Tlachinollan

¿Qué pasa con los gobiernos municipales?

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Los ochenta y un municipios del estado nos muestran una radiografía sumamente catastrófica: todos se encuentran en bancarrota, a consecuencia del despilfarro y saqueo que realizaron las administraciones salientes. Arrastran deudas impagables y ante la falta de controles internos y la nula rendición de cuentas, no hay dinero que alcance para cubrir los gastos corrientes ni para atender las demandas básicas de la población.
Los presidentes municipales actúan como reyezuelos que cuentan con un séquito de burócratas encargados de promover el culto a su personalidad. Las principales actividades que se realizan en el ayuntamiento están mediadas por las ocurrencias que diga o los actos que realice. Todo está centralizado y nada se mueve sin su consentimiento. Son sumamente autoritarios, ególatras y protagónicos. Se asumen como la única autoridad del municipio e ignoran al cuerpo edilicio que en esencia conforma el gobierno municipal.
Esta distorsión del ejercicio del poder ha engendrado vicios y ha acendrado la práctica de la corrupción. El ayuntamiento funciona como un pequeño feudo que es administrado como una empresa particular. Los recursos financieros son manejados de manera discrecional, con criterios partidistas e intereses facciosos. No hay una visión de largo plazo que esté orientada a garantizar la participación de la sociedad en la planeación, diseño de propuestas, toma de decisiones e implementación de las políticas públicas.
Este nivel de gobierno, que tiene la posibilidad de estar sumamente legitimado por la población con la que interactúa, está alejado y confrontado con los ciudadanos y ciudadanas, a quienes por ley los alcaldes están obligados a servir. El origen de esta confrontación se debe a que la mayoría de las o los presidentes municipales llegaron al poder gracias a las prácticas fraudulentas que realizaron en el proceso electivo. Pagaron los votos y en gran medida obtuvieron los  recursos financieros de manera ilícita. Ya no es un secreto para la población (por todo lo que hemos padecido en las elecciones federales), de que las grandes cantidades de dinero que se manejan en las campañas, son producto de triangulaciones financieras de dudosa procedencia. A nivel municipal los diferentes candidatos ya cuentan con sus padrinos y saben con precisión cuántos millones se requieren para ganar la elección. Han aprendido que lo decisivo en una elección es el dinero, no tanto la propuesta de gobierno. Queda en segundo plano el apoyo y la confianza de la población, o la realización de una campaña limpia, honesta, volcada hacia la población, atenta a sus propuestas y sensible a sus necesidades básicas.
Los triunfos electorales están marcados por el signo de pesos. Se obtienen las constancias de mayoría como si fueran certificados que se otorgan como monedas de cambio, para recuperar el dinero invertido. Es obvio que los recursos financieros que se dilapidaron en las elecciones, además de recuperarse, tienen que asegurar negocios para amasar futuras fortunas. Además debe de garantizar a los padrinos que subsidiaron su campaña, su inclusión dentro del gabinete para que participen de las erogaciones públicas. También les brindará todo su apoyo para regentear negocios ilícitos al grado de aliarse con ellos para tomar el control de la plaza vía la delincuencia organizada.
En este proceso incipiente de nuestra democracia que está asediada por poderes fácticos y que está asentada en un sistema autoritario que se expresa regionalmente en gobiernos caciquiles, las autoridades municipales son el talón de Aquiles, porque se han transformado en rehenes de las mafias políticas y de la delincuencia organizada. En estos recintos pesan más los intereses privados y los negocios particulares. Las autoridades municipales no se identifican con los intereses de la sociedad que lucha por cambios estructurales, para hacer realidad la justicia, el desarrollo equitativo, el mejoramiento de la calidad de vida, la seguridad ciudadana, el combate a la corrupción y el ataque frontal a la impunidad.
Esta atrofia de los gobiernos municipales nos ha arrastrado al desfiladero de la violencia y nos ha endilgado el alto costo de su impericia y de su colusión con los grupos que viven del crimen y del dinero fácil. La inseguridad y la violencia que impera en todos los municipios de Guerrero nos remiten a las formas rudimentarias de cómo se disputa el poder en las urnas y la manera como se obtienen los triunfos.
Se pelea no solo la presidencia y lo que ésta representa política y económicamente, sino que se lucha palmo a palmo para controlar la plaza y tener el control territorial en favor de un grupo de la delincuencia. No es un conflicto que solo se dirime en la arena política y con los diferentes partidos, sino que es una confrontación bélica que está más allá del pleito por los votos y las carteras municipales. Tampoco es una lucha que se lleve ante los tribunales o que se traslade a los espacios públicos para hacer patente la protesta, sino que es una guerra que se dirime con las armas en la mano, y que se gana demostrando un poder destructivo, cometiendo atrocidades y causando bajas.
Se trata de someter a los poderes establecidos o de establecer alianzas subrepticias con ellos para empatar los intereses de los grupos políticos con los de la delincuencia. Las consecuencias son devastadoras, porque se trata de imponer el terror, de atentar contra la vida, de ajustar cuentas,  de despojar el patrimonio familiar y de tener asolada a la población, como una demostración fehaciente sobre quiénes en verdad gobiernan en las cabeceras municipales.
La violencia que a diario vemos en los periódicos, es una constatación de una realidad que ha evidenciado la incapacidad de las autoridades para hacer valer el Estado de derecho. La sociedad ya no está viendo en las autoridades municipales a un poder aliado a los intereses superiores de la colectividad, más bien las percibe como cómplices y como aliadas a los poderes delincuenciales. Las mismas corporaciones policiacas son cotos de poder que controlan o están al servicio de un grupo de la delincuencia. Se ha llegado al extremo de que en algunos gobiernos están incrustados dentro de la misma estructura y desde ahí dirigen las acciones criminales.
Por más que se sigan anunciando nuevos cuerpos de seguridad, como el mando policial único o la policía rural, no se están tocando los problemas de fondo y más bien se sigue encubriendo a quienes están detrás de un aparato represor que delinque, que violenta los derechos humanos y que goza de impunidad. No hay voluntad para depurar las corporaciones policiacas; para desterrar la corrupción y para investigar a las autoridades municipales que están coludidas con los grupos de la delincuencia. Se da por hecho que las autoridades están exentas de toda responsabilidad por lo que está sucediendo en sus municipios. Siempre ven que la población es la responsable del caos y que son quienes delinquen. No se quiere atender la gravedad que padece el sistema de seguridad y de justicia del estado. Está corroído y por lo mismo, están imposibilitados para ser un factor que ayuden a revertir este proceso de descomposición social ante la violencia que se enseñorea en todos los municipios del estado.
Las autoridades civiles y militares siguen culpando a la sociedad que se organiza para defender su vida, siguen criminalizando a los pueblos y organizaciones que deciden formar sus grupos de autodefensa o de policías comunitarios. Han asumido posturas duras e intransigentes, usando la fuerza para detener y desarmar a quienes están contribuyendo a contener la inseguridad. Se están acuerpando para cercar y amedrentar a la policía comunitaria.
También el gobierno del estado está improvisando propuestas para revertir conquistas históricas de los pueblos indígenas, como la constitución del sistema de seguridad y justicia comunitaria que lleva dieciocho años aplicando justicia y brindando seguridad en la Costa-Montaña, como la forma más efectiva de contribuir en las tareas que son responsabilidad de las autoridades.
El problema y los riesgos no están en la sociedad que se organiza para hacer efectivos sus derechos, sino en las mismas autoridades municipales, las corporaciones policiales, Ejército y la Marina que no han cumplido con el mandato constitucional de combatir a la delincuencia y de garantizar la seguridad. Se mantiene el mismo patrón de impunidad. No se atienden las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos, ni se cumplen los resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la reforma al código de justicia militar. Las autoridades civiles y militares que han atentado contra la vida, la integridad física y la seguridad de las víctimas siguen ostentando cargos y realizando funciones públicas como una demostración de que la ley tiene excepciones para los que violan los derechos humanos y cuentan con el apoyo de padrinos políticos.
Las autoridades tienen que corregir el rumbo, deben de atender los planteamientos de la sociedad, de resarcir los daños, de investigar a las autoridades que delinquen y castigar ejemplarmente a quienes han violentado los derechos de las víctimas. Todos sabemos que el cáncer de la corrupción y la violencia está enquistado dentro de las mismas estructuras gubernamentales. Esto lo sufre la sociedad que ahora no tiene otra alternativa que arremeter contra los grupos de la delincuencia y apelar a sus propias formas de organización comunitaria para pelear contra dos frentes; el delincuencial y el gubernamental.