La absolución de los ministeriales, premio a la impunidad, reclaman los normalistas

*Critica el comité estudiantil de Ayotzinapa la resolución del TSJ y confirma que irán a las instancias internacionales de justicia. Sin resolver, violaciones graves a los derechos humanos, advierte el abogado Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El representante del comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Solano Ramírez, denunció que la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que absuelve a los dos únicos señalados como responsables del asesinato de dos estudiantes en la Autopista del Sol, evidencia la impunidad en las violaciones graves a los derechos humanos que ocurren en el estado, pero confirmó que insistirán en su demanda de justicia ante instancias internacionales.
El dirigente estudiantil señaló que les preocupa que los policías ministeriales hayan anunciado que pueden presentar una denuncia por daño moral, y recordó que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la que señaló a la corporación de asesinar a Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
Por separado, el abogado de los estudiantes y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, ratificó que la sentencia también demuestra que no se están resolviendo los casos de violaciones graves a los derechos.
Cuestionó que no hay un detenido y nadie está siendo procesado por el caso Ayotzinapa, ni federales, ni estatales, y todo está encaminado a la impunidad.
“Lo único que tenemos es la exoneración y falta de procesamiento, cuando hay más policías y comandantes señalados de haber agredido a los estudiantes, pero todas esas denuncias están estancadas, y si avanzan será para absolver” a los acusados, aseguró.
En consulta telefónica sobre la absolución de los dos policías ministeriales, Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores, Rosales Sierra señaló que tienen tres rutas de justicia; la primera era el procesamiento de los presuntos homicidas, la denuncia por los casos de tortura, y el juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, prácticamente congelado en el Congreso local.
Sobre el juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que se solicitó en el Congreso de la Unión luego del desalojo de estudiantes el 12 de diciembre de 2011, reconoció que estaban interviniendo demasiados intereses de partidos y grupos políticos, que desgastaba demasiado a las víctimas y resolvieron no involucrarse más.
El abogado recordó que los diputados federales crearon una comisión de seguimiento al caso Ayotzinapa, pero no hicieron una visita a la entidad, y a lo sumo recibieron en una ocasión a una comisión de estudiantes.
Recordó que en los casos de tortura no hay avances a pesar de las pruebas realizadas y los testimonios de los estudiantes. Las averiguaciones previas que se abrieron en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la PGJE siguen en proceso de investigación.
El juicio político a los funcionarios públicos tienen la misma suerte en el Congreso local, y uno de los señalados ahora es secretario del Trabajo y Previsión Social.
Aseguró que con su actuación, las autoridades están pisoteando los derechos de los estudiantes y de los papás de las víctimas, porque no están buscando la verdad de los hechos, “no hay justicia, no hay reparación del daño, seguimos en la misma dinámica, en el mismo patrón de impunidad desde los años 60, donde las leyes son una declaración de buenas intenciones, que sólo se usa para ajustar cuentas a la disidencia política”.
Sobre la averiguación de la PGR, que todavía mantiene en prisión al ex subprocurador de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, Alejandro Hernández Paz y Puente, por uso indebido de la administración de la justicia, señaló que se tiende a criminalizar a las víctimas.
Recordó que ese fue un caso que abrió de oficio la PGR por evasión de presos, que no está orientada a la protección de las víctimas, ni es tendiente a la justicia, sólo cuestiona la liberación de los estudiantes tras el desalojo violento, a pesar de que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos.
Sobre la sentencia del TSJ que absuelve a los policías ministeriales por el homicidio de dos normalistas, indicó que deja totalmente cerrado el caso, y los estudiantes estarían en condiciones de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exigir la justicia que se negó en la entidad.
Explicó que cuando es ineficiente continuar con los procesos legales en el país o son retrasados sin justificación por las autoridades competentes, se puede recurrir a la justicia internacional, aunque sigan abiertos los juicios por tortura y en el Congreso local no se haya resuelto el juicio político a los funcionarios públicos por su responsabilidad administrativa en la muerte de los dos estudiantes.
Por su parte, vía teléfonica, el normalista José Solano Ramírez también cuestionó que el gobierno estatal premie la impunidad con un nuevo cargo para el ex procurador Alberto López Rosas, y llamando al gabinete al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo.
No obstante, aseguró que mantendrán su exigencia de justicia y de respeto a los estudiantes caídos y a sus deudos; “sentimos pena y dolor con los familiares, porque seguimos esperando justicia”, y esta sentencia los pone en mayor vulnerabilidad.
Aseguró que van a insistir a pesar del hostigamiento que sigue contra los estudiantes, “no nos espantan, seguimos firmes en la demanda de justicia”.