Reforestan autoridades la sierra de Petatlán por mandato de la Corte Interamericana

Noé Aguirre

El Parotal

Funcionarios federales, estatales y municipales acudieron al ejido El Parotal con organizaciones ambientalistas y vecinos del lugar para reforestar la zona, en cumplimiento de un punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitida a favor de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.

Ayer, Día del Árbol, inició la reforestación en un perímetro de seis hectáreas del ejido El Parotal, con la plantación de cedro rojo y pino, pero se tiene contemplado introducir roble, caoba y parota. En esta primera etapa se plantarán 3 mil árboles y en total serán 10 mil en un proceso que durará 5 años, informaron los funcionarios.

A pesar de que durante el acto de arranque los representantes del gobierno federal explicaron que la reforestación era parte de la reparación del daño a los ecologistas torturados por el Ejército, Montiel Flores y Cabrera García, en entrevista la representante de la unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandra Negrete Morayta se contradijo y aseveró que era porque así lo habían solicitado los habitantes.

Del plazo que le dio la Coidh al gobierno para cumplir a cabalidad con la sentencia, dijo que no hay, porque casi todos los puntos son de carácter permanente y “la Coidh generalmente la da por cumplida cuando ya se ha demostrado durante un lapso de tiempo considerable que lo estás haciendo bien y lo vas a seguir haciendo”.

El encuentro se dio en el poblado de Santa Rosa y de ahí partió la caravana de unos 10 vehículos hacia el ejido El Parotal, ubicado a una media hora. Acudieron el delegado de Semarnat, Christian Garnica San Román, el coordinador de subdelegados de la Profepa, Carlos Hernández Albarrán, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ignacio Martín del Campo, de la unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandra Negrete Morayta, el director de Derechos Humanos de la Semarnat, Jorge Horí Fojaco, el gerente estatal de la Conafor, Jaime Aparicio, el director de Planeación de la Semaren, Moisés Padilla López, el subdirector de Ecología de Petatlán, Luis Galeana Rodríguez, el presidente del comisariado ejidal de El Parotal, Emiliano Guillén Mendoza, el representante del consejo de vigilancia del ejido El Parotal, José Luis López Mendoza, el Secretario General del Ayuntamiento de Petatlán, Nicolás Barrera Ávila, y de Sagarpa, Héctor Galeana Serna, además de los vecinos del lugar.

De la sentencia, la funcionaria federal dijo que todavía está en proceso de cumplimiento, que ya se pagaron las indemnizaciones y se les dio la atención médica, pero falta “la investigación de los hechos en relación a si existió o no el delito de tortura, la capacitación de los funcionarios públicos respecto al tema de tortura, y la creación de un registro nacional sobre detenidos, y la reforma al fuero militar”.

Agregó que estos puntos de la sentencia van avanzados, “están en proceso de cumplimiento pero ninguna va empezando”, y a pregunta expresa respondió que el punto más pronto a finalizar, es el proceso de reforestación que ayer se llevaba a cabo.

Al recordarle que antes había dicho que la reforestación no era un punto de la sentencia de la Coidh, volvió a mencionar que la sentencia va avanzada, “la capacitación se hace, lo que pasa es que la Corte nos lo dicta para toda la vida, entonces ya está cumplida al día de hoy pero tenemos que seguirla cumpliendo, la investigación ya lleva cierto avance considerable, el registro de detenidos existe, solamente hay que homologar de todos los estados, de todos los municipios, la forma en que se puede tener ese registro de forma nacional, y la reforma al fuero militar pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado pasos muy importantes y ya ha declarado inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar y ha solicitado que se declinen todos los casos en los que estén involucrados civiles, de la justicia militar a la justicia ordinaria”.

En el mismo contexto, dijo que “nosotros en mi área nos dedicamos al cumplimiento de la sentencia, y esta reforestación ni siquiera forma parte de la sentencia, sino que las víctimas solicitaron que para ellos era muy importante resarcir realmente todo el daño (de la deforestación en esa área), que hiciéramos una reforestación y el gobierno federal tomo la decisión de hacerla”.

Durante la toma de la palabra de los diferentes representantes de autoridades, participó el habitante de esa zona, Jesús Mendoza Guillén, quien mencionó el rechazo de los pueblos de esa zona al grupo de autodefensa de Tecpan y dijo que es importante ver por la paz y la tranquilidad de los pueblos y del campo, pues no sirve de nada la reforestación porque viene una crisis política y eso afecta al campo, “tenemos ya la consecuencia de la tala y lo mismo va pasar si no hay tranquilidad y respeto, queda en manos de las autoridades que resuelvan ese tipo de problemas”.

La reunión que se realizó ayer se programó desde el 26 de junio en la cabecera municipal de Petatlán, en donde se reunieron funcionarios federales, estatales y municipales y anunciaron que se haría la reforestación en cumplimiento a la sentencia de la Coidh.

El caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

El 2 de mayo de 1999, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos por el Ejército durante una irrupción a la comunidad de Pizotla en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.

El 28 de agosto del 2000, Rodolfo Montiel fue sentenciado a seis años ocho meses de cárcel y Teodoro Cabrera a 10 años por los delitos de portación de arma de fuego exclusiva del Ejército y delitos contra la salud.

El 25 de octubre de 2001 sus abogados, respaldados por organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra del Estado mexicano por haber violado los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso legal, a la protección judicial y al deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de los dos campesinos ecologistas.

El 8 de noviembre de 2001, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel fueron liberados por razones humanitarias, pero sin ser exonerados de los delitos que les imputaban, en respuesta a la petición al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 2 de noviembre de 2001, en donde solicitaba que respondiera a la demanda presentada en su contra.

Después de siete años de investigación, el 30 de octubre de 2008 la Coidh declaró al Estado mexicano responsable violentar los derechos de los campesinos ecologistas.