Esclarecer los asesinatos de Iguala, demanda Amnistía Internacional

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Amnistía Internacional instó a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad de todos los miembros de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, así como a sus familias, incluidos el fundador Justino Osores Narciso, la regidora Sofía Lorena Mendoza y el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz.

En un comunicado de prensa, emitido a un mes de la muertes de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas ,  la organización denunció que varios activistas políticos de México corren peligro por exigir justicia como fue el caso de los tres dirigentes de Unidad Popular.

Como antecedente del caso, señalaron que el 30 de mayo se vio por última vez a las afueras de Iguala a ocho integrantes de UP, luego de que participaron en una protesta contra el gobierno municipal en demanda de fertilizante para campesinos.

Otros miembros de UP y familiares de los desaparecidos acusaron al gobierno municipal de estar implicado en su secuestro, por una denuncia penal presentada por miembros de UP contra las autoridades locales y una disputa entre la Policía Federal y los manifestantes, poco antes de las desapariciones.

AI recuerda que el 3 de junio se encontraron junto a una carretera los cadáveres de los activistas Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas Román, con los  ojos vendados y señales aparentes de tortura.

Aunque la Procuraduría General del estado de Guerrero inició una investigación, las sospechas sobre la implicación de las autoridades locales en el secuestro y asesinato, los activistas pidieron que la investigación la realice la Procuraduría General de la República (PGR).

El 8 de junio, un líder de UP, Justino Osores Narciso, denunció que recibió una nota anónima de acoso, para que la organización cesara en sus actividades de denuncia, y el 17 de junio la pareja de Arturo Hernández Cardona, la regidora y activista de UP, Sofía Lorena Mendoza, denunció que autos sospechosos la habían seguido cuando se dirigía a una reunión con otras autoridades.

Asimismo, el 19 de junio Bertoldo Martínez Cruz, que había estado en contacto con los supervivientes del caso, recibió en su domicilio una llamada telefónica amenazadora.

Por todo lo anterior, Amnistía Internacional pidió a las autoridades garantizar la seguridad de todos los demás miembros de UP y sus familias, incluidos los dirigentes amenazados.

También que se realice una investigación exhaustiva sobre las amenazas y la intimidación contra activistas y simpatizantes de UP, y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

Finalmente, solicitó a las autoridades federales que la PGR lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el secuestro y asesinato de Hernández Cardona, Banderas Román y Román Ramírez, que garanticen la seguridad de los supervivientes Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza Villa, que hagan públicos los resultados de la investigación y que hagan rendir cuentas a los responsables de estos actos.

Adicionalmente, se informó que UP es una organización de reciente creación en Iguala, que hace campaña y capta apoyos en favor de proyectos sociales y recursos para las comunidades indígenas locales, y respalda al movimiento magisterial en el estado.

El dirigente asesinado de UP, Arturo Hernández Cardona, llevaba unos 15 años haciendo campaña en favor de los pueblos indígenas locales del estado y había exigido justicia en el caso de las masacres de El Charco y Aguas Blancas.