Se deben cumplir en el estado las medidas de protección a defensores: Centro Kennedy

*Kerry Kennedy, presidenta de la organización, se reúne con el gobernador para formalizar su compromiso de acompañar el trabajo que Tlachinollan emprenda durante los próximos seis años, informa Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En un estado como Guerrero, donde los defensores de derechos humanos son asesinados y amenazados, la situación en esta materia es difícil, dijo ayer aquí la presidenta del Comité de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Robert F. Kennedy, Mary Kerry Kennedy.
Kerry Kennedy, y el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, se reunieron ayer en Casa Guerrero con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, para pedirle que el gobierno estatal cumpla con las medidas cautelares de organismos internacionales para la protección de los defensores y dirigentes sociales que se encuentran en situación de riesgo.
En el encuentro, realizado en un salón de la residencia oficial del gobernador, también estuvieron el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, y el procurador de Justicia del estado, Alberto López Rosas; así como Salvador G. Sarmiento, oficial de Incidencia Sobre Temas de México, de la Fundación Kennedy y Marcela Goncalvez de la misma oficina.
Tras la reunión privada, Abel Barrera informó que el encuentro con el gobernador fue para que Kerry Kennedy formalizara ante el gobierno estatal su compromiso de acompañar todo el trabajo e iniciativas que Tlachinollan emprenda durante los próximos seis años.
Dijo que en la reunión le manifestó al gobernador que ella dará seguimiento a todo lo relacionado con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), y que la postura que ha asumido el gobierno de no permitir que se envíen las investigaciones al fuero civil del estado en verdad se mantengan. Dijo que en este aspecto el gobernador se comprometió a mantener esa postura, que sostienen Tlachinollan y las víctimas, pues de acuerdo con el fallo de la Corte, la investigación debe estar a cargo del fuero civil federal, o sea, la Procuraduría General de la República.
“También mostró la preocupación sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, el cumplimiento de las medidas provisionales y que en verdad se vaya avanzando en las investigaciones relacionadas con los defensores”.
En el encuentro el centro Kennedy y Tlachinollan sacaron también el tema de la Iniciativa Mérida, “quería saber ella qué programas y que apoyos está requiriendo el gobierno estatal a través de esta iniciativa, pero el gobernador y el secretario de Seguridad Pública dijeron que no ha habido ningún apoyo por parte de la Iniciativa Mérida”, dijo Barrera Hernández.
Explicó que el tema preocupa a los organismos de derechos humanos, porque se debe de informar claramente a la sociedad sobre los compromisos que están asumiendo los gobiernos de los estados, “y esto no se ha dado”, indicó.
El director de Tlachinollan dijo que el tema prioritario fue el cumplimiento de las sentencias en los casos de las indígenas violadas por efectivos del Ejército mexicano, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
“El gobernador se comprometió a darle seguimiento a los casos y, en lo que le corresponde, tener reuniones con las víctimas, porque ha habido reuniones en donde no están tomando en cuenta a las víctimas y ahora hay un compromiso expreso de que no va a haber ninguna reunión de funcionarios del gobierno del estado, si antes no se convoca a las víctimas y se toma el parecer de ellas”, señaló.
En cuanto a las medidas cautelares para la protección de los defensores, el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, dijo que para el resguardo de las oficinas de Tlachinollan en Ayutla se requiere de la colaboración del organismo para que se construya una caseta y se proteja de la intemperie a los elementos de seguridad.
Al respecto Barrera Hernández dijo ayer que el planteamiento está fuera de contexto “porque ahora resulta que los defensores vamos a proteger a los policías, el estado y las autoridades tienen la obligación de que para el servicio de seguridad que va a prestar a los defensores, tiene que crear las condiciones apropiadas para su labor de seguridad”.
Indicó que el mandato de la Corte Interamericana es que las autoridades tienen  que crear las condiciones para brindar estas medidas de seguridad, “pero ahora resulta que para que nos cuiden, los defensores tenemos que pensar en cómo hacer que quienes nos van a dar protección no se mojen”, y dijo que son las autoridades quienes tienen que prever todas estas situaciones.

Se constató el trabajo en materia de derechos humanos, dice López Rosas

Al final de la reunión, sólo los representantes de los organismos de derechos humanos y algunos funcionarios se quedaron unos minutos para informar sobre los temas tratados en el encuentro.
El procurador Alberto López Rosas informó que en la reunión con los representantes de la Fundación Kennedy y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan,  “constataron la postura del gobernador de trabajar de manera muy objetiva en el tema de los derechos humanos”.
Indicó que en la reunión “quedó constancia de que hoy hay un cambio de postura y de que este gobierno, en esa apertura que está demostrando, tiene todo el interés de que se dé cumplimiento a las resoluciones por violaciones a los derechos humanos que se hayan dado en el pasado”.
Informó que en la reunión explicó que en los casos de violación sexual por elementos del Ejército a Valentina Rosendo e Inés Fernández, la Procuraduría está realizando una revisión, para ver si hubo indolencia o negligencia de algunos funcionarios de aquél tiempo y ver la posibilidad de aplicar sanciones.
Recordó que en la resolución de la Corte Interamericana se señala que algunos agentes del Ministerio Público no fueron diligentes en su momento y que es en ese sentido que se está haciendo la revisión.
Agregó que también expuso que está trabajando en la capacitación del personal en cuanto a abuso sexual contra la mujer “estamos estableciendo un centro de atención a víctimas de este delito en Ayutla, como lo reclama la resolución y, en sí, estamos atendiendo plenamente esta resolución”.
El procurador de Justicia dijo que en la reunión fueron los casos de Valentina e Inés los que se delinearon como prioritarios, “pero sobre todo se estableció un vínculo que sin duda nos va a permitir dejar satisfechas a las partes “.

En Guerrero los defensores viven una situación difícil: Kerry Kennedy

La presidenta del Comité de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Robert F. Kennedy, Mary Kerry Kennedy, dijo ayer que en Guerrero, un estado donde se asesina y se amenaza a los defensores, se viven una situación difícil en materia de derechos humanos.
“Como ustedes saben han habido muchos asesinatos de defensores de derechos humanos en el estado, y por ejemplo las violaciones y la tortura en contra de Inés y Valentina que son defensoras de derechos humanos, y las amenazas y hostigamientos en contra de defensores, claro que son amplias violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales”, dijo Kerry, auxiliada por un traductor.
Dijo que en particular el de Inés y Valentina fue un crimen “horrorífico” por elementos del Ejército, mismo que no se ha aclarado totalmente y que el gobierno federal no ha actuado apropiadamente “y esperamos lleven a la justicia a los que cometieron ese crimen”.
Indicó que de acuerdo con la Suprema Corte de México y la Coidh, los militares se tienen que juzgar por los tribunales civiles.
Agregó que en particular los defensores de derechos humanos sufren una situación muy difícil en Guerrero y que el lunes se reunió con 40 defensores del municipio de Ayutla, “muchos con amenazas de muerte, y nada más por demandar los derechos humanos que son universales y para todos”.
También citó los casos de violaciones a los derechos a la educación, al cuidado médico “y una amplia gama de violaciones a los derechos humanos”.
Sin embargo, afirmó que en la reunión de ayer, el gobernador y sus funcionarios “dieron garantías de que se atenderán varios temas que les platicamos”.
Indicó que, en general, escucharon muchas cosas positivas, “pero vamos a estar acompañando todo el trabajo de Tlachinollan en los próximos seis años, va a ser una relación muy intensiva”, y agregó que de hecho ya lo ha venido haciendo pues desde que esa fundación otorgó el reconocimiento al director Abel Barrera –en noviembre del año pasado–, y ha venido cuatro veces a Guerrero.
Indicó que la fundación va a seguir trabajando con las comunidades y organizaciones indígenas, en particular con las víctimas de las violaciones de derechos humanos, “y también con Tlachinollan para acompañar el trabajo que están haciendo y hacerlo más objetivo”.
En cuanto a la Iniciativa Mérida, explicó que lo expuso ayer al gobierno de Guerrero porque el gobierno de Estados Unidos está dando asistencia a través de ese programa “y hay fallas al no cumplir con las sentencias de la corte y sacar los casos de abusos de militares, lo que significa que no están cumpliendo con uno de los cuatro requisitos de la Iniciativa Mérida y se tienen que bloquear los fondos del gobierno estadunidense”.