Cumple cinco días el bloqueo de priistas de Xochistlahuaca a la carretera a Ometepec

Pide el Congreso al gobernador solucionar el bloqueo a la carretera en Xochistlahuaca

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Congreso local envió un exhorto al gobernador Ángel Aguirre Rivero para que intervenga y coadyuve a la solución del conflicto en la comunidad de Guadalupe Victoria, municipio de Xochistlahuaca, que ayer cumplió cuatro días de bloqueo a la carretera que conecta al municipio con Ometepec.
La propuesta fue del diputado priista Eduardo Montaño Salinas, quien en la sesión del pleno subió a tribuna para proponer el punto de acuerdo.
El exhorto pide al gobernador que instruya al secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, a que realice las acciones necesarias para coadyuvar a la solución del conflicto en la Costa Chica, a través de una mesa de trabajo para darle “puntual seguimiento y culminación” al problema.
Ayer se cumplieron cuatro días del bloqueo de priistas de Guadalupe Victoria y otras comunidades en la carretera Ometepec-Xochistlahuaca, por la disputa de una comisaría bajo control de perredistas, petistas e integrantes de Movimiento Ciudadano.
En contra del exhorto intervino el perredista Jesús Marcial Liborio, que argumentó que “se tienen? que agotar las instancias y normas legales”, y consideró que el PRI, que se ha declarado respetuoso de las instituciones, debería dejar que sean éstas las que resuelvan los conflictos.
Afirmó que la problemática en Xochistlahuaca es de índole municipal, y si no se puede resolver ahí entonces lo debe atender el Tribunal Estatal Electoral (TEE), y llamó a los diputados a dejar que sean las instituciones las que ejerzan sus funciones y resuelvan los problemas de su competencia.
“No podemos traer todos los problemas al Congreso o llevarlos al gobierno estatal”, dijo, y sostuvo que el punto de acuerdo para pedir la intervención del Ejecutivo “no es justificable”, pues afirmó que los priistas inconformes dejaron pasar los tiempos para inconformarse y que “más que un asunto legal es un asunto político”.
Aseguró que el ex alcalde de Xochis-tlahuaca, el priista Ignacio García Nico-lás, modificó actas y preparó “elementos” para tener continuidad en la comisaría y nunca realizó elecciones con planillas, porque la comunidad al ser indígena se tenía que votar por el comisario propietario y su suplente como lo establecen sus usos y costumbres.
La planilla que pretende permanecer en la comisaría no fue electa por la población, afirmó el diputado perredista, “eso es lo que genera el conflicto, se quiere perpetuar en la comisaría”, y pidió a los inconformes que si tienen elementos legales que acudan a las instituciones, pero que no afecten a terceros.
Aunque afirmó que los tiempos para inconformarse ya concluyeron y ya hay un comisario electo dentro de la legalidad, que rige a los municipios y a las comunidades que eligen a sus representantes por usos y costumbres.
Para defender la propuesta de punto de acuerdo que presentó Montaño Salinas, subió a tribuna el coordinador de los diputados del PRI, Héctor Apreza Patrón, que argumentó que el tema que su compañero priista había llevado al pleno es “importante”, ya que de no atenderse puede generar conflictos?graves.
El coordinador de los diputados priistas dijo que las leyes e instituciones todavía no han podido solucionar los problemas sociales y afirmó que en el estado “no hay lagunas, hay océanos legales”, más aún en lo referente a la elección de comisarías.
Llamó a los diputados a legislar, porque dijo que la principal responsabilidad es de los diputados, defendió el punto de acuerdo propuesto por Montaño Salinas y afirmó que “no está partidizando ningún tema” y sólo solicita a la secretaría de Gobierno “siente a las partes y busquen una solución”.
La propuesta de acuerdo parlamentario fue votada en contra sólo por el diputado perredista Marcial Liborio y el diputado del PT Jorge Salazar Marchán.

Desconoce la CRAC una Casa de Justicia que abrió Cirino; pide que devuelva las armas y uniformes

*Acuerda la organización realizar asambleas en las comunidades con presencia del grupo disidente para informar a la población quiénes son los verdaderos policías comunitarios, informa Eliseo Villar. Están usurpando el nombre de la Policía Comunitaria y sus pertenencias, dice

Redacción

San Marcos

El coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo informó vía telefónica que la organización comunitaria desconoce al grupo disidente que encabeza Cirino Plácido Valerio, así como a la Casa de Justicia que abrieron en la comunidad de Santa Cruz del Rincón, en Malinaltepec.
Dijo que el sábado, en la reunión regional de la CRAC, se acordó formar comisiones para realizar asambleas en las comunidades con presencia del grupo disidente para informar a la población quiénes son los verdaderos policías comunitarios.
Agregó que los coordinadores disidentes, así como los comisarios, comisariados y sus policías, están usurpando el nombre de la CRAC, el uniforme, las identificaciones que portan, puesto que éstas pertenecen a la CRAC.
Afirmó que los policías comunitarios, coordinadores, comandantes y la sociedad que apoyan a Cirino Plácido Valerio tendrán que renunciar a su sistema e incorporarse a la CRAC y de no hacerlo tendrán que devolver los uniformes, identificaciones y las armas que poseen, pues son propiedad de la CRAC.
“Ellos están en su derecho de manifestarse y formar una Policía Comunitaria pero no bajo el nombre de la CRAC puesto que este nombre ya se encuentra registrado, además de que no puede haber dos grupos iguales porque puede provocar confusión entre la sociedad”, dijo Villar Castillo.
Aseveró que no existe ninguna relación con los hermanos Plácido Valerio, en especial con Bruno o el comandante Ernesto Gallardo Grande del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC), y sólo aceptó que en ocasiones se ven en los mismos eventos porque están involucrados con las peticiones que realizan a las autoridades estatales o federales, esto después de aparecer en la misma mesa en la reunión con el comisionado nacional Martínez Veloz en Chilpancingo.
Dijo que no puede haber una relación ni de trabajo ni de lucha social, puesto que la UPOEG y la SSC han estado cometiendo infracciones en contra de la ley y del mismo sistema de seguridad donde existe presencia de la autodefensa, “si la CRAC llegara a adoptarlos como muchos piensan, es adoptar también sus errores y sus infracciones, la Coordinadora no puede permitirse caer en arbitrariedades” especificó.

Se opone la CRAC a la derogación de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas

Después de la reunión que sostuvieron líderes de la CRAC y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con el comisionado para el Diálogo de los Pueblos de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, hace dos días, Eliseo Villar Castillo agregó que la ley 701 de los Derechos de los Pueblos Indígenas, no se puede derogar puesto que tiene casi 18 años de existencia y el gobierno del estado no puede desaparecerla nada más por gusto, debe presentar argumentos sólidos para realizar tal acción.
El dirigente de la CRAC se opuso a que el gobierno estatal quiera desecharla o derogarla puesto que no dejarán que esto suceda y de llevar a cabo tal acción iniciarán movilizaciones para defender sus derechos pues los pueblos indígenas quedarían desamparados.
Dijo que la Cruzada Nacional contra el Hambre en la Costa Chica y La Montaña no ha llegado y mucho menos conocen el procedimiento de cómo se trabajará en el apoyo a los más necesitados.
Aseguró que el programa sólo se está politizando puesto que no se está implementando en todo el estado y menos en los lugares más marginados con presencia indígena.