En la Marcha por la Paz, indígenas y campesinos de la UPOEG de 42 municipios piden seguridad

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Más de mil indígenas y campesinos de 42 municipios de las regiones de la Montaña, Costa Chica y zona Centro del estado realizaron ayer la Marcha por la Paz, la Dignidad, la Justicia y el Desarrollo, que comenzó en Petaquillas y terminó en la explanada del Congreso local.

Aquí se encontraron con un grupo de integrantes del Consejo Ciudadano por la Seguridad y la Justicia de Chilpancingo, integrado por empresarios, médicos, maquiladores y transportistas. También se les unieron al llegar al Congreso, representantes del recién creado movimiento de autodefensa de la región de la Costa Grande.

Desde temprano, los contingentes llegaron en camiones, taxis, vehículos y camionetas particulares a Tierra Colorada, de donde partieron después de las 10 de la mañana en caravana hacia esta capital. Al llegar a Petaquillas se unieron a otro contingente de la zona Centro y Montaña y de allí caminaron en marcha hacia el Congreso local.

Los contingentes portaban mantas y pancartas; en una de ellas se leía: “UPOEG, exigimos la destitución de la presidenta municipal de Juan R. Escudero”. Otra más decía: “señor gobernador exigimos la iniciativa de ley al Congreso para la aprobación de los nuevos municipios”. En tanto que en una pancarta se leía: “lucha por tu seguridad, bienestar y la de tus hijos”.

En el transcurso de la marcha el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, informó que la principal demanda de la marcha es que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a los ciudadanos.

Además de que procedan en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que están vinculados con la delincuencia.

Al gobierno federal y estatal le exigieron un mayor presupuesto para el desarrollo de los pueblos donde tiene presencia la UPOEG.

Cuando apenas había partido la marcha de Petaquillas, surgió el primer problema, pues en un retén que instalaron militares, al revisar la camioneta del comandante regional del Sistema de Seguridad Ciudadano, Ernesto Gallardo Grande, fueron encontradas cuatro armas, por lo que le impidieron el paso.

El comandante Gallardo explicó que había convenido con los mandos militares que habría facilidades para que en esta marcha llegaran con los vehículos a la ciudad con sus armas en el interior.

Pero el jefe de los militares del retén, quien no quiso proporcionar su nombre a los medios de comunicación, dijo que tenía la instrucción de no dejar pasar armas a la ciudad.

Finalmente el problema se resolvió cuando Gallardo Grande admitió dejar las armas y el militar ofreció darle un recibo por ellas para que después pasara a recogerlas.

Al llegar al Congreso fueron recibidos por una comisión de diputados del Congreso local integrada por el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, el diputado priista Héctor Astudillo Flores y la panista Delfina Oliva Hernández.

Posteriormente se incorporaron a la reunión el comisionado del gobierno federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, el senador perredista Armando Ríos Piter, el diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, Oscar Chávez Rendón, el delegado de gobernación, Juan Salgado, y el delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Marcelo Tecolapa Tixteco.

La reunión se convirtió en una lluvia de reclamos por parte de los dirigentes de las organizaciones, pues denunciaron que los tres niveles de gobierno no están haciendo nada por combatir la delincuencia y garantizar seguridad a los ciudadanos.

Plácido Valerio les dijo que la UPOEG no busca la confrontación con el gobierno, sino una coordinación para trabajar en contra de la delincuencia, sin embargo reprochó que en respuesta funcionarios han acusado al movimiento de estar vinculado con la guerrilla y con el narcotráfico, “nos han calificado como un grupo violento”, dijo.

También dijo que a pesar de que están haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno, “hay algunos diputados que más que ayudarnos nos critican”.

Asimismo, denunció que el movimiento ha pedido que se investigue a presidentes municipales y en general a servidores públicos que están vinculados con la delincuencia, pero que no se ha hecho nada, y más adelante citó el caso concreto de la presidenta municipal de Tierra Colorada, la panista Elizabeth Gutiérrez Paz.

Dijo que en respuesta  sólo han recibido las críticas de algunos diputados, “que nos dicen que estamos en la ilegalidad y que somos violentos”, y entre ellos citó el caso del priista Rubén Figueroa Stmutny, de quien dijo que la diferencia es que él tiene seguridad privada, “y nosotros no”.

Agregó que, sin embargo, lo que busca el movimiento es resolver entre todos el problema de la violencia y la inseguridad, “porque el derecho a la vida es universal”.

Insistió varias veces que el gobierno no está haciendo lo que le corresponde en materia de seguridad, y dijo que “nosotros les hemos dado nombres (de quienes están vinculados con la delincuencia) y no pasa nada, todos saben quiénes son, menos las autoridades que deben actuar”, dijo.

Denunció que, además, el movimiento ha cumplido con el gobierno al entregarle a los detenidos, “pero qué es lo que ha pasado, a pesar de que se los entregamos con pruebas, los liberan de inmediato”, y citó el caso del ex director de seguridad pública municipal de Tierra Colorada, Oscar Ulises Valle García.

El dirigente de la UPOEG dijo que esas denuncias las han presentado sabiendo el riesgo que significa, y denunció que, por ejemplo, ayer por la mañana uno de los integrantes de la dirigencia recibió una amenaza, y después reveló que ésta salió desde un teléfono de alguien que está en la cárcel.

A su vez, Leopoldo Soberanis García, del movimiento de autodefensa de Tecpan, criticó que en Guerrero los delincuentes que son detenidos salen libres de inmediato porque los diputados no han legislado en la materia.

Dijo que en Tecpan, el Ejército y la Marina detuvieron a unos “halcones”, pero salieron luego porque el delito que cometen no es grave.

Denunció además que él es exportador de mango, pero que este año la delincuencia organizada no le dejó mandar 38 camiones pues se los “expropió” para después convertirlos en camiones materialistas para sus negocios.

Después acusó que en esa región del estado se ha llegado a un grado de inseguridad alarmante, a tal grado que “somos objeto de un avasallamiento destructivo con sus armas”,  por eso dijo que ya se están coordinando con la UPOEG “para tomar fuerza” y exigió a los diputados que legislen para que se castigue con mano dura a los delincuentes y no se les libere de inmediato.

En Chilpancingo, “arrinconados” por la delincuencia

También intervino el dirigente de la Coparmex Chilpancingo, Fernando Meléndez Castro, quien explicó que la inseguridad ha llegado a afectar a todos los sectores y que por eso conformaron el Consejo Ciudadano por la Seguridad y el Desarrollo de Chilpancingo, que demanda una estrategia de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno de manera inmediata para Chilpancingo.

Dijo que los más afectados son los ciudadanos “de a pie” y pidió de esa reunión “resultados reales”.

Su compañero de organización, Jaime Miranda, denunció que llevan dos años solicitando una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para exponerle el problema de la inseguridad pero que no los ha escuchado, por lo que tuvieron que llamar su atención de esta forma, en referencia a su alianza con la UPOEG y la creación del Consejo Ciudadano.

Después otro integrante del Consejo, Adrián Alarcón Ríos, pintaría un panorama desolador. Denunció que los emprendedores son victimas de extorsión, cobro de piso, secuestros, pero que el gobierno acusa a los medios de comunicación de magnificar los hechos, “pero cómo van a magnificar los medios los hechos si ni siquiera ellos saben lo que realmente está pasando”.

Y en referencia a un señalamiento que había hecho al principio de la reunión el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega, en el sentido de que no habían firmado el documento que le hicieron llegar, le reprochó que “cómo lo vamos a firmar si al rato se lo pueden filtrar a los malandrines, estamos desanimados, desconfiados, desesperados”, entiendan, les dijo a los de la mesa.

Después expresó: “estamos arrinconados y lo menos que podemos pedir, es que al salir de aquí, ustedes digan que se unen a nosotros, porque ya al venir aquí, estamos arriesgando el pellejo”.

Por su parte el comandante regional del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano, Ernesto Gallardo Grande, reforzó lo que denunció el promotor de la UPOEG en el sentido de que han entregado a delincuentes al gobierno, entre ellos a secuestradores, y los han liberado.

Y luego ante el incremento de la delincuencia y por petición de diversos sectores, anunció que están planeando entrar al valle del Ocotito, con lo que también estarían llegando hasta Chilpancingo; después justificó: “el Ejército nos dice que somos ilegales, pero yo les he preguntado y ustedes que son legales qué han hecho”.

En cambio agregó que el movimiento busca poner paz y orden para de allí partir hacia el desarrollo, “nosotros estamos aquí y ya no hay reversa, a ustedes sólo les pedimos coordinación, si nos dicen que no lleguemos a Ocotito, no llegamos, pero pongan orden y seguridad, si no nosotros intervenimos, porque su gobierno ha fracasado”, les dijo.

Otro de los miembros del Consejo, el dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), Apolinar Segueda Dorantes, denunció que la inseguridad pública “ha pasado de una alerta amarilla a una alerta roja” y que hasta el obispo Alejo Zavala ha dicho que está bien que Bruno Plácido entre a Chilpancingo, porque sabe de muchos secuestro que se han cometido, y agregó que el clérigo tiene razón pues no puede dar tantas bendiciones habiendo mucha sangre regada en las calles.

Las denuncias, reclamos y reproches, por la violencia y la inseguridad que no ha sido combatida por los tres órdenes de gobierno consumieron más de tres horas en una reunión de cinco.

Uno de los miembros de la UPOEG, Humberto Díaz, dijo que sin embargo, “nosotros no vamos a huir de Guerrero, porque es más grandioso nuestro amor por nuestro estado que la violencia, y si el gobierno no hace nada, lo vamos a hacer nosotros”.

Otro de los que intervino fue el sacerdote Mario Campos, quien demandó de los diputados y autoridades que escucharon a los dirigentes “tener mucho respeto y atender los planteamientos de este movimiento, porque es serio”.

Dijo que merece todo el respaldo de las autoridades, “no dejemos que se salga de las manos o se desborde”.