Se ampara el coordinador del PAN en el Senado por el cambio a estatutos

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, promovió una demanda de amparo para impugnar los cambios al estatuto interno de dicho grupo parlamentario, aprobados por senadores afines a Ernesto Cordero.
La reforma a 17 artículos del estatuto, por la que el grupo de 23 legisladores corderistas le quitó el control financiero y administrativo de la bancada a Preciado, designado a su vez por el líder nacional del blanquiazul, Gustavo Madero, fue aprobada el 19 de junio y publicada dos días después en la Gaceta de la Cámara alta por orden del presidente de la Mesa Directiva, que es el propio Cordero.
El amparo fue presentado el 12 de julio y turnado al juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, Agustín Tello Espíndola, quien aún no lo admite a trámite y ayer ordenó al senador hacer varias aclaraciones a su demanda antes de decidir si aceptará revisarla.
La Ley de Amparo no señala si una demanda de este tipo tendría que ser admitida, pues sólo aclara que ese recurso es improcedente contra actos o resoluciones del Congreso de la Unión, alguna de sus Cámaras o la Comisión Permanente, tratándose de procedimientos para designar funcionarios, juicio político o juicio de desafuero.
Sin embargo, el Poder Judicial ha sido renuente históricamente a intervenir en disputas internas en los órganos legislativos.
Cualquier decisión del juez Tello para admitir o desechar el amparo será impugnable por las partes, y podría ser revisada por la Suprema Corte de Justicia por tratarse de un caso inédito de controversia al interior de un grupo parlamentario.
Inicialmente, los opositores a Cordero intentaron impugnar la reforma al estatuto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que rechazó el recurso y se declaró incompetente para intervenir en una disputa de este tipo.
Además, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN afirmó desde el mismo 21 de junio que los cambios a éste fueron ilegales y contrarios a los estatutos y reglamentos del partido, aunque esa declaración no parece haber tenido efectos prácticos para frenar las acciones del grupo corderista.
Las reformas impugnadas acotaron al mínimo las facultades de Preciado, ya que a pesar de fungir como coordinador, no puede tomar decisiones administrativas ni políticas sin consultar previamente a la bancada.
Además de crear una tesorería para hacerse cargo del manejo financiero, se estableció la Comisión de Régimen Interno, un nuevo Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, y se dieron nuevas atribuciones al Comité de Vigilancia.