Hasta a la Codehum le tienen desconfianza los sobrevivientes de Iguala, dice Lugo Cortés

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El visitador general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, dijo ayer que “existe temor y desconfianza”, incluso hasta hacia ese organismo oficial, de parte de los sobrevivientes de Unidad Popular (UP) de Iguala para que proporcionen información sobre el secuestro y asesinato de tres dirigentes de esa organización.

Ello luego de que el gobernador les pidió su colaboración el miércoles en Acapulco, para avanzar en las investigaciones del triple crimen.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, Victoriano Sánchez Carvajal, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha respondido a la solicitud de atracción del caso.

El caso de los 8 dirigentes de la UP secuestrados el 30 de mayo pasado en Iguala, Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Gregorio Dante Cervantes Maldonado, Ángel Román, Efraín Amates Luna, Jimmy Castrejón, Nicolás Mendoza Villa y Rafael Banderas Román, y la posterior ejecución de Hernández Cardona, Román Ramírez y Banderas Román, fue uno de los asuntos que más se pusieron como ejemplo de la vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de derechos humanos y dirigentes sociales en la entidad, ayer durante la presentación del Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance, de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),

Al final, consultado al respecto, el visitador de la Codehum informó que el organismo ya solicitó las medidas cautelares al gobierno estatal para que se brinde la protección a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.

Pero dijo que el problema es que existe “temor y desconfianza” incluso para ese organismo, puesto que tampoco les quieren dar información y recibirlos en sus casas.

Sin embargo, aseguró que el organismo está pendiente de que se cumpla con la implementación integral de las medidas cautelares.

Dijo que entre éstas están los rondines permanentes por parte de elementos policiacos en sus domicilios, así como la dotación de aparatos telefónicos para llamadas directas a las autoridades y para haya una reacción inmediata cuando lo requieran.

Informó que de parte de las autoridades estatales se realizan llamadas diarias para conocer sus inquietudes.

Por su parte el subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Victoriano Sánchez Carvajal, declaró, entrevistado al final de la presentación del informe, que la PGR aún sigue sin notificar si atrajo la investigación del asesinato de los tres activistas de la UP.

“Nosotros creemos que hay elementos para que las autoridades federales realicen las indagaciones, toda vez que hay elementos que establecen que en esos hechos hubo delitos de carácter federal”, mencionó.

El subsecretario aseguró que las medidas cautelares a los sobrevivientes y miembros de la UP se les viene brindando por parte de la policía estatal.

Sin embargo, señaló que cinco de los activistas y sus familias no han sido ubicados ya que se presume que salieron de Iguala.

Pero afirmó que la Procuraduría sigue con las investigaciones para esclarecer el caso.

“Cuando la PGR nos notifique que ya va a investigarlo (el caso), la Procuraduría le hará un desglose de las indagaciones que ha estado realizando”, explicó.