Documenta organismo civil que indígenas guerrerenses consumen refrescos en exceso

Andro Aguilar Navarrete / Agencia Reforma

Ciudad de México

La organización civil El Poder del Consumidor señaló ayer que el Informe del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación evidencia una vez más que el Estado mexicano no está atendiendo la salud ni protegiendo a la población de la obesidad, derivada del consumo de alimentos y bebidas con alto contenido en calorías.
Xaviera Cabada, coordinadora de salud nutricional de la organización civil, destacó la falta de obligatoriedad del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria firmado por representantes de la industria alimentaria y las Secretarías de Salud y Educación Pública, y que representa el conjunto de las medidas para combatir el padecimiento.
“Ninguna de las dependencias ha tenido acciones concretas reales para contrarrestar el sobrepeso y la obesidad, se han hecho campañas muy breves como consumir frutas y verduras, pero se ha visto que eso no tiene ningún impacto en la población”, señaló Cabada.
Al igual que el relator de la ONU, Oliver de Schutter, Cabada apuntó en que uno de los mayores errores de las campañas antiobesidad implementadas por las autoridades mexicanas es responsabilizar a la población del sobrepeso y obesidad.
“La percepción es equivocada, porque si una persona tiene sobrepeso y obesidad es principalmente por el ambiente obesigénico que lo está favoreciendo. Es responsabilidad del Estado que exista un tratamiento integral contra la obesidad, lo que no existe”, advirtió.
La activista destacó el cabildeo de la industria alimentaria que forma parte del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que agrupa a empresas como Coca-Cola, Bimbo y Pepsico, para bloquear los intentos de regular productos alimentarios.
La asociación empresarial logró en 2010 que se modificaran las políticas que intentaban regular a la industria alimentaria, externó.
En el informe presentado el martes a través de una videoconferencia desde Suiza, el relator de la ONU propuso gravar con un impuesto a los refrescos y a los productos altamente energéticos, en una propuesta similar a la presentada recientemente por la OCDE en su documento: Obesity update 2012.
La activista manifestó que el Poder del Consumidor ha documentado el consumo excesivo de refresco entre la población mexicana, principalmente en regiones indígenas de Chiapas y Guerrero.
En un video exhibe cómo la publicidad de la refresquera Coca Cola se funde con los señalamientos estatales para dar la bienvenida a poblados, como en Tixtla, Guerrero.
Un caso paradigmático es el estado de Chiapas, dijo, donde la empresa Coca-cola está estrechamente ligada con el gobierno de Juan Sabines. La refresquera financia campañas contra la desnutrición infantil, cuando ha quedado demostrado en México que los niños con desnutrición tienen mayor probabilidad de padecer obesidad de adultos.