recursos de diferentes fuentes de financiamiento, logrando el acceso al financiamiento de fondos de mediano y largo plazo a tasas de interés más atractivas; su acceso a fondeo público y multilateral y a fondos de asistencia técnica asociados al financiamiento sus vínculos y coordinación con instituciones nacionales e internacionales y con el sector público y privado; la facilidad para actuar como incubadoras de proyectos; el conocimiento del contexto local, riesgos y oportunidades. Todas éstas son características que las hacen instituciones idóneas para liderar en el financiamiento de proyectos de inversión para el desarrollo sustentable.

Por todo ello, más allá de cumplir con las normas ambientales en sus procesos de crédito para los proyectos que financian, las instituciones de la banca de desarrollo del país deben orientarse a la generación de productos financieros ambientales o “verdes”, a través de considerar la adecuada gestión de los riesgos ambientales y sociales en sus operaciones. Es necesario impulsar en ellas el desarrollo de ingeniería financiera verde para el financiamiento de inversiones que promuevan la sostenibilidad ambiental. Además, están inmejorablemente posicionados respectos a otras instituciones financieras para tener un importante rol en promover el cambio hacia una economía de bajas emisiones en carbono en el combate a los efectos adversos del cambio climático. Incluso deben demostrar su propia ecoeficiencia interna de las instituciones para disminuir su propia huella de carbono.

En síntesis, se requiere una plena identificación con el proceso ambiental por parte de las instituciones de la banca de desarrollo del país, quienes deben liderar la creación de una cultura ambiental en el sector de los servicios financieros del país, actuando en forma proactiva y asesorando a los gobiernos en sus tres órdenes en el impulso al financiamiento ambiental y climático.

En el contexto actual de discusión de la reforma financiera en el Congreso de la Unión, es necesario lograr las reformas legales para que las instituciones de banca de desarrollo del país sean mandatadas para promover que todas sus operaciones y actividades sean ambientalmente sostenibles, así como incentivar la responsabilidad ambiental corporativa en ellas mismas. Además de que promuevan a través de sus operaciones y actividades el desarrollo de una economía de bajas emisiones en carbono, así como en la aplicación de proyectos y acciones para enfrentar el cambio climático, atendiendo y observando los principios de la política nacional de cambio climático señalados en la Ley General de Cambio Climático.

Finalmente, las instituciones de banca de desarrollo del país deben utilizar indicadores de reporte que midan el impacto social y ambiental de sus operaciones y actividades, ya que lo que no se mide no se puede evaluar.