Es difícil que los sobrevivientes vengan a declarar, dice la regidora Sofía Mendoza

Daniel Velázquez

La regidora perredista de Iguala, Sofía Mendoza Martínez, dijo que ve muy difícil que los sobrevivientes del caso de secuestro y asesinato de tres dirigentes de Unidad Popular acudan a declarar a la Procuraduría, como lo solicitó el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Dijo que los cuatro integrantes de la organización están fuera del estado y tienen miedo.

Por separado, el activista Bertoldo Martínez Cruz consideró que no hay condiciones para que los sobrevivientes  puedan declarar, porque no confían en las autoridades.

El miércoles el gobernador Aguirre Rivero pidió a los sobrevientes que declaren ante la autoridad para saber qué pasó y contribuir así a las investigaciones, y les ofreció garantías de su gobierno.

Ayer por teléfono, Sofía Mendoza dijo que los sobrevivientes no pueden declarar porque ya no están en Iguala ni en el estado, “¿dónde los vamos a agarrar?”

Indicó que la única vez que tuvo comunicación telefónica con Héctor Arroyo éste le dijo que estaba bien pero que ya no estaba en el estado, y no pudieron conversar sobre la posibilidad de que rindiera su declaración en la Procuraduría.

“A nosotros nos piden que busquemos a la gente para que se presente a declarar, pero pues yo digo, eso no nos toca a nosotros”, sino a las autoridades, expresó.

Sofía Mendoza dijo que ayer se renovó la seguridad en torno a los sobrevivientes, familiares e integrantes de Unidad Popular, e indicó que en su caso empezó a recibir llamadas telefónicas constantes de la policía del estado en la región y ha observado rondines frecuentes, lo cual dijo ocurre en el primer día después del acuerdo con el secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez.

“Eso es hoy (ayer) en el primer día, esperamos que así sea en los próximos”, dijo.

Añadió que no trae escolta porque no la quiere y espera que continúen los rondines de la policía.

Por separado Martínez Cruz dijo que desde hace tres semanas no tiene comunicación con los sobrevivientes y están en zozobra porque no saben dónde están.

“La gente tiene desconfianza, tiene miedo y no se ha podido hacer un contacto bien con ellos para poder decirles que ya están en condiciones de declarar o decirles qué hacer”, dijo.

“En el momento en que haya la suficiente confianza ellos tienen que declarar lo que pasa, es que ellos tienen miedo, están aterrorizados”, manifestó.

Admitió que la falta de declaración de los testigos puede darle al gobernador momentáneamente la excusa para no investigar, pero confió en que los sobrevivientes rindan su declaración en cuanto “tengan confianza de que no les va a pasar nada”.

Opinó que los llamados de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que demandan el esclarecimiento inmediato del asesinato de los tres activistas de Unidad Popular y exigen medidas cautelares para los sobrevivientes y sus familias muestran que están conscientes de que el triple homicidio “es un crimen político”.

El 30 de mayo desaparecieron ocho integrantes de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Banderas Román, Efraín Amates, Gregorio Dante Cervantes Maldonado, Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza y Jimmy Castrejón.

El 3 de junio fueron encontrados los cuerpos de Hernández Cardona, Román Ramírez y Banderas Román y se supo que Efraín Amates, Gregorio Dante Cervantes, Héctor Arroyo y Nicolás Mendoza lograron escapar, y que Jimmy Castrejón nunca estuvo con los desaparecidos porque logró escapar desde el mismo 30 de mayo.

El 6 de junio se supo que los sobrevivientes huyeron de Iguala sin que nadie pueda comunicarse con ellos, y el 10 de junio se restableció comunicación con uno de los sobrevivientes, Héctor Arroyo.