Levantan al hijo del promotor de la CRAC en Tixtla; culpan al alcalde y a su policía

Zacarías Cervantes

Tixtla

La Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los municipios de Tixtla, Olinalá y Huamuxtitlán se declaró ayer en alerta máxima, debido a que la noche del sábado fue levantado Cristian Molina y su novia Abilene Ibáñez, el primero, hijo del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla y Ayutla, Gonzalo Molina González.

Molina González informó que los dos jóvenes fueron levantados por hombres armados aproximadamente a las 10:30 de la noche del sábado, cerca del módulo de la Policía Municipal del barrio del Santuario, en Tixtla.

Dijo que a los dos jóvenes, estudiantes del Conalep, apenas los habían dejado en ese lugar y cuando se retiraban se los llevaron “personas desconocidas, en el mismo lugar y a la misma hora en que había un patrullaje de la Policía Municipal, y esto no puede ser casual, nosotros los vimos que andaban los policías allí”.

Por eso elementos de la Policía Comunitaria del barrio de El Fortín y de la colonia El Zapote realizaron recorridos por toda la ciudad y al filo de la media noche en diferentes rumbos de esta cabecera municipal, retuvieron a cinco policías municipales y a cinco agentes de tránsito, con sus patrullas.

A los 10 elementos y las patrullas se las llevaron al barrio de El Fortín en donde permanecían retenidos en espera de que el presidente municipal, Gustavo Alcaraz Abarca y funcionarios del gobierno estatal intervinieran en el caso.

Por la noche, todos los agentes municipales fueron liberados, luego de que se firmó una minuta de acuerdos con el alcalde.

Molina González, responsabilizó del crimen a los policías municipales y al presidente municipal “de todo lo que está pasando en Tixtla, pues qué casualidad que delante de la policía levantan gente y pasan tantas cosas sin que hagan nada, por eso somos nosotros los que vamos a actuar”.

El promotor de la CRAC denunció que el levantón a su hijo y su novia tiene que ver con la creació de la Policía Comunitaria que está haciendo en diferentes pueblos.

Por eso insistió en que las autoridades municipales, estatales y federales, “son cómplices” de quienes se llevaron y tienen cautivo a su hijo y a su novia. Explicó que por eso la Policía Comunitaria reaccionó con la retención de los cinco policías municipales y agentes de tránsito, “en espera de que nos los entreguen”, dijo.

Sin embargo por la tarde de ayer aún no había recibido ninguna llamada de las autoridades municipales, “pero nosotros estamos en espera de que lo hagan, que nos digan qué es lo que quieren”, manifestó Molina González.

Dijo que está seguro de que los policías que tiene retenidos “algo tienen que ver”, o cuando menos saben qué elementos y qué patrullas estuvieron patrullando el lugar de donde se llevaron a su hijo.

La noche del sábado, después del levantón a Cristian y a Abilene, elementos de la Policía Comunitaria de El Fortín, El Zapote, Acatempa, El Troncón y Zacatzonapa realizaron recorridos en la cabecera municipal e instalaron retenes a las salidas de la cabecera municipal en busca de los dos jóvenes.

Al filo de la media noche, detuvieron a cinco policías municipales que se transportaban en la patrulla 05. Así como a cinco agentes de tránsito que circulaban en la patrulla T-01 quienes fueron trasladados al barrio de El Fortín en donde tiene su base la Policía Comunitaria de este barrio y la colonia El Zapote.

Gonzalo Molina informó que la Policía Comunitaria intentó retener también al presidente municipal en su casa pero que no lo encontraron o se les escondió.

Reconoció que en el operativo que realizaron para encontrar a Cristian y Abilene, en un retén que instalaron en Atliaca, dispararon en contra de la patrulla 06 de la Policía Municipal, “les dispararon (los comunitarios) porque los policías municipales actuaron como delincuentes, les marcaron el alto y no se quisieron parar, por el contrario aceleraron la velocidad, y si no quisieron detenerse es porque algo llevaban allí”, dijo Gonzalo Molina.

Ayer a la una de la tarde, los familiares de los policías y agentes de tránsito tuvieron acceso al lugar en donde se encuentran retenidos y platicaron con ellos.

El agente de tránsito Emanuel Jiménez expresó que el trato que les dieron los comunitarios fue bueno, pues no fueron maltratados y que ya les habían llevado comida y agua.

Sin embargo pidió que el presidente municipal asuma su responsabilidad y que dialogue con los representantes de la CRAC para que los dejen en libertad.

Desde la media noche del sábado el barrio de El Fortín fue uno de los más resguardados por la Policía Comunitaria para evitar el ingreso de policías municipales, estatales o el Ejército para liberar a los policías municipales y agentes de tránsito.

“Nosotros solamente pedimos que venga el presidente, que venga a dar la cara, porque o él no sabe en lo que andan metidos sus policías o él también está metido”, acusó Molina González.

El medio día de ayer habían llegado a el barrio de El Fortín autoridades de la CRAC de los municipios de Olinalá y Huamuxtitlán, y según Molina González estaban por llegar, también, de las casas de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla y de San Luis Acatlán.

“Aquí se van a reunir las autoridades de la CRAC y lo que determinen ellas es lo que vamos a hacer, si ellas acuerdan hacer un operativo mayor, lo tenemos que hacer”, advirtió.

Molina González envió también un mensaje a quienes se llevaron a su hijo, “les digo a esas personas que se llevaron a mi chavo que no decido yo, pero acepto todo lo que decidan, si dicen que vamos a realizar operativos, los vamos a hacer, independientemente de lo que pase, porque la vida de dos personas son muy valiosas y no podemos permitir que se sigan haciendo este tipo de cosas a la sociedad, valemos todos por igual”.

Después, advirtió que si en las próximas horas no entregan a su hijo y a su novia, “de aquí pueden salir muchas cosas y no solamente en Tixtla, sino en varios municipios, por eso las autoridades deben cumplir con su trabajo”.

Sin embargo, informó que hasta la tarde de ayer solamente se había comunicado con él el subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno del estado, Oscar Chávez Rendón, quien le aseguró que ya estaba interviniendo el Ejército en la localización de los dos jóvenes, sin embargo dijo que los operativos de los militares fueron solamente para impedir que llegaran policías comunitarios que venían de Olinalá y Huamuxtitlán.

Por su parte, la señora Lucía Sánchez Tecuapa, madre de Abilene Ibañez, informó que la noche del sábado su hija bajó al centro a entregar una invitación, pues este lunes será su clausura del Conalep en donde es compañera de Cristian.

Sin embargo dijo que desconocía que eran novios y que iba con él la noche del sábado cuando fueron levantados, por lo que demandó a quienes se la llevaron que la liberen, pues aseguró que ella no tiene nada que deber y que es una joven muy sana.

Exige Ayotzinapa la presentación con vida de los dos estudiantes

En un boletín, la escuela normal Rural de Ayotzinapa condenó “la violencia del estado y exige la inmediata  presentación con vida de los desaparecidos”.

“La persecución en contra de los movimientos sociales se recrudece a un mes de que fueran desaparecidos  en Iguala los integrantes de Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Banderas Román, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes Maldonado, Nicolás Mendoza y Jimmy Castrejón. Los tres primeros fueron asesinados dentro de las 24 horas, después que fueran levantados”, recuerda.

Con la desaparición de Cristian Molina, agrega, se agudiza el hostigamiento a la Policía Comunitaria, “lo que entendemos como guerra de baja intensidad, una reedición de la guerra sucia del PRI-Gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero”.

Esta violencia viene acompañada  de hostigamiento, criminalización, persecución, encarcelamiento, desapariciones ilegales y forzadas y asesinatos  en contra de las organizaciones sociales como ha sucedido a estudiantes, la Policía Comunitaria, el Movimiento Popular Guerrerense y los ecologistas, lo que “se da en un contexto de pobreza extrema con el cual se cierran las vías de justicia y respeto a los derechos humanos”.

Aún cuando los familiares demandaron la búsqueda de sus hijos, el gobierno del estado en lugar de buscar a los desaparecidos y salvaguardar el libre tránsito de los ciudadanos, el Ejército mexicano montó aparatosos retenes en el crucero de Almolonga, municipio de Tixtla, y en la colonia Indeco, Chilpancingo, para impedir la entrada de Policía Comunitaria proveniente de Olinalá y Costa Chica, quienes venían a solidarizarse con la familia Molina González  por la desaparición de su hijo, relata.

En ese sentido, dice “responsabilizamos a los gobiernos federal, estatal y municipal de lo que le pudiera suceder a la familia Molina González, ya que fueron amenazados de muerte desde una llamada telefónica  a unas horas de que su hijo fuera desaparecido”.

“Responsabilizamos a Ángel Aguirre Rivero ante la inminente represión en contra de la Policía Comunitaria por el Ejército mexicano, la policía estatal y ministerial”, concluye.