Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

Bernardo Ortega y otras personas honorables

El presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador de la fracción del PRD en el Congreso del estado, Bernardo Ortega Jiménez, hizo público esta semana su rechazo a los candidatos independientes por temor de que el crimen organizado financie sus campañas. “No sabemos quién quiera y cómo quiera llegar”, dijo, motivo por el cual pidió que en la legislación correspondiente se establezca que los contendientes sin partido sean “personas honorables”. (“El priista Apreza, a favor de candidatos ciudadanos; el perredista Ortega, en contra”, El Sur, 16 de julio de 2013).
En el contexto actual de Guerrero resulta de la mayor importancia el tema de la infiltración del narcotráfico en la política (o quizás debiéramos preguntarnos si no son los políticos los que invaden el mundo delictivo). El gobernador Ángel Aguirre reveló el pasado 27 de mayo que hay presidentes municipales de la zona Norte vinculados al narcotráfico, y más recientemente el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, dio a conocer que su organización elaboró una lista de alcaldes, legisladores y funcionarios del estado que sostienen relaciones con la delincuencia. A pesar de que días más tarde intentó matizar y derivar sus señalamientos hacia los directores de seguridad pública, y afirmó que hay policías municipales controladas por la delincuencia, la declaración de Aguirre fue algo más que una insinuación. Por su parte, Bruno Plácido dijo que entregó al gobierno del estado esa lista, y que “incluso al Ejército le hemos entregado datos de gente que son señalados de estar en la delincuencia”, y que entre esa gente “hay de todo”. Planteó así el problema: “Nosotros hemos dicho mil veces que hay delincuencias comunes que se tapan la cara con un rifle para asaltarnos o secuestrarnos, pero ese es el peón, el sicario, pues hay delincuentes de cuello blanco que tienen el poder económico y están en las instituciones defendiendo a los delincuentes y están distorsionando las leyes para su beneficio”. No explicó cómo integró la UPOEG esa lista, pero tampoco ha sido desmentido ni por el gobierno de Aguirre ni por el Ejército. (“Entregó a las autoridades una lista de alcaldes y diputados vinculados al crimen, dice Bruno Plácido”, El Sur, 26 de junio de 2013).
Es obvia la falsedad del argumento esgrimido por el diputado Ortega Jiménez para torpedear las candidaturas ciudadanas –una de las decisiones más positivas adoptadas por el Congreso de la Unión–, pues los candidatos sin partido no estarán más ni menos expuestos que los candidatos con partido a ser infiltrados o cooptados por el narcotráfico. Y si se revisan los expedientes y las historias acumuladas hasta ahora en Guerrero y en otras partes del país, podría concluirse que los candidatos ciudadanos representan al menos una esperanza de transparencia y honestidad frente a la insaciable corrupción de la clase política de partido. De hecho son políticos como el propio Bernardo Ortega y partidos como el PRD, donde ha sido denunciado un concurrido mercado de compra y venta de candidaturas, los que inspiran una gran desconfianza en la ciudadanía.
El problema de la narcopolítica en Guerrero resurgió en octubre del año pasado después de la difusión del video en el que el alcalde perredista de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares, apareció en una forzada plática con un delincuente. Pero eso era apenas un atisbo a las relaciones inconfesables que desarrollan partidos y políticos, y por consecuencia áreas de gobierno e integrantes del Poder Legislativo. Escribimos entonces que no se trata solamente de las presiones y amenazas con las que los criminales consiguen su objetivo de controlar territorios y estructuras policiales. Se trata también, y sobre todo, de la complicidad creada por políticos con grupos delictivos con tal de ver satisfechos sus intereses. Probablemente con más información sobre el problema, el dirigente estatal del PAN, Andrés Bahena, dijo en aquellas fechas que si los alcaldes recibían presiones de los grupos criminales para obtener beneficios, era porque seguramente recibieron dinero de esos grupos para financiar sus campañas.
Unos meses antes, el ex diputado priísta y ex alcalde de Arcelia, Ernesto González Hernández, había ofrecido un testimonio irrefutable sobre el poderío que ejerce el narcotráfico sobre los políticos. Ernesto González dijo en junio de 2012 a la revista Proceso que en Guerrero los narcos son los que mandan, y que para realizar actividad política es preciso solicitarles permiso. “Es de todos sabido que hay que pedir permiso (al narco) para hacer política”, declaró. Relató su caso y recordó que tuvo que abandonar la región de Tierra Caliente y sus negocios para proteger su vida y la de su familia. Recordó también el caso del entonces candidato y ahora diputado federal del PRD, Catalino Duarte, quien como diputado local no regresó a su distrito electoral con base en Zirándaro durante el tiempo de su gestión, debido a presuntas amenazas. Pero “ahora sí está allá”, dijo Ernesto González en referencia a la campaña que realizaba el candidato perredista. Atribuyó el regreso de Duarte a su distrito a que “tuvo que entrar y llegar a los arreglos, a los convenios con la gente que esté en esos menesteres, en esas cuestiones”. (Proceso, No. 1859, 17 de junio de 2012)
En consecuencia, tiene razón Bernardo Ortega en recordar el riesgo de que el narcotráfico se infiltre en las campañas, pues aparentemente lo ha hecho, en todas y no solamente en las de los candidatos independientes. Sin embargo, la relevancia de estos temas requería un tratamiento serio, y a la impertinencia de oponerse a las candidaturas ciudadanas, que por sí sola ofrece un elocuente registro del declarante, debe sumarse la impertinencia de que el diputado Ortega Jiménez solicite honorabilidad a los aspirantes sin partido: él, cuya familia fue oficial y públicamente acusada de pertenecer a un grupo criminal y cuyo padre estuvo encarcelado y fue ejecutado hace apenas dos años y medio en circunstancias que no han sido aclaradas. Aparentemente nunca se le ha preguntado a Ortega Jiménez sobre la detención de su padre y las acusaciones que pesan sobre su familia, ni él ha considerado oportuno ofrecer alguna explicación sobre ello. Pero aunque exista un silencio bochornoso en torno a este caso, los hechos son de conocimiento público.
Es la familia directa de Bernardo Ortega la que está acusada de haber formado un grupo delictivo en su comunidad natal, Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, al que se atribuyen secuestros, asesinatos y despojos. Su padre, Celso Ortega Rosas, identificado por las autoridades por su apodo de La Ardilla, fue detenido por la Policía Federal a finales de 2008, luego liberado en una fecha desconocida y en condiciones no informadas, y finalmente asesinado a balazos el 26 de enero de 2011. Un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública federal fechado el 23 de diciembre de 2008 establece que Celso Ortega Rosas fue capturado por haber participado en el secuestro y homicidio de dos agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación, ocurrido en agosto de 2007, cuyos cuerpos fueron encontrados posteriormente en Mochitlán.
Con esos antecedentes, el diputado Ortega Jiménez –cabeza del Poder Legislativo del estado– parece haberse referido a él mismo cuando demandó honorabilidad a los futuros candidatos independientes y certeza sobre “quién quiera y cómo quiera llegar”.

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