Detrás de las autodefensas está la pobreza y el hambre, contradice Martínez Veloz al Ejército

Orilló el gobierno a la CRAC a liberar a tres delincuentes a cambio de jóvenes secuestrados

*El secretario de Gobierno les negó el permiso para rescatar al hijo del promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla y a su novia, denuncia Eliseo Villar ante el enlace del gobierno federal con los pueblos indígenas

Fernando Hernández

Chilpancingo

El gobierno de Ángel Aguirre Rivero orilló a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a “canjear” a tres delincuentes por el hijo del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, ? Cristian Molina y su novia Abilene Ibáñez.
Así lo denunció el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo durante la reunión que sostuvo ayer con alrededor de 50 representantes de los pueblos originarios de Guerrero y el comisionado del gobierno federal para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz en la Sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local.
Advirtió que si sigue la represión en contra de la CRAC y su Policía Comunitaria, “vamos a vernos obligados a rebelarnos si nos sigue tratando como delincuentes”.
Ayer se cumplieron 15 días desde que un comando armado levantó al hijo del promotor de la CRAC como represalia a las estrategias por restablecer la seguridad en el municipio de la región Centro que prácticamente había sido tomado por grupos de la delincuencia organizada, según denunció Villar Castillo.
Durante su intervención recordó que después de que los jóvenes fueron “secuestrados” sostuvo comunicación con el secretario particular del gobernador, Everardo García Mondragón y con el ahora ex secretario general de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez.
Mencionó que a Cruz Ramírez “le pedimos permiso para que nos movilizaramos con todo nuestro cuerpo de policía, para rastrear y rescatar a estos chavalos. ?Me llevé una gran sorpresa porque no hubo permiso para movilizarlos”.
Enfatizó que las autoridades gubernamentales lo obligaron a entregar a tres jóvenes que los policías comunitarios habían detenido con anterioridad por su presunta vinculación con grupos de la delincuencia organizada en Tixtla y municipios aledaños.
“Tuvimos que canjearlos por los delincuentes” denunció en la mesa a la que también asistió el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Carlos de Jesús Alejandro.
Los reclamos del integrante del sistema de justicia comunitaria con más reconocimiento en México no pudieron llegar a los oídos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local porque ninguno de sus cinco integrantes asistió.
Aún así, el líder indígena dijo en el transcurso de la noche que el 30 de junio, “yo ?por teléfono enérgicamente discutí con el secretario, el profesor Florentino que ya renunció” y “le hice el señalamiento o están para brindarles seguridad y justicia a la ciudadanía o están para respaldar a la delincuencia organizada”.
“Le hice ese señalamiento porque lejos de que se brindara el apoyo y diéramos con ellos -los hijos de Gonzalo Molina- pues se nos negó el permiso y se nos obligó a que ningún policía (comunitario) se moviera” para dar con el paradero del hijo del coordinador de a CRAC y la novia de éste.
A unos metros del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, advirtió que si continúan las prácticas de hostigamiento y criminalización hacia la policía comunitaria de la CRAC entonces podrían optar por la rebelión.
“Aquí le digo que el gobierno estatal y federal tome cartas en el asunto.?Ya no estamos de acuerdo de cómo nos está tratando el gobierno. No tenemos nada en contra del gobierno federal, pero vamos a vernos obligados a rebelarnos si nos sigue tratando como delincuentes”.

Se reúnen en el Congreso indígenas con el comisionado federal, sin los diputados locales

*El encuentro con Jaime Martínez Veloz fue para darle seguimiento a una serie de propuestas emanadas de foros anteriores, encaminados a la aplicación del Capítulo Indígena y Afromexicano en la nueva Constitución Política de Guerrero

Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, rechazaron una mesa de trabajo con el comisionado del gobierno federal con los pueblos originarios, Jaime Martínez Veloz, y en la que participaron alrededor de 50 representantes de comunidades indias y afroguerrerenses.
El acto comenzó a las 11 de la mañana y terminó alrededor de las 4 de la tarde de ayer, en la Sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local.
Ni el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Daniel Esteban González; ni el secretario, Jorge Camacho Peñaloza; mucho menos los vocales José Luis Ávila; Valentín Rafaela Solís, y Arturo Bonilla Morales asistieron al encuentro con el enlace del gobierno federal, con el que se le dio seguimiento a una serie de propuestas emanadas de foros anteriores, encaminados a la implementación del Capítulo Indígena y Afromexicano en la nueva Constitución Política de Guerrero.
En la reunión coincidieron el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), así como el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar. Ambos se sentaron a unos metros de distancia y en medio de ellos estaba el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Carlos de Jesús Alejandro y Martínez Veloz.

No cumplen los partidos con las cuotas de representación indígena

La integrante del Grupo Plural por la Equidad de Género y el Adelanto de las Mujeres en Guerrero, Viridiana Gutiérrez, denunció que en las pasadas elecciones el PRD en Guerrero ya no cumplió con las acciones afirmativas, que designan un determinado número de espacios de representación popular a los indígenas.
Criticó la baja participación de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones, en especial en los de elección popular, pues en Guerrero “sólo hay cuatro presidentas municipales, entonces sí nos está haciendo falta meterle mucho al tema la representación. En las comunidades hay un alto número de comisarios y bajo número de comisarias”.
Y advirtió que “no nos dejen afuera a las mujeres, porque de todas maneras les vamos a llegar. Los partidos no están dando la apertura y en el PRD se eliminó la cuota indígena”.
La coordinadora de la Casa de la Salud Manos Unidas, Francisca De la Cruz, recordó que en Ometepec, donde trabaja para contrarrestar las mortalidad materna, recordó que “llevamos 10 años luchando en pro de la salud de las mujeres”.
La indígena, de origen ñomdaa, reclamó el apoyo mediante políticas públicas y no sólo a través de programas o estrategias asistenciales para la contratación de traductoras de lenguas madres, no sólo en los pueblos indígenas, sino en los centros hospitalarios de las ciudades más importantes como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tlapa, y Ometepec.
“No vamos a estar pidiendo migajas lo que se debe de hacer, lo que estamos haciendo es pugnar por políticas públicas que como mujeres indígenas nos hagan más visibles”, acotó con voz enérgica.

Críticas a la Cruzada anti hambre

El ex regidor del municipio de Mártir de Cuilapan, Victórico Ríos, denunció malos manejos en la implementación de los apoyos procedentes de la Cruzada contra el Hambre.
Mártir de Cuilapan (Apango) fue un seleccionado como el lugar para hacer pruebas piloto, para implementar las acciones de la Cruzada contra el Hambre.
Denunció qué el alcalde perredista de Apango, José Guadalupe Rivera Ocampo, está condicionando los componentes de la cruzada.
“Es una cuestión en la que están dando mala dirección a los apoyos que están llegando. Si uno no es afín del presidente, queda fuera del programa. Es un uso político, a pesar de que se formaron comités sólo se les toma en cuenta para cuando se toma la foto”, puntualizó.
Propuso que las autoridades de los pueblos originarios, en la formación de sus cuerpos de seguridad, se fundamenten jurídicamente en la Ley 701 de Reconocimiento a losDerechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero.
Y agregó que en la comunidades nahuas de San Juan Totolcintla y San Agustín Ostotipan se incorporaron unos 12 policías comunitarios más.
En su momento el presidente de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Marcelo Tecolapa Tixteco, puntualizó que la inclusión del capítulo indígena y afro en la nueva constitución “es un tema pendiente y que hay que darle seguimiento, no hay que bajar la guardia, si nos descuidamos se va a aprobar sin este capítulo indígena”.
Adelantó que en Guerrero se está a un paso de la integración de una Comisión para la Concordia y Pacificación en el estado.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Carlos de Jesús Alejandro, criticó que la Cruzada contra el Hambre “desnuda esta falta de coordinación y de aplicación de políticas transversales” entre los tres órdenes de gobierno.
Agregó que no hay “suficientes candados para velar que los recursos lleguen a las comunidades”.
Recordó que “nuestro país ha signado un sin fin de instrumentos de carácter internacional. Estos temas son parte de los acuerdos y así como la transversalización de las políticas de los pueblos”.
Martínez Veloz se comprometió a ser enlace para una reunión con el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social, Javier Guerero.
Este fue el único acuerdo que surgió tras la reunión de ayer. El ex diputado federal mencionó que “he escuchado con atención, voy a hablar con Javier Guerrero para que tenga una reunión con ustedes”.
También recordó que “no se puede hacer una consulta sin tener el método, no puede llegar una dependencia e imponer estos instrumentos que no estaban antes, pero con los que ahora cuentan los pueblos indígenas”. (Fernando Hernández / Chilpancingo).

Habla Bernardo Ortega de “reformar o derogar” la ley 701 que reconoce a la Policía Comunitaria

El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, afirmó que es urgente regularizar a las policías ciudadanas y comunitarias, aunque para eso sea necesario “reformar o derogar” la ley 701 de Reconocimiento a los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Ayer, después de la reunión con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, se le preguntó a Ortega si habían hablado de la iniciativa de decreto para regular a las policías ciudadanas que surgieron a partir de las autodefensas, que el gobernador se comprometió a enviar desde el 30 de enero.
El diputado perredista afirmó que el secretario de Gobierno le confirmó que en “próximos días” entregaría la propuesta del Ejecutivo al Congreso local para establecer la figura de la policía rural.
Llamó al gobernador a enviar la propuesta aunque no esté de acuerdo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) “o cualquier otro organización”, dijo el perredista.
Dijo que si para regular a las policías ciudadanas o comunitarias es necesario “reformar o derogar” la ley 701, el Legislativo lo tendrá que hacer.
La ley 701 reconoce el derecho de los pueblos originarios a tener un sistema de seguridad por usos y costumbres, y fue aprobada por la legislatura pasada (la 59), impulsada por organizaciones y diputados indígenas y publicada en el Periódico Oficial del gobierno del estado el 8 de abril del 2011. (Rosalba Ramírez García / Chil-pancingo).