Exigen ONG justicia y reparación del daño por los tres migrantes na’ savi muertos en el desierto de Arizona

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Ante la muerte por deshidratación de tres guerrerenses en el desierto de Arizona, más de 60 organizaciones civiles y de derechos humanos del estado y del país exigieron al gobierno de México, al de Estados Unidos y a los países latinoamericanos, que se prevengan estos daños, en lugar de acentuar el riesgo con la inminente aprobación de una Reforma Migratoria.

A nivel local, demandaron que la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del estado se fortalezca como una instancia gubernamental capaz de atender las diversas necesidades de los migrantes, en particular de los indígenas, tanto en su lugar de origen como en los Estados Unidos.

Sin embargo, “para esto es importante que su presupuesto sea empleado con un enfoque integral y no solamente asistencialista”.

En un comunicado que firman entre otros, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Foro Migrantes y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, se pronunciaron por justicia y reparación del daño por la muerte de Inocencio, Macario y Humberto Plutarco de Jesús de 24, 18 y 15 años de edad respectivamente, en el desierto de Arizona el 19 de junio cerca de Phoenix.

Denunciaron que el deceso de los jóvenes migrantes originarios de Cuanacaxtitlán, Municipio de San Luis Acatlán, “son el resultado perfectamente predecible de la militarización de esa línea fronteriza durante los últimos 20 años, que ha desviado los flujos de migrantes de rutas tradicionales, ahora inaccesibles, hacia las más peligrosas”.

Asimismo, aseguraron que esa militarización estimula el flujo de bandas de traficantes humanos y sus cómplices, incrustados en las autoridades en los dos países y en todos los niveles de gobierno, tanto en sus mandos civiles como militares.

Sobre esto, denunciaron que el riesgo será mayor con la inversión de 46 mil de millones de dólares, para la ampliación de las bardas fronterizas, el despliegue de 40 mil elementos más de la Patrulla Fronteriza y de medidas más sofisticadas de intercepción terrestre y aérea, incluyendo drones (aviones no tripulados), como los utilizados para cazar a sospechosos de  terrorismo en Paquistán o Yemen.

Consideraron que estas medidas son para bveneficar a los mismos contratistas que lucraron con las guerras en Irak y Afganistán y que en México van a instalar un virtual “estado de guerra en la frontera”.

Destacaron que el padre de las víctimas reveló que Inocencio, el mayor de los tres migrantes, era jornalero en un campo agrícola en Sonora y pidió a sus hermanos que lo acompañaran a la frontera de los Estados Unidos.

Los jóvenes desconocían que desde el inicio de su militarización en 1994, la frontera se ha convertido en una trampa mortal para más de 5 mil migrantes, muchos más que los caídos en el muro de Berlín entre 1962 y 1989, aunque esta información no se difunde por los gobiernos que desde entonces firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Informan que se ha documentado que desde hace 50 años muchas personas de la región de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, ven en el país vecino una opción ante falta de empleo y oportunidades de desarrollo en sus lugares de origen, pero “la frontera se convirtió en un cementerio de arena para miles de migrantes que la cruzan a diario, a manos los agentes de la policía fronteriza, de grupos antiinmigrantes, por cansancio, por la picadura de algún animal o deshidratación”.

Sólo el año pasado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan atendió 109 solicitudes de apoyo de migrantes de la Montaña, de los cuales 15 fueron para el traslado de cuerpos desde Arizona, Nuevo México, Pennsylvania,  Maryland, Tennessee, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois,  California, Virginia, Washington, Texas, Georgia y Florida, entre otros.

Consideran que esto indica que las políticas neoliberales sólo están produciendo pobreza, marginación y discriminación en las comunidades indígenas, sin respeto a la libre determinación ni a la autonomía de los pueblos, también implementa programas asistencialistas, procesos de militarización y  paramilitarismo para impulsar “mega-proyectos” de devastación ecológica.

Ante esto, y en particular por las muertes de Inocencio, Macario y Humberto, las organizaciones exigieron justicia, reparación integral del daño, y demandaron que se evite el protagonismo gubernamental ante un hecho tan lamentable y doloroso para la familia del Señor Antonio Plutarco de Jesús “y de todas las víctimas del terror estatal contra las y los migrantes en tránsito,de ambos lados de los muros con los que quisieran separarnos”.

Urgieron a las autoridades consulares, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores, y demás instancias a nivel federal, estatal y municipal, a que garanticen los  mecanismos de información, atención y difusión a los familiares de las y los migrantes de una manera adecuada y oportuna.

Aseguraron que en muchas ocasiones, la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales ha sido pasiva y dista de la creación de una verdadera política migratoria que otorgue, garantice y respete los derechos fundamentales de las y los migrantes.