Tlachinollan

En defensa de las defensoras y defensores

El pasado jueves 4 de julio se realizó en Chilpancingo, la presentación del Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: Actualización 2012 y balance 2013 de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El informe reconoce “la persistencia de la situación de adversidad que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México”. La elección de Guerrero para presentar el informe no es fortuita. El estado junto a Chihuahua y Oaxaca, está “dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones desde el 2006”. A éstas se le suman ahora, Coahuila y el Distrito Federal.

En Guerrero, la situación continúa sombría y se volvió desastrosa por los últimos acontecimientos que hemos vivido con los asesinatos de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas, quienes por su compromiso con la gente más pobre de Iguala fueron desaparecidos y posteriormente ejecutados. A pesar de que la opinión pública internacional así como varios organismos de derechos humanos han exigido que se investiguen a fondo estos hechos y se garantice la vida de los cinco compañeros sobrevivientes, las autoridades del estado siguen cargándole a los familiares la responsabilidad de que aporten datos para que el órgno investigador pueda hacer su trabajo.

En la entidad hay situaciones similares a las que se presentan en estados norteños como Chihuahua y Coahuila, en el sentido de que los altos niveles de violencia e inseguridad repercuten en la exacerbación de las agresiones contra defensores y  defensoras. Al igual que como ocurre en Chiapas o Oaxaca, en Guerrero la vulnerabilidad de defensoras y defensores también está relacionada con la resistencia de algunas comunidades contra intereses privados de grupos poderosos que promueven modelos de desarrollo ajenos a la visión de los pueblos.

Es importante resaltar cómo muchas agresiones son perpetradas por actores no estatales, principalmente identificados con “cacicazgos locales”; es decir, por “actores que por encima de las prácticas democráticas ejercen una indebida influencia en asuntos políticos, administrativos o económicos, pudiendo tener o no cargos dentro de la función pública”. Guerrero también es ejemplo de ello. Ahí están las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, Presidenta y Coordinador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), quienes denunciaban los abusos de grupos de poder en la sierra y de cuyos casos hasta la fecha se desconocen los avances de las investigaciones. Las autoridades del estado se refugian en argumentos legaloides, al comentar que las investigaciones las realiza la PGR. Esto nos indica que no hay coordinación para coadyuvar en las investigaciones, dejando a las familias sin ningún dato que le indique en qué estado se encuentra la indagatoria.

El informe de la ONU es un testimonio de la impunidad que impera en varios estados del país. Reconoce que perduran los impedimentos para identificar y sancionar a la mayoría de los presuntos responsables de las agresiones contra defensoras y defensores. La impunidad existente favorece a la generación e incluso a la repetición de las agresiones y agrava el nivel de riesgo en que las y los defensores continúan su labor. De todos los casos que la OACNUDH ha documentado en este informe, no hay uno solo en que el proceso penal haya resultado en sentencia condenatoria. La continua impunidad en casos de amenazas y agresiones  contra defensores de derechos humanos es un aliciente para que se cometan actos tan cruentos como los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, como sucedió en febrero de 2009 y los recientes de Arturo Hernández, Ángel Román y Félix Rafael Banderas.

Es importante resaltar que la ONU recomienda al Estado mexicano que realice “una campaña masiva y sostenida para visibilizar y reconocer la legitimidad del trabajo de las y los defensores, así como para difundir la declaración sobre defensores de derechos humanos entre la población en general y, de manera particular, entre las y los funcionarios de todos los poderes y niveles de gobierno”.

Esta campaña en nuestro estado ha pasado de noche, a nadie le interesa saber sobre lo que hacen y la importancia que tiene el trabajo de las y los defensores. Un ejemplo reciente sobre la forma cómo perciben las autoridades los movimientos de protesta, lo tenemos con las recientes movilizaciones magisteriales, donde el gobernador, declaró sin rubor sobre la influencia de “otros actores” que atizaban las demandas del movimiento del magisterio disidente. Públicamente puso en duda la autenticidad del movimiento. Un funcionario que descalifica a los defensores es un funcionario que alienta las agresiones. Esto lo vemos también  cuando se define a los movimientos sociales como dirigidos por “revoltosos” “cercanos a las guerrillas” o “defensores del crimen organizado”. Esto mismo sucedió  con las lamentables declaraciones del presidente municipal de Iguala  contra  Arturo Hernández, líder de la Unidad Popular (UP), al declarar que era una persona que lucraba con la gente y que se enriquecía con su activismo. Estas agresiones contra una o un defensor son graves en sí mismas, pero son aun más graves cuando provienen de elementos del Estado.

El informe destaca que es indispensable acabar con el  uso del sistema penal que tiene como fin avieso limitar la actividad de líderes sociales.  El uso del sistema de justicia para inhibir el espacio de acción de las y los defensores de derechos humanos es una acción común en nuestro estado. El caso de Maximino García Catarino, integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, quien fue detenido el 21 de enero de 2012 y falsamente acusado por el delito de homicidio. Se demostró su inocencia logreando su libertad el 20 de marzo de ese mismo año. Esto mismo sucedió con Raúl Hernández, quien estuvo preso por más de dos años por un delito que no cometió. Ambos casos son ejemplos paradigmáticos de una clara utilización del sistema judicial para impedir que el defensor continúe con sus acciones en defensa de sus comunidades.

Sobre la creación de un mecanismo de protección para defensores y defensoras, en el estado de Guerrero se ha firmado un acuerdo de coordinación con el gobierno federal, sin embargo, hasta la fecha se desconoce cómo opera y qué garantías hay para su apropiada aplicación.

Cada vez es más frecuente que las y los defensores en situaciones de riesgo se vean obligados a salir de sus lugares de residencia, a causa de que el Estado no toma medidas eficaces para protegerlos. Esto sucedió con nuestro compañero Vidulfo Rosales Sierra, quien hace más de un año tuvo que salir del estado a consecuencia de varias amenazas de muerte. La incapacidad y falta de voluntad por parte de las autoridades federales y estatales de proveer de manera coordinada medidas de protección efectivas a defensoras y defensores es uno de los más grandes obstáculos para que continúen con su labor. Las autoridades no nos dejan otra alternativa que recurrir a medidas de auto cuidado y  tener que restringir varias actividades que cotidianamente realizamos. Nos obligan, pues a vivir casi enclaustrados, sin derecho a convivir con la gente con la que nos identificamos.

La ONU recomienda abrir un canal de comunicación directa entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las y los defensores de derechos humanos, especialmente en aquellas entidades en las que el Ejército mexicano participa con mayor intensidad en tareas de seguridad pública. Esta recomendación está muy difícil de ser cumplida por las autoridades castrenses, quienes han asumido una postura beligerante y poco constructiva con las organizaciones sociales y los grupos de autodefensa, a los que descalifica al afirmar que atrás de ellos “existe una mano que mece la cuna”

El organismo pide también revisar el código de justicia militar a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar que las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares sean competencia exclusiva de la justicia civil. La revisión al código de justicia militar es una deuda pendiente del Estado mexicano, que se mantiene en desacato a lo ordenado en cuatro fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan al Estado mexicano llevar las reformas necesarias en esta materia.

Es lamentable que por parte del Ejército existan declaraciones incendiarias e irresponsables que llaman a la polarización de los movimientos sociales, cuando su papel en las acciones de seguridad pública son inconstitucionales y deberían de estar apegadas a las acciones y controles de las autoridades civiles.

Sobre el combate la impunidad, la ONU plantea la necesidad de que se elabore un protocolo de investigación que pueda ser utilizado por las procuradurías de justicia en todos los casos donde las y los defensores denuncien amenazas y agresiones que están relacionadas con su labor.

La continua impunidad de quienes atacan a los defensores de derechos humanos son un aliciente para que se cometan actos tan cruentos como los asesinatos de los compañeros Raúl Lucas Lucía  y Manuel Ponce Rojas, en febrero de 2009, el de Quetzalcóatl Leija Herrera, defensor de los derechos de la comunidad LGBTTTI, en mayo de 2011. Ninguna de estas graves violaciones de derechos humanos han sido sancionadas.

De igual forma, los asesinatos de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas Román cuyos cuerpos fueron encontrados con los ojos vendados y con señales de aparente tortura, nos reiteran la necesidad de tomar acciones urgentes e inmediatas para evitar que esto vuelva a suceder.

Respecto a los organismos públicos de derechos humanos se recomienda la creación de programas especializados en el tema de defensoras y defensores y establecer criterios objetivos para dictar medidas urgentes. La Codehum ha implementado estos mecanismos, sin embargo, no cuenta con los recursos necesarios para hacer eficaz su trabajo como ombudsman.

Para Tlachinollan, el combate a la impunidad pasa necesariamente por las investigaciones de las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista; las ejecuciones de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, el asesinato de Quetzalcóatl Leija Herrera y las ejecuciones de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera y Ángel Román Ramírez. La comunidad de defensores y defensoras se une al clamor de justicia de sus familiares. Nos solidarizamos con su lucha y en todo momento honraremos su memoria.