Recrudecen los gobiernos estatal y federal sus acciones y discursos contra la CRAC, denuncia

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunció ayer que el gobierno federal y estatal han decidido endurecer su trato en contra de los pueblos y esa institución comunitaria, luego de las acciones de hostigamiento, retenciones, desarmes y “presiones a nuestras autoridades y  secuestro de nuestros compañeros”.

En un comunicado enviado anoche, del que se responsabilizan las cuatro casas de justicia, la institución indígena manifestó que ese endurecimiento se evidencia, también por las declaraciones del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y el secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez, “quienes nos culpan de la mala imagen que nuestra entidad muestra al país y al mundo”.

El martes el gobernador dijo la CRAC y la UPOEG están a un “tris” de enfrentarse, además de que acusó que un dirigente de la CRAC, está “politizando” las acciones de la organización. Mientras que el todavía secretario de gobierno, Florentino Cruz Ramírez, denunció que en la CRAC se pretende hacer una especie de “justicia privada al servicio de quien pueda pagarle sus servicios”.

En respuesta a esos señalamientos la agrupación respondió ayer que el gobierno estatal está tratando de “lavarse las manos, cuando lo innegable es que precisamente somos los pueblos originarios, los pueblos mestizos y afro mexicanos, los pueblos pobres en general, quienes le devolvemos la dignidad a nuestra patria al organizarnos para mejorar nuestra situación por nuestros propios medios”.

Asimismo, le reviró al gobernador y al secretario de Gobierno, que “son las malas políticas públicas, la corrupción, la impunidad, la exclusión, la represión, el despojo, la tolerancia y complicidad con la delincuencia, practicas propiciadas por la clase en el poder, las cuestiones que nos indignan y que deberían avergonzarlos a ellos que son los gobernantes, ante los ojos del mundo.

Y luego, el comunicado agrega: “se nos acusa de que uno de los nuevos dirigentes, politiza las acciones de la CRAC y la Policía Comunitaria, no sabemos a qué se refiere el gobernador, pues los representantes de nuestra institución comunitaria son autoridades regionales y no dirigentes, las decisiones se toman de manera colegiada”.

Y agregó que las acciones (de la CRAC) “son políticas desde el nacimiento de la Policía Comunitaria en 1995, porque el derecho a organizarse y decidir construir un sistema de seguridad y justicia propio de los pueblos, es política”.

La institución indígena, agregó asimismo que: “manifestar nuestros planteamientos y nuestra experiencia, es política; porque alzar la voz cuando se está cometiendo una injusticia, como lo hacemos al apoyar a otros movimientos y luchas como la magisterial y la de los normalistas de Ayotzinapa, es política”.

Agregó, también, que el gobernador se refiere “a que no nos metamos a la política sucia, electoral o electorera, como lo dijo antes, que para esos están los partidos, estamos de acuerdo. Nuestra lucha no es ni puede ser para obtener puestos o cargos en el gobierno”.

Y, aclaró: “se nos señala que se pretende hacer una justicia privada, al servicio de quien pueda pagarla”, y ello muestra desconocimiento por parte del secretario de gobierno; “la justicia que hace la CRAC, desde febrero de 1998 cuando fue instituido este órgano de autoridades para hacer justicia, es una justicia del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

Asimismo, la CRAC rechazó “la intención de reglamentar a la Policía Comunitaria. “Nosotros estamos reglamentados por nuestros pueblos y comunidades”, dijo en su documento.

Además, exigió “respeto a nuestra institución comunitaria. Nuestro actuar ha sido legal desde siempre, se sustenta en leyes estatales como la Ley 701, los artículos 2 y 39 de nuestra Carta Magna y  diversos instrumentos internacionales”, aclaró.

Manifestó que si el Estado cumpliera cabalmente con las leyes y sus funciones, no habría desempleo, migración, analfabetismo, muertes maternas, injusticia, inseguridad, hambre, corrupción, y para todo eso hay leyes que no se cumplen”.

La CRAC invitó al gobernador y a los funcionarios del gobierno estatal y federal, “a que rectifiquen su visión y su posición acerca de nuestra institución comunitaria, pues en todo tiempo desde hace casi 18 años que nos constituimos como autoridad regional de los pueblos y comunidades de la montaña y costa chica, hemos manifestado nuestra disposición a dialogar y construir acuerdos con base en el respeto a nuestros principios”.

Asimismo, reiteró que no son los mismos con los grupos de autodefensa “y por lo tanto exigimos que no pretendan darnos el mismo trato”.

La CRAC demandó un “trato digno y dialogo franco, para construir acuerdos serios que nos hagan avanzar”.

También exigió que se mantengan los espacios de dialogo acordados y que se cumpla por parte del gobierno del estado con la agenda prevista.

“Manifestamos nuestra inconformidad por la ausencia del procurador general de Justicia, el día de ayer (el miércoles) en la mesa de diálogo en la que debía estar presente”.

La agrupación añadió que “los pueblos del mundo que saben de nuestra lucha, que la CRAC y la Policía Comunitaria, hoy es más fuerte que nunca, que estamos en proceso de crecimiento, que no permitiremos la división en nuestros pueblos, que sabremos resistir en contra de los intereses de las voraces empresas mineras y trasnacionales que están llegando a nuestro territorio, gracias a la labor que hacen en el extranjero nuestros gobernantes para promover el saqueo de nuestros recursos naturales y minerales”, concluyó.