Acuerdan los gobiernos estatal y federal con la UPOEG una agenda de seguridad y desarrollo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Tras una reunión que duró cinco horas, diputados locales, federales, un senador y el comisionado del gobierno federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, acordaron con la dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo de Chilpancingo, una agenda de trabajo para tomar acciones contra la inseguridad y la delincuencia, así como para impulsar el desarrollo en la entidad.

La reunión fue el resultado de la marcha-caravana denominada “por la dignidad, justicia y el desarrollo”, que realizaron ayer más de mil representantes de 42 municipios de las regiones de la Montaña, Costa Chica y de la zona Centro, en donde tiene presencia la UPOEG, que reclamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno acciones en contra de la inseguridad y la delincuencia, así como contra los funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado y mayor presupuesto para el desarrollo en estas regiones.

En el encuentro que se realizó en el salón José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local, recibieron a los dirigentes de la UPOEG, así como a representantes del recién creado movimiento de autodefensa de la región de la Costa Grande y del Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo de Chilpancingo, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, el diputado del PRI, Héctor Astudillo Flores, y la coordinadora de los diputados del PAN, Delfina Olivia Hernández.

Posteriormente se sumaron el comisionado del gobierno federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, el senador perredista Armando Ríos Piter, el diputado federal perredista Sebastián de la Rosa Peláez, el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, Oscar Chávez Rendón, el delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Marcelo Tecolapa Tixteco, y el delegado de la Secretaría de Gobernación, Juan Salgado.

En el encuentro, la dirigencia de la UPOEG presentó un pliego petitorio de 14 puntos, el primero en materia de seguridad y justicia, que plantea una reforma constitucional para adecuar la Constitución a los convenios y tratados internacionales.

Asimismo, el reconocimiento a los procesos organizativos comunitarios, relacionados con la seguridad e impartición de justicia.

El segundo está relacionado con el derecho a la consulta de las políticas públicas y de representación popular; el tercero es el cuarto orden de gobierno, “para facultar administrativamente a la autoridad comunitaria con la capacidad de ejercer recursos hacendarios y generar hacienda propia”.

El cuarto tema es el vinculado con la energía eléctrica, en el que piden la probación de la iniciativa de ley en materia energética y el establecimiento de una tarifa “justa, conforme a criterios de ingreso de la población”.

La quinta demanda es respecto a la infraestructura carretera que tiene que ver con la construcción, pavimentación, rehabilitación y apertura de brechas saca cosechas.

El sexto punto es el de obras públicas, en el que proponen un paquete de obras de agua potable, baños ecológicos, drenaje y plantas tratadoras de aguas residuales, centros recreativos, cívicos y culturales, pavimentación de calles, construcción de mercados, aulas, albergues, centros de salud, hospitales, comisarías y techumbres.

El séptimo punto es el de educación, en el que piden la participación de los comités comunitarios en el seguimiento y evaluación de los docentes, programas y planes de estudio de educación básica, además de “convertir las plazas de profesores del nivel básico de las comunidades, en plazas de arraigo”, y la contratación de personas de la comunidad como asistentes de servicios y veladores. Además de la creación del  Instituto Académico Indígena, para la difusión y promoción  de las lenguas y tradiciones.

El octavo tema es el de salud, en el que demandan la contratación  de personal médico, enfermeras y servicio social bilingüe para la zona que lo requiera, así como el equipamiento médico  e  insumos de curación y medicamentos suficientes para las casas, clínicas y hospitales de salud.

La novena demanda es de transporte, en el que demandan el financiamiento para la creación de un fideicomiso para mejorar el servicio en las comunidades y la regularización del transporte público en las regiones del estado, así como la creación de una delegación de transporte y finanzas en San Luis Acatlán.

El décimo punto es la creación de nuevos municipios, para lo cual la UPOEG propone presentar la iniciativa de ley del Ejecutivo estatal ante el Poder Legislativo para la creación de los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón y San Nicolás.

En la undécima demanda, que se refiere a cultura y deporte, la organización demanda la promoción y difusión de las  diversas expresiones artísticas y culturales, indígenas y afromexicanas, equipamiento y apertura de canales de comercialización a los artesanos, la creación de un centro de investigación para el rescate, fomento y difusión de las culturas indígenas y afromexicana y promover por el instituto de deporte y la juventud encuentros deportivos en las diversas regiones del estado.

En el punto 12, que se refiere a la defensa del territorio, la UPOEG demanda el reconocimiento constitucional del derecho colectivo de los pueblos a sus tierras, territorios, espacios sagrados y recursos naturales, así como a decidir acerca de su uso, manejo y conservación.

Además de la promoción de acciones que resuelvan la regularización de la tenencia de la tierra y los conflictos agrarios, para proceder a la negociación, demarcación, delimitación o titulación de territorios.

Así como la reorientación de las políticas relacionadas con las áreas naturales protegidas, con el objeto de que los pueblos sean los que decidan el uso, manejo, aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales, y garantizar el derecho a la consulta de los pueblos, “de manera previa al otorgamiento de concesiones, estudios de exploración y explotación en los territorios de los pueblos, ya sean mineras, forestales, agua o de cualquier otro tipo”.

En el punto 13 relacionado con el desarrollo rural, demandan el financiamiento para la integración de un equipo técnico multidisciplinario  para  la formulación y seguimiento de los proyectos productivos y de  inversión  en las regiones Montaña, Centro y Costa Chica; financiamiento  de proyectos  estratégicos; programa emergente para desazolve de lagunas de las regiones; apertura de centros de acopio de maíz, frijol, semilla de calabaza, café, jamaica, coco y otros y el fortalecimiento de las cadenas productivas. Además de la rehabilitación y construcción  del sistema de riego tecnificado.

El apartado número 14 que se refiere al desarrollo social, la organización demanda “mayor cobertura  en  los  programas de Oportunidades, adultos mayores, viviendas dignas; incorporar a los municipios que no estén dentro de la Cruzada contra el Hambre, e implementar cocinas y baños ecológicos.

Seguridad

Mientras tanto, el Consejo Ciudadano por la Justicia y el Desarrollo de Chilpancingo planteó el establecimiento de una estrategia de seguridad de manera inmediata en Chilpancingo, un plan emergente de transformación económica y la aprobación de una ley de transparencia y seguridad pública.

Al final del encuentro –que comenzó a las 3 de la tarde y terminó a las 8 de la noche– los diputados locales, federales, el senador y el comisionado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, convinieron en convocar a las dependencias de los tres órdenes de gobierno relacionadas con la atención a estas demandas, a reunirse en un plazo no mayor de 15 días para atender los planteamientos.

Asimismo, se anunció que en un plazo igual, el gobierno estatal y federal, así como el Senado, la Cámara de Diputados federal y el Congreso local, ampliarán la integración de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que atenderá la problemática de manera integral que presenten los pueblos.

Allí mismo, el promotor de la UPOEG informó que en una llamada telefónica el gobernador Ángel Aguirre Rivero le informó que el próximo viernes se reunirá con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender el tema de las tarifas altas de la energía eléctrica, así como los recursos para mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.

Luego de cuatro horas de reunión en la que los dirigentes expusieron sus demandas y reclamos y los representantes de los congresos y los diputados local y federal, así como el senador y el comisionado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas expusieron sus propuestas de solución y ya se habían establecido acuerdos, éstos estuvieron a punto de venirse abajo por el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega, quien cuestionó a los dirigentes de la UPOEG la legalidad del uso de armas por los policías ciudadanos.

Además, en la mayoría de los puntos del pliego petitorio Bernardo Ortega deslindó al Congreso local pues dijo que la mayoría de las demandas no le corresponden al Congreso, sino al Ejecutivo, y dijo que él no decide en el Congreso y que no es fácil llevar a las fracciones y al pleno los acuerdos que se toman en reuniones como esa.

La falta de tino del diputado llevó otra hora más para volver a retomar los acuerdos finales, incluso en varias ocasiones Ortega Jiménez fue llamado a “sensibilizarse” ante las demandas de los dirigentes, no solamente por sus compañeros de presídium, sino por los mismos dirigentes de las organizaciones.

Se reúnen con la Comisión para la Armonía de los Pueblos Indígenas

Antes de tomar esos acuerdos, funcionarios estatales y legisladores se reunieron para acordar cómo va a funcionar la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, órgano de coordinación estatal y federal que dará seguimiento a las demandas de los pueblos originarios.

La instalación se retrasó porque sólo acudió la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y ni una organización más, por lo que esperarán al 11 o 12 de junio para que se instale formalmente, con la asistencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Ayer estuvieron a puerta cerrada en Casa Guerrero el secretario general de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez, funcionarios del gobierno estatal, el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, el senador Armando Ríos Pitrer y el diputado federal, Sebastián de la Rosa Peláez.

Del gobierno estatal estuvo el asesor Ernesto Aguirre, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Beatriz Mojica Morga y el coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg), Víctor Aguirre Alcaide.

Del gobierno federal acudió el coordinador general de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) Héctor René García Quiñones y el delgado estatal de esa dependencia, Carlos Alberto Hernández Sánchez. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).