Guerrero, uno de los cinco estados con más agresiones a defensores de derechos humanos, informa la ONU

Zacarías Cervantes

Chilpancingo.

Guerrero es uno de los cinco estados del país con mayor incidencia en agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos y se ha convertido en un estado emblemático en materia de violaciones a los derechos humanos, dijo ayer Jesús Peña, representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien presentó aquí el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance.

Dicho informe fue presentado en un salón del hotel Paradise Inn de ésta capital, a donde asistió en representación del gobierno estatal, el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, Victoriano Sánchez Carvajal y el subprocurador Javier Domínguez Aguilar.

Asimismo, acudió el visitador general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Camacho Peñaloza y el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Aunque el informe que dio a conocer ayer Jesús Peña se basa en datos generales del país, explicó que Guerrero se encuentra dentro de los cinco estados con mayor incidencia de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, entre los que también están, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila y el Distrito Federal.

En el informe presentado ayer, se destacan algunos casos “ilustrativos” ocurridos en esta entidad, entre ellos las amenazas al abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra; el asesinato del presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (Ceprodehi), Quezalcóatl Leija Herrera; las amenazas a la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel; la desaparición de la coordinadora y el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle; y la detención del integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Maximino García Catarino.

En el informe se subraya que en todos esos casos se requiere respuestas institucionales “de redoblados esfuerzos para ser cabalmente eficaces, pues se asienta que de un total de 37 agresiones solamente en cinco de ellas se identificó a los presuntos responsables y en ninguno se ha dictado una sentencia firme.

En el documento también se recuerda que en el marco de una mesa de implementación de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se elaboró con el apoyo de la ONU-DH un proyecto de protocolo para investigar hechos presuntamente delictivos cometidos en agravio de defensoras y defensores, “sin embargo, la propuesta  no ha sido aprobada”, dice el informe.

A nombre del gobierno estatal comentó el informe el subsecretario Sánchez Carvajal, pero delegó la respuesta en el subprocurador Domínguez Aguilar, quien expresó que el caso de Leija Herrera, fue turnado a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios, y que, aunque no hay avances, “hay una ruta que permitirá avanzar por buen camino y dar resultados concretos.

En los casos de la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, informó que la Procuraduría se declaró incompetente para realizar las investigaciones y turnó el caso a la Fiscalía para Delitos de Secuestros de la Procuraduría General de la República (PGR), y tampoco habló de avances.

En el caso de las amenazas al abogado Vidulfo Rosales Sierra, dijo que no ha sido posible lograr avances “porque no ha habido mucha colaboración de Vidulfo pues necesitamos que comparezca ante el Ministerio Público para la elaboración de retratos hablados de los responsables de las amenazas”.

El funcionario explicó que en el caso de las amenazas de Obtilia Eugenio Manuel existen dos averiguaciones previas por dos casos distintos y que en uno de ellos ya existe el libramiento por parte de un juez para la comparecencia de los inculpados y establecer la culpabilidad, y que en  otras denuncias no se ha podido avanzar “porque la ley pide ciertas formalidades como la ratificación de la denuncia”.

El funcionario admitió, por otra parte que el protocolo para investigar delitos cometidos en agravio de defensores y defensoras está suspendido por los constantes cambios en la administración estatal.

En su intervención, el visitador general de la Codehum, Lugo Cortés, admitió que Guerrero es emblemático en materia de violación a los derechos humanos y que por eso no es gratuito que todos los representantes de organismos de derechos humanos internacionales cuando vienen a México visiten esta entidad.

Dijo que independientemente de la violación reiterada de los derechos humanos, se fomenta la impunidad por parte de las autoridades porque el sistema jurídico, “dice que quienes sufren delitos necesitan aportar las pruebas para que haya avance en las investigaciones”.

Y con esto agregó que en muchos de los casos los investigadores justifican el incumplimiento de su función de investigar y dejan a las víctimas la función y la responsabilidad de investigar y aclarar sus casos.

Informó que la Codehum del 2005 a 2013 ha recibido 15 quejas por violaciones a los derechos humanos en contra de defensores; ha emitido 22 medidas cautelares para evitar la vulneración de los derechos de los defensores; ha enviado 5 recomendaciones y ha documentado los casos de 8 homicidios, entre ellos los de los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Quetzalcóatl Leija, y Javier Torres Cruz, campesino de la comunidad de La Morena, Municipio de Petatlán.

Y luego agregó que, en total, existe un total de 107 defensores y defensoras que han denunciado una situación de vulnerabilidad y que los agresores, son en su mayoría servidores públicos, policías preventivos, policías ministeriales, y elementos del Ejército mexicano.

Dijo que las violaciones mas recurrentes son la violación a la seguridad jurídica y a la legalidad, detención arbitraria y homicidios.

Denunció que el 3 de agosto del año pasado se promulgó la Ley 391 para la Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, mediante la cual se creó el Consejo para la Protección de los Defensores y Defensoras pero que el problema fue que al crearse esta Ley no se le designó un presupuesto para cumplir con su encomienda por lo que esto es un obstáculo para el desempeño de sus funciones.

Concluyó que la situación de agravios a los defensores y defensores en Guerrero es tan grave que 6 integrantes de ese organismo oficial han sufrido amenazas.

Por su parte el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que la situación de impunidad que propician las autoridades, “en Guerrero la muerte tiene permiso a tal grado que sólo nos queda preguntarnos quien sigue”.

Y luego destacó el caso del asesinato reciente de los dirigentes de Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, “cuyos cuerpos fueron encontrados con los ojos vendados y señales de aparente tortura, como también ocurrió con Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ramos integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco en 2009, puesto que en ambos casos la impunidad ha sido lo sobresaliente.

Barrera Hernández, de entrada manifestó que el informe de la ONU-DH no sólo es una fotografía, “sino parte de una película más larga y trágica que refleja la situación de adversidad en que trabajan los defensores y defensoras de derechos humanos”.

Y luego denunció que de todos los casos que se señalan en el informe, no hay uno sólo en el que se haya concluido con la sentencia condenatoria, y, por consecuencia, con la detención y castigo a los responsables de las agresiones.

Y aprovechó su intervención para hacer un llamado a los gobiernos estatal y federal para que lo más pronto posible se lleve a la justicia a los responsables del asesinato de los 3 integrantes de la UP de Iguala.

Y ante el representante de la ONU-DH y representantes del gobierno estatal, acusó que actualmente la situación de agresiones a los defensores y defensoras sigue siendo alarmante y que a ellos se suman las descalificaciones a su trabajo por parte de las propias autoridades.