Se pronuncian organizaciones por la defensa al territorio en el aniversario de Tlachinollan

*Defenderán los modelos de justicia y seguridad comunitarias surgidos en La Montaña, acuerdan. Condenan los asesinatos de los líderes de la UP por lo que no permanecerán en la indiferencia ni permitirán más muertes

Carmen González Benicio

Tlapa

En el foro Guerrero, epicentro de las luchas de resistencia realizado en la conmemoración del 19 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, los asistentes se pronunciaron por no permitir la destrucción del territorio comunitario con la entrada de la minería ni el proyecto de reserva de la biosfera; también defenderán los modelos de justicia y seguridad comunitarias surgidos en la región.
Asimismo respaldarán, se solidarizarán y reivindicarán los triunfos del magisterio, la lucha del CECOP y del pueblo Ñaancue Ñomndaa (amuzgo); condenaron la ejecución extrajudicial de los igualtecos Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez; agregaron que no permanecerán en la indiferencia ni  permitirán más muertes y agresiones de luchadores sociales.
Las actividades del aniversario de Tlachinollan se realizaron este 19 y 20 de julio, en la Casa Católica de esta ciudad donde organizaciones sociales del estado, defensores de derechos humanos, comisarios, autoridades agrarias, representantes de los sistemas de seguridad y justicia de la región, organismos internacionales, maestros, y comunidades  compartieron, analizaron y enlazaron las luchas de resistencia que en defensa de la vida, de acuerdo a la lectura de la relatoría.
Se leyó lo que se compartió en las tres mesas del viernes y la del sábado sobre los temas álgidos de la lucha social en el estado como son el territorio, la justicia comunitaria y la educación.
Se dijo estar en contra de los proyectos con los que se pretende despojar a los pueblos indios del territorio con la imposición de la reserva de la biosfera como la entrega de concesiones mineras a empresas transnacionales sin consulta y denunciaron que las autoridades del sector agrario, como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional actúan como agencias promotoras de las inversiones mineras pisoteando los derechos de los núcleos agrarios y de los pueblos indígenas.
Mencionaron que La Coordinara Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC–PC) y la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia–Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo enfrenta la amenaza constante de la criminalización, la militarización y la violencia del crimen organizado y ahora, pretenden imponerle una reglamentación asfixiante, desde arriba, que nada tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos, así como el constante y reiterado hostigamiento y agresión de las fuerzas militares.
Se determinó que “seguiremos organizándonos desde las comunidades para hacer valer los acuerdos comunitarios mediante los cuales se rechaza la minería y la imposición de una reserva de la biosfera con la que se pretende quitarnos el control de nuestro territorio y no permaneceremos indiferentes ante las empresas trasnacionales que se sirven de la complicidad gubernamental”.
Además, dijeron que defenderán los modelos de justicia y seguridad comunitarias recuperando las instituciones comunitarias y los sistemas normativos y de libre determinación por lo que “llamamos a las dirigencias a superar las diferencias y no perder de vista que el agravio que nos hace luchar es el mismo y que quienes con impunidad lo profieren son los mismos, de la misma manera instamos a las personas y organizaciones que de buena fe siguen los procesos de la justicia comunitaria actuar con responsabilidad en esta compleja coyuntura y no ahondar en confrontaciones estériles que no son de las comunidades”.
Reivindicaron como patrimonio popular los triunfos de la disidencia magisterial que con otros actores pararon la avalancha de reformas legales con las que se pretende reglamentar la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto en materia educativa.
Respaldaron la lucha del Consejo de Ejidatarios y Comunidades Opositores del proyecto La Parota (CECOP) y denunciaron el intento de poner en manos de falsos comuneros los órganos de representación comunitaria de Cacahuatepec que buscan lucrar con su territorio; que están contra el despojo y privatización del agua de los ríos sagrados del pueblo Ñaancue Ñomndaa para beneficiar al poblado de Ometepec.
Demandaron que se esclarezca el homicidio de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez al que consideraron un crimen de estado y ejecución extrajudicial así como que se garantice la seguridad de los sobrevivientes y de sus familiares.
Bucarán la unidad de esas luchas identificando que todas surgen por la inacción estatal y la complicidad que existe entre autoridades estatales y la delincuencia organizada al querer controlar a los pueblos.
Se mencionó que en las intervenciones la constante fue el llamado a la unidad, a superar las diferencias y reconocer que comparten diversas iniciativas y propuestas para seguir articulándose y luchar contra la injusticia por lo agravios acumulados, contra esa gran maquinaria sin rostro que los despoja de lo valioso y necesario.
La lectura del pronunciamiento cerró “frente a la muerte, la avaricia,  al individualismo, la mercantilización, nosotros defendemos la vida, la reciprocidad comunitaria y la colectividad. En ese afán nos reconocemos y en ese camino, pese a los peligros, persistiremos”.
El documento lo signaron la Policía Ciudadana y Popular, CRAC-PC San Luis Acatlán, Zitlaltepec, Yoloxochit la Radio Ñomndaa, Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, comisariados de bienes ejidales y comunales de Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Cochoapa El Grande Tenango Tepexi UNISUR UAG–Antropología (Tixtla), RENACID, UPN, Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, entre otros.