Tlachinollan

Las y los jornaleros agrícolas: entre la invisibilidad y la indiferencia

El pasado jueves 27 de junio en el Senado de la República, Hermelinda Santiago Ríos, jornalera agrícola de 28 años de edad, perteneciente al pueblo me’phaa y originaria de Francisco I. Madero, municipio de Metlátonoc, dio su testimonio de 20 años de trabajo incesante y extenuante en los campos agrícolas del norte del país. Las senadoras Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas convocaron y coordinaron el foro sobre la situación de los derechos humanos de las y los jornaleros agrícolas.

En la medida que Hermelinda desmenuzaba los momentos más cruentos de su vida como jornalera, generaba incomodidad, cuestionamiento, indignación y un obligado posicionamiento por parte de las senadoras y los funcionarios ahí presentes. Las senadoras asumieron el compromiso de elaborar un paquete de reformas tendientes a proteger los derechos de la población jornalera. Es evidente que la situación denigrante que enfrentan cotidianamente las y los jornaleros agrícolas pone en entredicho el actuar de las autoridades del Estado, quienes han sido negligentes y cómplices por la vejación y  explotación que sufren por parte de los empresarios agrícolas, que en contrapartida gozan de subsidios gubernamentales y de muchas prerrogativas que reciben de la clase política, con la que varios de ellos trabajan como socios.

Hermelinda, una mujer sumamente fuerte, desde los ocho años trabajó al lado de sus padres, cortando jitomate, pepino y chile. En su primer viaje enfrentó la primera tragedia familiar: su hermanito de nueve meses que iba enfermo de diarrea, murió cuando un autobús destartalado los trasladaba a Sinaloa. El chofer, al escuchar su llanto, fue hacia ellos para decirles que se callaran, o de lo contrario, los dejaría botados en el camino. Llegaron a Sinaloa cargando al bebé muerto. Lo primero que les dijeron los administradores del campo es que tiraran el niño en un lugar baldío. No tuvieron de otra que sepultarlo cerca de donde trabajaban. Al tercer año de fallecido, ese lugar fue habilitado para la siembra de hortalizas y los restos del niño fueron arrastrados por las máquinas. Esta profanación del cuerpo de su hermanito sintetiza para Hermelinda la infinidad de agravios que padecen miles de jornaleras y jornaleros que tienen que llorar y sufrir en silencio las muertes de sus familiares, con el único consuelo de contar con un trabajo que raya en la semiesclavitud. Con este dolor inconfesable, hombres y mujeres, niños y niñas, cargan sobre sus hombros dos costales de 30 kilos, para ganar de sesenta a cien pesos diarios. No es casual que Hermelinda a sus 28 años, tenga problemas severos en la columna, sin embargo, no tiene otra alternativa que seguir trabajando de sol a sol y cargando con la loza del desprecio y la explotación.

Lo más grave es que la situación de las y los jornaleros agrícolas no forma parte de la agenda pública en materia de migración. Cuando se discute en México la situación de los migrantes, se piensa en las oprobiosas condiciones que enfrentan las personas centroamericanas que atraviesan México, o bien a las luchas de los compatriotas en Estados Unidos. Pero la sistemática violación de los derechos humanos de las miles de familias indígenas que año con año migran a los campos agrícolas de los estados norteños para subsistir, oscila entre la invisibilidad y la indiferencia.

Se estima que en México más de 400 mil familias están en permanente movimiento entre sus lugares de origen y las zonas a las que migran. Alrededor del 26% de la población mexicana es migrante y de ellos, nueve de cada diez son migrantes internos.

La región de La Montaña se caracteriza por expulsar mano de obra a 16 entidades federativas del país. En un contexto de marginación y pobreza, la migración hacia los campos agrícolas se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia a la que recurren poblados enteros: el dilema es migrar o morir.

Entre 2006 y 2012, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña han documentado la migración de más de 49 mil jornaleras y jornaleros agrícolas, provenientes de 362 comunidades indígenas de la región. Durante la última temporada, que va de septiembre de 2012 a enero de 2013, Tlachinollan registró la salida de más de 8 mil 400 personas, 53 % hombres y 47 % mujeres. El 80% tiene como destino de trabajo los campos agrícolas de Sinaloa y Sonora. Chihuahua, Morelos, Guanajuato y Baja California son otras entidades a las que también migran las familias de la región. El porcentaje de menores de 15 años que migran a trabajar como jornaleros y jornaleras en los campos agrícolas es del 42%.

A partir del registro de la migración de miles de familias jornaleras de La Montaña de Guerrero a los campos agrícolas del norte de México, Tlachinollan ha documentado la sistemática violación de los derechos humanos de este olvidado sector, la cual ha sido foco de recomendaciones de más de siete mecanismos de derechos humanos –regionales y universales– en materia de discriminación racial, educación, alimentación, derechos de los pueblos indígenas, derechos económicos sociales y culturales y derechos de los migrantes. Estos abusos se enmarcan dentro de patrones más amplios de violaciones a derechos humanos, que por cuestión de espacio solo las enunciamos: a) ausencia de contratos; b) nulo acceso a la seguridad social c) condiciones de estancia indignas;  d) trabajo Infantil

Ante esta situación oprobiosa nos preguntamos ¿qué han hecho las autoridades de Guerrero para proteger y garantizar los derechos de la población jornalera de la Montaña, zona Centro y Costa Chica?

Hasta ahora, solo las autoridades federales se han encargado de brindar atención a las familias jornaleras migrantes para paliar un poco su situación marginal y excluyente como el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Sedesol; el de Movilidad Laboral del Servicio Nacional del Empleo; el  Programa de Educación Básica para niñas y niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM). A nivel estatal, a cuenta gotas se apoya a las y los jornaleros agrícolas. No se dimensiona la gravedad del problema dentro del contexto de exclusión y desigualdad social que padecen secularmente los pueblos indígenas de Guerrero. Falta un compromiso claro del Ejecutivo estatal y de los mismos legisladores para garantizar sus derechos. Con algunas instituciones del estado, los acuerdos se circunscriben a las buenas intenciones de los funcionarios, pero sin presupuesto ni programas específicos.

Ante la retirada del Estado como garante de derechos en el ámbito de las relaciones laborales que se dan en los campos agrícolas, la política social termina siendo el paliativo que asegura que la mano de obra barata siga fluyendo. Las instituciones estatales terminan siendo, en este esquema, poco más que agencias de colocación.

No obstante esto, reconocer las dimensiones del problema no implica renunciar a señalar con precisión aquellos aspectos de las políticas públicas que con urgencia deben y pueden ser corregidas en el corto plazo, por parte de las autoridades del estado y las federales. Se debe revisar el esquema de guarderías y estancias infantiles; la erradicación del trabajo infantil pasa por el pago de salarios justos y por la construcción de espacios donde las niñas y los niños jornaleros puedan pasar la jornada. Hemos constatado que no se construyen nuevas guarderías y que en las existentes no se brindan los servicios de manera gratuita. Adicionalmente, el gobierno federal entrega subsidios a los productores para la construcción de guarderías y estancias, sin después cerciorarse que éstas funcionen y cumplan estándares mínimos de dignidad.

Es urgente fortalecer el componente de promoción social en los programas de atención a la población jornalera. Dada la vulnerabilidad de la población jornalera, la política social no puede limitarse a la transferencia de recursos. Es necesario que en las entidades donde se concentra la migración más numerosa, se incorporen trabajadores y trabajadoras sociales con capacidades para hacer gestiones y asesorar en derechos laborales a la población jornalera.

Se necesita desarrollar y mejorar el marco normativo que fije los estándares mínimos que deben cumplir los albergues para jornaleros y jornaleras. El marco legal aplicable a los albergues es limitado y la supervisión de las autoridades en este rubro, prácticamente inexistente.

Se tienen que diseñar y establecer cláusulas de respeto a los derechos laborales en los subsidios que se entregan a los campos. Las empresas dueñas de los campos agrícolas reciben subsidios directos o indirectos de varias secretarías y dependencias. No obstante, no existen mecanismos eficientes para asegurar que estos apoyos se restrinjan o no se entreguen cuando se documente que la empresa en cuestión incumple estándares mínimos de respeto a los derechos laborales. En ese sentido, debe garantizarse que el Estado mexicano no financie a violadores de derechos laborales, como hoy ocurre.

Las autoridades tienen que diseñar programas de vigilancia para los traslados. Hoy en día, las autoridades federales apoyan la movilidad laboral de los jornaleros pero desatienden con negligencia la seguridad de los traslados. Debe priorizarse la creación de programas que permitan una vigilancia más estrecha en este rubro. También se deben de incrementar las inspecciones laborales y abolir las restricciones legales existentes para visitas no anunciadas a campos agrícolas. Las autoridades federales y estatales de trabajo deben ejercer con seriedad sus facultades para asegurarse de que la certeza y el monto de las sanciones por violar los derechos laborales de las y los jornaleros disuada a los dueños de los campos de hacerlo.

Este es otro gran desafío que las autoridades del estado no pueden eludir. Desde el Senado de la República los rostros y las voces de las y los jornaleros agrícolas de Guerrero, a través de Hermelinda, han puesto el tema en la mesa. Las senadoras Angélica y Adriana, han asumido el compromiso de traducir este reclamo justo en reformas que protejan sus derechos. Las autoridades del estado, ¿harán algo para revertir esta situación ignominiosa de las y los jornaleros agrícolas?