Ha expulsado Guerrero a 400 mil jornaleros en 13 años; sufren de discriminación racial, informa Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El estado de Guerrero, y principalmente la región de la Montaña, mantiene los índices más altos en materia de expulsión de migrantes al interior del país e internacionales, de quienes a menudo son vulnerados sus derechos por discriminación racial, el Estado les regatea su derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, sus derechos económicos, sociales y culturales.

Según un diagnóstico que presentó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan al Senado de la República el 27 de junio, en los últimos 13 años han migrado de Guerrero cerca de 400 mil jornaleros y jornaleras agrícolas de las zonas indígenas y rurales del estado.

La mayoría de ellos salieron de municipios de la región de la Montaña, que es la principal expulsora de mano de obra a 16 entidades del país y que, de acuerdo con ese estudio, Sinaloa concentró en el 2013 el 90 por ciento de los jornaleros y jornaleras agrícolas provenientes de la región Montaña y la Costa Chica de Guerrero.

“Migrar de sus lugares de origen para trabajar en campos agrícolas como jornaleros o jornaleras se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia a la que recurren poblados enteros”, expresa el documento del organismo elaborado con datos actualizados en los años 2012 y 2013 y que arroja la radiografía sobre la migración en la Montaña.

Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña documentaron, sólo entre los años del 2006 al 2012, la migración de 49 mil 89 jornaleras y jornaleros agrícolas de esa región, todos ellos provenientes de 362 comunidades indígenas.

Dicho estudio reveló también que la temporada alta de migración interna se da entre los meses de septiembre y enero, y que noviembre y diciembre son los meses “con más alto índice de salidas”.

Derechos vulnerados

El organismo, documentó la violación constante de los derechos humanos de los jornaleros y jornaleras lo que, dijo, ha sido foco de recomendaciones. Encontró que la violación a sus derechos humanos son en materia de discriminación racial, educación, alimentación, derechos de los pueblos indígenas, derechos económicos sociales y culturales y derechos de los migrantes.

En el documento entregado al senado Tlachinollan expuso por ejemplo que los migrantes constantemente se ven expuestos a la ausencia de contratos, y manifestó que de acuerdo con cifras oficiales, el 90 por ciento de los jornaleros y jornaleras agrícolas no cuenta con un contrato formal de trabajo.

“El proceso de enganchamiento de las y los jornaleros se lleva a cabo en su comunidad de origen a través de contratistas, a quienes las empresas agrícolas subcontratan para que se hagan responsables de contratar la mano de obra”, subraya.

Manifestó que el “enganche” es un acuerdo laboral informal, que no representa ninguna garantía, sobre todo en lo relativo a las condiciones en que se hará el viaje a los campos agrícolas, a los lugares en donde van a vivir, a los servicios que les brindará la empresa; así como el pago de sus salarios, tiempo extra, retiro, entre otros, pues todo se acuerda de manera verbal.

Manifiesta que el tema de los traslados “es especialmente preocupante” y señala que en algunos casos las empresas agrícolas contratan el servicio de autobuses particulares para que trasladen a los jornaleros desde su lugar de origen hasta las zonas en donde van a trabajar, pero algunas empresas no garantizan el transporte de regreso.

Además de que en estados como Nayarit, Zacatecas y Chihuahua, las familias jornaleras se desplazan por su cuenta en vehículos particulares, por lo que es frecuente que durante los trayectos sean víctimas de extorsiones.

“Por otro lado, hemos documentado accidentes de autobuses debido a las malas condiciones de las unidades” y denuncia que los campos agrícolas, en estos casos, no se hacen cargo de su responsabilidad pues alegan que los traslados no son materia de la contratación.

Otra de las violaciones a sus derechos es el nulo acceso a la seguridad social, pues según ha documentado Tlachinollan, a pesar de que la vida de las y los jornaleros corra riesgos debido a los materiales tóxicos a los que están expuestos no acceden a esquemas de seguridad social, “sobre todo en lo que se refiere al uso de agroquímicos prohibidos en otros países”.

El documento explica que según la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, el 54.8 por ciento se expone a agroquímicos y 45.9 por ciento dijo no haber recibido atención de un médico o enfermera.

“Para atender su salud, la mayoría de las y los jornaleros debe de recurrir a médicos particulares pues sólo en algunos lugares cuentan con servicio médico del IMSS”, y se asentó que esta situación se agrava en el caso de las mujeres que requieren acceder a “servicios de salud sexual y reproductiva”.

También documentó que la gran mayoría no reciben prestaciones, aguinaldo, pago del séptimo día, ni prima vacacional.

Estancia indigna

Tlachinollan expuso al Senado que en la mayoría de los casos las familias jornaleras pasan la temporada en condiciones indignas sin que haya una supervisión estrecha del Estado en este rubro.

“En algunos campos agrícolas, las galeras en donde viven las y los jornaleros no cuentan con instalaciones dignas ni con servicios básicos. Hemos documentado que en algunos estados las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra, a donde llegan a vivir en promedio de 50 a 100 personas y ante siniestros como los incendios, las empresas asumen parcialmente su responsabilidad y no dan la atención debida para prevenirlos”.

El diagnóstico reveló que lo más grave es que en los campos agrícolas prevalece la presencia de niñas y niños trabajadores, y que por lo general laboran en zonas donde no se hacen inspecciones.

Dice que en 2009, la ENJO (Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas) informó que del total de la población jornalera agrícola, poco más de 3.5 millones son niños y niñas menores de 18 años, el 38.9 por ciento del total.

Tlachinollan agrega que en años recientes, la problemática del trabajo infantil ha cobrado visibilidad en los medios de comunicación, pero las políticas públicas impulsadas en este renglón parecen concebir que el problema se resuelve prohibiendo el ingreso de los niños y las niñas a los campos, “sin atender que en la medida en que el salario de los padres de esos menores siga sin ser remunerado y en la medida en que no se amplíe la red de estancias infantiles y escuelas, esta prohibición es insuficiente y sólo traslada el trabajo infantil a los campos que están en la informalidad”.

El organismo denunció que estas violaciones a los derechos humanos podrían continuar indefinidamente y cuestionó al Senado que, mientras tanto, “¿qué ha hecho el Estado mexicano para proteger y garantizar los derechos de la población jornalera?”.

Citó que, si a caso, el Estado se ha limitado a crear programas para atender la situación de las familias jornaleras migrantes como el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Sedesol, el de Movilidad Laboral del Servicio Nacional del Empleo, el  Programa de Educación Básica para niñas y niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim), entre otros.

“Más recientemente, atestiguamos la muy publicitada creación de una Comisión Intersecretarial para atender la problemática del Trabajo Infantil, sin embargo, dichos programas presentan serias deficiencias y no cuentan con un enfoque integral, lo que impide que las causas estructurales del éxodo de las familias indígenas sean atendidas de raíz”, expuso.

Además, reveló que en una reciente visita “de documentación” realizada por el equipo de Tlachinollan a Sinaloa, Sonora y Guanajuato, “constatamos que la población jornalera no tiene información sobre los programas sociales”.

Asimismo constató “que servicios elementales como las estancias infantiles no son gratuitos, que la cobertura de los programas es limitada, que la promoción social se ha reducido a la transferencia de recursos, que los trámites que las familias deben de cubrir para ser beneficiarias de los programas son en exceso complejos, que el acceso a servicios gratuitos de asesoría y representación en materia laboral es sumamente limitada y sobre todo que la política social está condicionada a las necesidades de las empresas agrícolas”.

En estas circunstancias, dice que “la política social termina siendo el paliativo que asegura que la mano de obra barata siga fluyendo. Las instituciones estatales terminan siendo, en este esquema, poco más que agencias de colocación”.

Y denunció que los programas sociales diseñados para la atención de la población jornalera “están hechos para reproducir el esquema de explotación laboral”.

Para revertir esta situación, el organismo propuso la implementación de políticas públicas “que con urgencia deben y pueden ser corregidas en el corto plazo”.

Planteó revisar el esquema de guarderías y estancias infantiles, pues explicó que la erradicación del trabajo infantil pasa por el pago de salarios justos y por la construcción de espacios donde las niñas y los niños jornaleros puedan pasar la jornada.

Asimismo, propuso “fortalecer el componente de promoción social en los programas de atención a la población jornalera”, porque aclaró que dada la vulnerabilidad de la población jornalera, “la política social no puede limitarse a la transferencia de recursos”.

Asimismo demandó desarrollar y mejorar el marco normativo que fije los estándares mínimos que deben de cumplir los albergues para jornaleros y jornaleras, pues dijo que “el marco legal aplicable a los albergues es limitado y la supervisión de las autoridades en este rubro, es prácticamente inexistente”.

También propuso diseñar y establecer cláusulas de respeto a los derechos laborales en los subsidios que se entregan a los campos, pues “las empresas dueñas de los campos agrícolas reciben subsidios directos o indirectos de varias secretarías y dependencias”.

También pidió diseñar programas de vigilancia para los traslados, toda vez que “hoy en día el Estado mexicano apoya la movilidad laboral de los jornaleros pero desatiende con negligencia la seguridad de los traslados”.

Pidió incrementar las inspecciones laborales y abolir las restricciones legales existentes para visitas no anunciadas a campos agrícolas, y que “las autoridades federales y estatales del trabajo deben de ejercer con seriedad sus facultades para asegurarse de que la certeza y el monto de las sanciones por violar los derechos laborales de las y los jornaleros disuada a los dueños de los campos de hacerlo”.

Con ello, Tlachinollan asentó en su escrito entregado al Senado que “no es falta de propuestas ni de iniciativas lo que agrava la situación de la población jornalera”.

Informó, en este contexto, que están los esfuerzos “incipientes” por formar un Consejo de Jornaleros de la Montaña con “los esquemas organizativos propios que se expresan en las mayordomías, la presentación de demandas laborales colectivas como lo hicimos con un grupo de jornaleros me’phaa de Tonaya en Sinaloa hace algunas semanas y la realización de foros”.

El documento concluye, “desde Tlachinollan, en ello ciframos nuestra esperanza, en medio de la abrumadora desazón que genera la situación de las y los jornaleros en el presente”.