Denuncian cinco asesores jurídicos violencia laboral y discriminación en la Semujer

*La titular de la dependencia Rosario Herrera dice que los abogados fueron acusados por algunos usuarios de pedirles hasta mil 500 pesos para copias y que la dependencia tiene siete quejas que ya fueron presentadas en la Contraloría Interna

Karla Galarce Sosa

Cinco asesores jurídicos sindicalizados de la Secretaría de la Mujer (Semujer) en Acapulco denunciaron violencia laboral y discriminación por parte de la titular de esa dependencia estatal, Rosario Herrera Ascencio, así como de represalias por el jefe del Área Jurídica, Ramón Alonso Ramírez ,a quien señalaron de quitarles unos 500 expedientes de procedimientos jurídicos porque solicitaron un bono mensual de dos mil 500 pesos el año pasado.
Ante la situación, Herrera Asencio respondió que los abogados fueron señalados por algunos usuarios por pedirles hasta mil 500 pesos para copias y aseguró vía telefónica que la Semujer cuenta con siete denuncias documentadas que ya fueron presentadas en la Contraloría Interna; sin embargo aseguró que sus derechos laborales como sindicalizados serán respetados.
En respuesta a la solicitud del bono, que comentaron los integrantes de la sección 21 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), la titular de la Semujer los amenazó con enviarlos a otras regiones de la entidad e informaron que ya fueron contratados cuatro abogados para llevar los casos.
Aseguraron que al sentir vulnerados sus derechos, interpusieron una queja en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos el 3 de julio, de la que esperan una respuesta.
Los cinco inconformes, quienes ofrecieron entrevistas a representantes de medios de comunicación en la recepción del Departamento Jurídico, informaron que desde el viernes Alonso Ramírez les exigió sacar sus pertenencias de los cubículos y despachos que tenían en la oficina delegacional, luego de entregar los expedientes ante la Contraloría estatal.
Acusaron al responsable del departamento jurídico de haberles prohibido hablar con las usuarias, ya fuera personalmente o vía telefónica, pues algunas tienen sus números de celular y les piden acompañamiento en las denuncias, sin embargo señalaron que no hay quien haga esas tareas.
Raymunda Xóchitl Salazar Chegüe explicó que son cinco trabajadores de base que realizaban tareas como asesores jurídicos. “Nosotros llevábamos, cada uno de nosotros, de 75 a 115 expedientes, pero a raíz de una petición que hicimos a la titular de la Semujer, Rosario Herrera, para que recibiéramos una compensación a nuestro salario porque recibimos un salario de 2 mil 900 pesos quincenales, únicamente se concedió a los empleados de confianza y supernumerarios, no así a los de base”, reclamó Salazar Chegüe.
Lamentó que ante su insistencia de aumento salarial, sólo consiguieran que Herrera Ascencio los amenazara con enviarlos a otras regiones de la entidad como La Montaña.
“A raíz de esto, le solicitamos que nos diera la compensación y en respuesta contrató a más abogados, haciendo nuestras peticiones y experiencia a un lado para que a los nuevos abogados les paguen alrededor de 7 mil pesos quincenales, con tal de no favorecer nuestros intereses”.
Aseguró que los tienen “congelados simple y sencillamente, sin asignarnos casos o alguna actividad para laborar”.
“Queremos dejar precedente de que todos tenemos el temor fundado de que ella pueda atentar contra nuestras personas, contra nuestros bienes y la hacemos responsable a ella y a los directivos de que nos puedan hacer algo en nuestra contra”, expresó la sindicalizada.
David Zepeda Herrera, Leticia Isidro Tránsito, Ana Claudia Hernández Flores y Edith Bahena López son los otros cuatro abogados inconformes.
Por separado, Rosario Herrera negó que implemente medidas de represión contra los sindicalizados y se avocará a lo que dicte la normatividad.
“No hay ninguna prueba que haga responsable a la Secretaría de la Mujer por lo que ellos están comentando. Algunos están cometiendo actos de corrupción. Tenemos todas las denuncias de las usuarias, tenemos documentos de que ellos nos piden no ser abogados y entregaron el viernes a la Contraloría. Tenemos información de que ellos citaron a usuarias que no debían ser citadas, llegaron a la oficina para generar un caos en la delegación, han actuado de mala fe porque utilizaron a las usuarias para una estrategia que tenían, pero nosotros vamos a respetar sus derechos laborales. Ellos nos estuvieron presionando para que les recibiéramos los expedientes y ahora con mentiras pretenden decir lo que no corresponde con la realidad”, aseguró la funcionaria estatal.
Cuando se le preguntó quién fue señalado por los usuarios por pedir dinero, la funcionaria estatal se negó a proporcionar algún nombre.
“Tenemos todos los documentos que llegaron hasta la Dirección de Personal, se hizo la investigación correspondiente y se puso a disposición, por los actos de corrupción que se estuvieron cometiendo, tenemos los números de las usuarias, las quejas, sus credenciales de elector y les había comentado que no se permitiría que los derechos de las mujeres y usuarias fueran violados”, argumentó.
Aseguró que durante el período de Zeferino Torreblanca Galindo había “muchos coyotes” que sólo esperaban las quejas de las mujeres para beneficiar a la contraparte.
Reiteró que la decisión de no seguir con los casos fue de los inconformes. “Nosotros nos vimos obligados a recibir los expedientes porque ellos nos lo pidieron y lo tenemos por escrito”, insistió.
Aseguró que de las acusaciones de corrupción que llegaron por escrito comenzaron procedimientos, mientras que espera que las usuarias inconformes entreguen documentos para dar curso a las suyas.
Al final Rosario Asencio vio como positivo que los usuarios sepan quiénes están inconformes para que los exhiban y se sepa quién más pedía dinero para llevar los casos. “El problema de fondo es eso, las siete quejas documentadas y ya se procedió”, finalizó.