Niega el ex comisario de Xaltianguis que desviara recursos; se retrasó la entrega de cemento, dice

Aurora Harrison

El ex comisario municipal del poblado de Xaltianguis, Librado Hernández Santana, negó que haya desviado recursos y aclaró que si hubo un retraso en la entrega de los bultos de cemento fue por las reglas de planeación, y señaló que hubo daño psicológico para su familia con su detención por parte de integrantes del Sistema de Justicia Ciudadana (SJC).

Tras una reunión en la explanada de la Jurisdicción Sanitaria 07, de la Secretaría de Salud, donde trabajadores sindicalizados suspendieron el paro de labores que estaba planeado para pedir a los policías ciudadanos que liberaran al ex comisario, éste declaró que el cemento se entregará a los pobladores.

Por su parte, el secretario de Conflictos del Sindicato de Salud, Hoguer Aldrete Ramírez, calificó la detención del médico del centro de salud de la comunidad como un acto “ilegal y arbitrario” por parte de los policías ciudadanos, y pidió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que lo que sucedió no se vuelva a repetir con ninguno de los trabajadores.

Hernández Santana explicó que su detención se dio por un anónimo que le entregó un menor a los policías ciudadanos, y aclaró que si se retrasó la entrega del cemento es porque los tiempos se marcan conforme avanza la obra.

“No son las difamaciones, lo que lamento es el daño psicológico que le causaron a mi familia porque me quitaron el celular y no me permitieron hacer ninguna llamada”, indicó el ex comisario, quien estuvo más de cinco horas detenido.

Recordó que el miércoles a las 9 de la mañana, cuando comía en una fonda llegaron los policías ciudadanos y lo trasladaron a su comandancia por una denuncias de que el cemento no se había entregado, y allí le dijeron que estaría retenido hasta que se hicieran las investigaciones.

Agregó que los efectivos le pidieron que tuviera médicos suficientes y que su horario debería ser hasta las 8 de la noche, pero que les aclaró que la normatividad de la Secretaría de Salud precisa que su horario de servicio es hasta las 3:30 de la tarde y no a la hora que ellos decían.

Al preguntarle a quién le atribuía las acusaciones, respondió que “un menor entregó un anónimo a los policías y probablemente estén atrás Javier Ureña y José Luis Calvo, que en vez de ayudar al presidente lo perjudican porque el material se va a entregar”.

Sobre el desvío del cemento, explicó que el Comité de Obras dialogó con los policías ciudadanos y se confirmó que estaba en la casa de uno de los pobladores y “constataron que se entrega el material” conforme lo establecido por las autoridades y según el avance de la obra de pavimentación de calles.

El ex comisario agradeció a sus compañeros de la Jurisdicción Sanitaria 07 el apoyo y admitió que hacen falta médicos para esa comunidad, pero que no es competencia de él que se envíen sino de las autoridades de salud del estado.

Detalló que se brinda 25 consultas al día, con dos médicos, un odontólogo y una enfermera.

A las 9 de la mañana, sindicalizados de la Secretaría de Salud se concentraron en la Jurisdicción Sanitaria 07, en Hogar Moderno, porque pretendían parar los servicios para presionar a las autoridades y que liberaran a Hernández Santana, pero la suspendieron al saber que ya estaba afuera; los trabajadores hicieron un oficio en el que piden garantías.

Aldrete Ramírez declaró que enviaron un oficio a las autoridades estatales y municipales para que no vuelvan a suceder este tipo de hechos, porque “la policía ciudadana defiende los intereses del pueblo y los médicos son parte del pueblo y nos molestó el acto ilegal y arbitrario de la UPOEG”.

“Pedimos al gobernador que estos hechos no se vuelvan a cometer contra ninguno de los trabajadores de la Secretaría Salud porque vamos a fijar posturas que posiblemente no le gusten a la sociedad y las autoridades”, declaró.

Agregó que los recursos que le dieron al ex comisario municipal para su gestión los tiene que fiscalizar quién se los entregó y no el Sistema de Justicia Ciudadana, porque “la UPOEG defiende de la delincuencia y no es una autoridad de juez”.

“Respetamos el trabajo de la policía comunitaria y no obstaculizamos a ninguna organización, pero ninguna organización puede afectar nuestro agremiados porque algunos de los agremiados pedían que se cerrara de manera temporal el centro de salud de Xaltiánguis en respuesta al atropello que se cometió”, indicó.