Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Ha recibido la Codehum 15 quejas contra el Ejército, la Marina y la Policía Federal

*Las causas, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, lesiones y allanamiento de morada, informa el visitador Hipólito Lugo Cortés

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En lo que va del año se presentaron 15 quejas en Costa Grande y Tierra Caliente por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, lesiones  y allanamiento de morada, contra el Ejército, la Marina y la Policía Federal, informó el Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés.
Sin embargo, precisó que por los bloqueos en  la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo de mediados del mes pasado y de inicio de este, no tienen quejas por abusos en derechos humanos, porque se trata de ciudadanos inconformes con otros ciudadanos de San Luis La Loma y San Luis San Pedro, en el  municipio de Tecpan de Galeana.
Incluso, señaló que denunciaron el homicidio de un menor por parte de un grupo de autodefensa que se organizó en la zona, pero la dependencia no puede abrir un proceso.
No obstante, señaló que la Codehum hace gestiones ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que abra las averiguaciones de los delitos que se denuncien.
Asimismo, dijo que la Codehum participa en todas las reuniones de autoridades con los ciudadanos, incluida la última donde estuvo el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Ayer en Zihuatanejo, el Ejecutivo anunció que se va a implementar un cerco de seguridad en el municipio de La Unión, en los límites de Guerrero con Michoacán, para evitar más violencia y enfrentamientos.
En consulta telefónica, el visitador destacó que han presenciado las reuniones donde ciudadanos han presentado sus denuncias y peticiones, y donde han conseguido acuerdos con las autoridades.
Indicó que también han acudido a las reuniones de autoridades y pobladores por la inseguridad en el municipio de Arcelia, en la zona Norte, y ahí recibieron la queja por desaparición forzada del taxista Antonio Urióstegui Magdaleno, que turnaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque los familiares responsabilizaron a soldados de la Secretaría de Marina y Armada de México.
Hace una semana, los familiares del taxista también bloquearon varios días la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, para exigir su presentación con vida.
También dijo que le están dando seguimiento al caso de los desplazados de la Sierra de Costa Grande y Tierra Caliente, “y ahí lo importantes es que hay un acuerdo para apoyarlos del gobernador”.
Recordó que a mediados del año pasado se denunció el caso de los desplazados por la violencia del poblado de Las Ollas a La laguna, que tuvo momentos muy complicados, donde algunos emigraron a Petatlán y a Ayutla inclusive, pero la Comisión ha participado en verificar que los afectados reciban un apoyo interinstitucional integral.
Estimó que se han desplazado por la violencia unas 160 personas de poblados que están en el filo de la Sierra, entre Costa Grande y Tierra Caliente, y cuándo hay denuncias porque no tienen acceso a la justicia federal, aseguró que se canalizan al organismo nacional, y los casos de autoridades municipales o estatales  se reciben aquí. Precisó que de las 15 quejas, el mayor número son de Costa Grande.
Sobre las garantías de seguridad que debe proporcionar el Estado luego de la ola de violencia de esta semana en distintas regiones de la entidad, y en particular en la Sierra de Tecpan de Galeana, Lugo Cortés señaló que hay acuerdos tomados en Ixtapa (el viernes), donde el gobernador hizo el compromiso de brindar seguridad pública a estas personas.
Entre los acuerdos, destacó que las autodefensas se van a retirar para que intervengan corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, así como el Ejército y la Marina, y cuando ocurran eventos delictivos, estas instancias se van a dedicar a investigar.
El visitador consideró que lo importante “es que las instituciones estén atentas para cumplir el acceso a la justicia, llevar a la cárcel a los responsables de eventos delictivos, y cuando un ciudadano considere que hay dilación, negligencia, ahí puede intervenir la Comisión”.
Adelantó que en una semana se acordó con las autoridades hacer un seguimiento a la seguridad de la región de Costa Grande, y fueron invitados para brindar el apoyo a la gente, desde el ámbito de su competencia.

468 ad