Carlos Pérez Aguirre

Las desastrosas obras  del gobierno estatal en  Acapulco y Chilpancingo

La exigua obra pública que está realizando el gobierno del estado está generando diversas reacciones en la población, la mayoría de ellas, reprobatorias.
Obras propuestas fuera de las necesidades reales de la población; costos enormes y fuera de toda realidad y control; designación arbitraria de constructoras que son afines al círculo gubernamental; retraso y mala calidad de obras; falta de trasparencia: integración de consejos de administración a modo; desplazamiento de propietarios y concesionarios y daños al medio ambiente y al entorno, son algunas de las notorias irregularidades.
Todo lo anterior es nutrido por la presencia de constructoras que surgieron de la noche a la mañana, con poca experiencia y por ende, calidad y cumplimiento. Ejemplos sobran pero lo que es una constante es la inconformidad ciudadana por un lado y los desplegados pagados por los constructores felicitándose de las buenas obras que realiza el gobernador, en una especie de mala broma.
Chilpancingo adolece de agua, solo la de lluvia es la que los ciudadanos pueden “disfrutar” porque la que proporciona el ayuntamiento no llega por, según se informa, constantes desperfectos en los equipos y falta de pago de energía eléctrica.
Además, la seguridad es inexistente y hay terror entre la población, pero además de esto en algo que se antoja positivo, la aparente remodelación del jardín central, se derriban arboles y se inicia la obra sin información, consulta y mucho menos planeación.
Se olvidan los priistas trasformados en neoperredistas que la obra pública no puede ser impuesta por criterios solo de lucro para contratistas y funcionarios, no, la obra pública debe ser sentida como una necesidad, ser transparente y honesta en su asignación y desarrollo. Debe ser consensada y no aprovechada para quedarse con concesiones o administración de servicios, debe respetar la naturaleza. Pero todo eso se olvida en aras de obtener ganancias financieras fáciles y a costa del erario, ello necesariamente trae contradicciones y conflictos con la población “beneficiada”, trastocando el adecuado funcionamiento del quehacer público.
Titishando: Las arbitrariedades del anterior reyecito y sus familiares –como un estigma que ha caído sobre esta desfalcada entidad– en contra de la libertad de informar a la población sobre las abusos de ese poder que atropella. El antecedente de esa actitud déspota data de la información publicada, el 25 de septiembre de 2007, en donde El Sur informó que constructores de Chilpancingo que fueron marginados de los contratos de la Secretaría de Educación Guerrero, informaron que el hermano del gobernador era socio de la empresa Corporación Constructora Analú, a la que le asignaron 18 millones 377 mil 750 pesos para la ejecución de 27 obras, lo que no fue confirmado en el Registro Público de la Propiedad, de lo que se dio cuenta en estas mismas páginas al día siguiente. Por ello el hermano del ex gobernador presentó una demanda por daño moral contra la empresa editora del diario Información del Sur SA de CV, y los reporteros Ezequiel Flores Contreras, Hugo Pacheco León, Mónica Martínez García, Teresa de la Cruz y Jesús Saavedra Lezama.
En ella Alberto Torreblanca pedía el pago de 10 millones de pesos por concepto de reparación de daño moral por las notas periodísticas publicadas. Prevaleció la justicia y en la sentencia el juez precisa que “las notas publicadas son producto periodístico de investigación y que de ninguna manera debe ser considerada generadora de un hecho ilícito, ya que en ningún momento existió intención de dañar, sino sólo de informar”. En la sentencia emitida el martes pasado, el juez señala que el hermano del ex gobernador “no probó los elementos constitutivos de la acción de responsabilidad civil derivada de la comisión de un acto ilícito”.
Una derrota para el nepotismo y autoritarismo que ejerció también el anterior monarca, personaje hoy en entredicho por la información de diversas y graves irregularidades, generadas en su gobierno en el manejo de los recursos públicos, de los cuales una buena parte se ubica precisamente en el sector educativo.

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