El gobernador busca debilitar y desmantelar a la CRAC y a la UPOEG, advierte Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que detrás de las declaraciones del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, en contra de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y de sus dirigentes, “hay un intento de deslegitimar, debilitar y en un momento dado propiciar su desmantelamiento”.

El martes en el noticiario matutino de la radio Capital Máxima, el gobernador declaró que la CRAC y la UPOEG “están a un tris de chocar”. Dijo que uno de los dirigentes de la CRAC “politiza las actuaciones de la Policía Comunitaria”, mientras que la UPOEG se dedica a “pepenar los problemas de inseguridad para asumirlos como propios”.

Al respecto, el abogado de Tlachinollan, organismo que ha asistido legalmente a las dos agrupaciones y en ocasiones ha servido de mediador en conflictos internos, expresó que el de Aguirre Rivero se trata de un comentario “sobredimensionado”.

El abogado fue entrevistado ayer después de que los coordinadores de la CRAC abandonaron las instalaciones de la Procuraduría del estado, pues los dejó plantados el titular, Iñaki Blanco Cabrera.

Allí aseguró, “no hay tal, no existe y no ha habido ni un tris para confrontarse entre esas dos organizaciones, eso nunca ha existido”.

Explicó que las dos organizaciones tienen diferencias políticas y proyectos de seguridad y justicia comunitaria diferentes, “el proyecto de la CRAC se orienta más hacia el territorio, hacia la autonomía de los pueblos indígenas, y el proyecto de los compañeros de la UPOEG se orienta más a la efectividad de la seguridad, se centraliza más en la seguridad y en el combate frontal a la delincuencia organizada”.

Sin embargo aseguró que “no hay nada más” e insistió que el gobernador está “sobredimensionando las cosas, no sé cuáles sean los elementos que tiene para afirmar que han estado a punto de llegar a la confrontación”.

Del señalamiento de Ángel Aguirre en el sentido de que la CRAC “politiza las actuaciones de la Policía Comunitaria”, mientras que la UPOEG se dedica a “pepenar los problemas de inseguridad para asumirlos como propios”, Rosales Sierra dijo que “es una opinión lamentable”.

Explicó que la posición de la CRAC, y concretamente la del coordinador Eliseo Villar Castillo, “es de solidaridad con las luchas sociales en Guerrero” porque recordó que la Policía Comunitaria “viene de un proceso político-social-organizativo, no es una agrupación que surgió de la nada, se debe a la solidaridad y al esfuerzo de un conjunto de organizaciones sociales del estado de Guerrero y obviamente, en los momentos críticos que otras organizaciones pasen, como el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) los tuvo, la CRAC está obligada a manifestar solidaridad y su apoyo a estos procesos de lucha que se dan en Guerrero”.

Recordó que esa institución indígena es parte de un proceso de lucha de las organizaciones que vienen desde 1995 cuando se fundó, “entonces no veo que la CRAC se esté apartando de su sentido y objetivos reales, porque siguen trabajando en la justicia comunitaria, resolviendo los problemas de seguridad y de justicia, aunque el mismo estado está acotando los espacios de la CRAC; hay una persecución y una agresión constante del Ejército mexicano para con ellos”.

De la UPOEG expresó que lejos de que anden pepenando la inseguridad, “es la propia ciudadanía que ya está cansada de un vacío de autoridad y un desorden y la incapacidad del gobierno para para brindar seguridad, por eso la ciudadanía está buscando opciones, alternativas de organización”.

Citó los ejemplos de Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero y Xaltianguis, municipio de Acapulco, “en donde ante la incapacidad manifiesta del gobierno del estado y de los cuerpos de seguridad corruptos, han buscado otras formas, alternativas de organización más ciudadanas, más autogestivas, más del pueblo y eso lo han encontrado en el espacio que los compañeros de la UPOEG les han brindado”.

Rosales Sierra agregó que detrás de las declaraciones del gobernador hay un intento por deslegitimar a esas experiencias autónomas y ciudadanas, “para debilitarlas y medrarlas para en algún momento dado propiciar su desmantelamiento, ya sea jurídico o mediante la persecución (policiaca o militar)”, alertó.

En este sentido el abogado de Tlachinollan dijo que le preocupa la postura del mandatario, “porque yo creo que la principal preocupación del gobierno del estado no debiera estribar en preocuparse porque los cuerpos de seguridad de justicia comunitaria hagan presencia en los municipios, sino en resolver la problemática de fondo que es la inseguridad que nos está desbordando”.

Informó que en sus intervenciones ante el Ejército ha dicho que los integrantes de la CRAC y de la UPOEG aún cuando porten armas en los municipios, su objetivo final es ofrecer seguridad, tranquilidad, paz y orden social a la ciudadanía, “y mientras eso estén haciendo, esos cuerpos de seguridad no transgreden en el fondo la ley, al contrario, ayudan a fortalecer una sociedad más democrática, más en paz y más armónica, que es lo que todos nosotros queremos”.

Rosales Sierra añadió que la CRAC y la UPOEG sí están haciendo esa función, “quién no la está haciendo es el gobierno del estado, por eso yo creo que el gobernador debiera de hacer un análisis de sus discursos y de su política de seguridad y llevar a la justicia y procesar a todas las personas que están en convivencia con la delincuencia organizada y que sabe quiénes son”.