Jesús Mendoza Zaragoza

Las víctimas de la violencia,  abandonadas por el Estado

No sólo son víctimas de la delincuencia organizada, también lo son del Estado mexicano, que no ha cumplido con su responsabilidad de generar y establecer condiciones para que no las haya y para que las que existen tengan una atención privilegiada, como en cualquier lugar que se precie de civilizado. Es más, somos una sociedad victimizada de las más diversas formas. Y eso nos resta posibilidades y nos empequeñece como ciudadanos, porque la cultura que respiramos y transmitimos nos re-victimiza. La pobreza extrema es el gran desastre social, con millones de víctimas que nadie atiende con responsabilidad. La Cruzada contra el Hambre no deja de ser una grosera simulación, porque mantiene a los pobres en su pobreza. Y programas como Oportunidades sólo son para contener la desesperación de las víctimas de la pobreza. Y los victimarios se reproducen de manera inexorable en los mundos del poder, mediante el entramado de la corrupción y de la impunidad que les acompaña. En las entrañas del Estado mexicano se mueve el síndrome de la victimización.
La violencia y la inseguridad que flagelan al país han ocasionado algo así como un tsunami de victimización, poniendo de manifiesto una pestilente descomposición social con factores políticos y económicos. Por todo el país abundan las víctimas de esta avalancha de violencia, que permanecen en el más cruel abandono. No se sabe ya quiénes son más crueles, si los sicarios que descuartizan o el abandono que las víctimas experimentan de quienes debieran acompañarles para superar su dolor, la sociedad misma y los gobiernos. El caso es que en nuestra región deambulan miles y miles de víctimas de la violencia, con un cúmulo de necesidades. Necesitan ser escuchadas por la sociedad y por las autoridades, y nadie las escucha. Necesitan ser reconocidas como personas, y ser apoyadas para salir de su postración. Necesitan ser atendidas en su reclamo de justicia y de verdad, pero el miedo y la desconfianza las obligan a replegarse y a callar.
Como fruto de la presión social, fue promulgada la Ley General de Víctimas que reconoce sus derechos, fundamentalmente a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición, y obliga al Estado mexicano a dar garantizar dichos derechos. Se sabe que en este momento se está construyendo el andamiaje institucional y reglamentario, para la aplicación de dicha ley y que en un momento dado las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben estar en condiciones para dar respuestas a las justas exigencias de las víctimas de la violencia. La existencia de esta ley es ya un avance sustancial en el intento de no dejar descobijadas a las víctimas, pero las cosas no son tan simples.
La pregunta que tenemos que hacernos ahora es si el Estado mexicano estás en condiciones, para dar las respuestas que la misma ley le exige. La Ley General de Víctimas obliga a los gobiernos federal, estatales y municipales y a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Pero me pregunto si las autoridades descritas tienen el interés en el tema, en la ley que regula el tema y en aplicarla. Por lo visto hasta ahora, el tema de las víctimas no es clave para los gobiernos. Las víctimas de la violencia representan un asunto de importancia estratégica para el país y nuestros gobernantes se hacen los sordos. Ya lo veremos en la ocasión de que se impulse una Ley Estatal de Víctimas en Guerrero. Las víctimas no les interesan a los políticos en general, quizá porque no representan los votos que requieren. Pero este tema, ni lo manejan, ni lo tratan, ni buscan respuestas.
El tema de las víctimas no existe para la clase política y ellas son invisibles para las autoridades, para los partidos políticos. Y creo saber porqué se muestran tan renuentes a este tema. Las víctimas representan una de las acusaciones más contundentes contra el Estado mexicano y todas sus instituciones. Son una muestra clara de que el sistema político no funciona y/o es un factor que ha generado más víctimas, y de que el modelo económico es generador de violencia, comenzando con la violencia de la pobreza impuesta a la mayoría de nuestro pueblo. La existencia de la multitud de víctimas de la violencia, pone en evidencia a instituciones cómplices o funcionales a la misma violencia que causa tantos daños.
Por todo esto, las víctimas de la violencia han sido abandonadas a su suerte, al igual que las víctimas de la pobreza y de la corrupción. Tienen que valerse por sí mismas para gestionar su supervivencia, sin muchas posibilidades. Las víctimas necesitan a un Estado mexicano íntegro y competente que asuma sus responsabilidades sociales y no deje a la deriva a los ciudadanos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Con la Ley General de Víctimas en las manos, las víctimas esperan que cada autoridad cumpla las obligaciones que la ley le asigna, con el fin de satisfacer sus necesidades de justicia, sobre todo.
Es peligroso mantener a las víctimas de la violencia en el abandono, pues pueden desencadenarse más tragedias. Es de suma importancia que las autoridades afronten su situación, las escuchen y les pongan la atención que requieren. Claro que esto implica cambiar las dinámicas del poder, que ha sido reacio a la justicia y al servicio público; implica cambios en las instituciones que gestionan la administración pública, sobre todo las que tiene que ver con la procuración y la administración de la justicia. Implica un esfuerzo tan de fondo y de largo alcance por erradicar la corrupción y la impunidad. Implica sanear a la misma administración pública.