Tlachinollan

Ante la ineptitud gubernamental,  la digna rebeldía de los pueblos

Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan

Desde la creación del estado de Guerrero, el 27 de octubre de 1849, los caudillos que emergieron al calor de las guerras de Independencia y de Reforma, impusieron su dominio en los ámbitos económico, militar y político. Estos jefes insurgentes, de señores  hacendados pasaron a ser líderes políticos y militares. Se asumieron como hombres de Estado, pero en realidad encarnaron la figura emblemática del cacique, quien en el ejercicio del poder se ha caracterizado por utilizar las instituciones del estado para beneficio personal y familiar.
Guerrero, a más de una centuria y media, es manejado como un feudo por parte de los grupos caciquiles. Sin ningún temor suplantan la ley por la fuerza y utilizan tanto al Ejército, como a las corporaciones policiacas como guardias personales. A la usanza porfirista dictan órdenes para  reprimir y matar a la población que protesta y que se organiza para defender sus derechos. Persiste la ancestral convicción de que el poder nace del fusil y con el fusil se detenta y se sostiene. La confianza en la fuerza y el uso de las armas es más grande que la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos.
El poder como patrimonio familiar, en este tramo de la historia reciente, ha engendrado un gobierno autoritario, bronco, inestable políticamente, condescendiente con los grupos de la delincuencia organizada, caótico, desmesurado, sumamente injusto y con poderes fácticos en las siete regiones. Todo pareciera indicar que el sello de la fatalidad y la actitud dócil e impasible de las y los guerrerenses son la sombra funesta de un destino manifiesto.
En contrapartida a las atrocidades cometidas por los gobiernos caciquiles, Guerrero es venero inagotable de movimientos sociales, gremiales, políticos y armados. Esta beta histórica amalgama diversidad de experiencias excepcionales, que nos hablan de la grandeza de un pueblo combativo, que en momentos decisivos para nuestro país, ha sido el epicentro de la sismicidad social y política, la cordillera por donde cabalgan los hombres y mujeres que portan una dignidad de acero.
A pesar de la violencia endémica y la estela de muerte que se extiende por todo el macizo sureño, los pueblos y comunidades siguen de pie, resistiendo y buscando cómo defenderse de las organizaciones delincuenciales y cómo obligar a que las autoridades cumplan con sus responsabilidades. Los pueblos indígenas y campesinos han apelado a su organización comunitaria para hacer efectiva la defensa de sus territorios. Saben que la mejor manera de garantizar sus derechos colectivos es ejercer el control sobre su patrimonio. Es implantar un régimen de vigilancia, de reordenamiento y reorganización territorial. Su máxima es sólo el pueblo defiende al pueblo.
La fortaleza histórica que poseen los pueblos indígenas radica en sus sistemas normativos, en su sistema de justicia y seguridad, que más allá de que sea reconocido o respetado por el Estado, es una realidad insoslayable, que se impone por sí misma y que forma parte de la riqueza cultural de los pueblos prehispánicos y de nuestra nación. Se trata de un sistema jurídico periférico, que no está dentro del modelo jurídico eurocéntrico, pero que posee las mismas características de todo sistema legal. El sistema de seguridad y justicia comunitaria ha sido fuente del mismo derecho positivo y de las políticas de seguridad del estado. Así lo fue en el período colonial. El mismo gobierno español reconoció a las autoridades indígenas, sus funciones y sus formas de gobierno. Tenían su propia jurisdicción. Esta situación cambió con el positivismo jurídico del siglo 19 que concibió que la consolidación del estado de derecho moderno, era a partir de la constitución de una sola nación, una sola cultura, un único sistema educativo, un solo ejército y un único derecho. Esta visión monista deificó al Estado como el monopolizador de todo, bajo el prisma de la cultura occidental y de la raza blanca.
A pesar de la contribución histórica de los pueblos indígenas al pluralismo jurídico, las autoridades del Estado, que desconocen los orígenes y los fundamentos de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, asumen posturas etnocéntricas y racistas contra los sistemas de justicia y seguridad de los pueblos indígenas, que han recuperado tanto en Costa Chica, La Montaña alta y baja de Guerrero. En estas subregiones están funcionando dos sistemas complementarios: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) en las sedes de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y el Paraíso municipio de San Luis Acatlán. Además en la comunidad Naua de Temalacacingo, municipio de Olinalá, se ha constituido el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria (SSJC) que cuenta con la Policía Ciudadana y Popular (PCP), que se conformó el 2 de diciembre de 2012.
No obstante su raigambre mesoamericana, estos sistemas de justicia son calificados como prehistóricos y por consecuencia como salvajes. Por  lo mismo los gobiernos caciquiles se empeñan en desacreditar la enorme contribución que han dado los pueblos indígenas al mundo, con sus culturas (que en el plano internacional son el orgullo de México), sus saberes milenarios, sus conocimientos astronómicos, sus sistemas agrícolas, su vida ritual y festiva, y sus sistemas de seguridad y justicia.
Las autoridades del estado, los militares, los policías, los jueces y ministerios públicos, todos al unísono, hablan de la justicia indígena por lo que no es, e ignoran todo el aporte que han dado los pueblos indígenas desde hace siglos para resolver conflictos,  para regular la vida de los pueblos, para  garantizar la seguridad y la armonía entre los habitantes, allí donde las instituciones del Estado siguen ausentes o actuando con ineficacia.
Los sistemas de justicia y seguridad  indígenas que han instaurado los pueblos de Costa Chica, La Montaña alta y baja están anclados en todo un sistema de territorios comunitarios, de autogobiernos indígenas, de cosmovisiones propias, que demandan a las autoridades del estado respeto y reconocimiento a sus instituciones, a sus derechos y a su propia jurisdicción. Son  sistemas que  tienen una historia larga, una memoria bastante prolongada, constituida con mucho sufrimiento y también con muchísima resistencia. Son sistemas que cuestionan frontalmente la concepción del sistema de justicia estatal e interpela su modo de actuar, su intolerancia, su inaccesibilidad, su trato discriminatorio, su ineficacia y sus prácticas corruptas. Gracias a estos sistemas se ha logrado la estabilidad social en las regiones indígenas, sin embargo, en las regiones como Costa Grande, Tierra Caliente, Zona Norte y el puerto de Acapulco, hay un ambiente de confrontación que se dirime con las armas y que está costando muchas vidas.
La colusión de las autoridades municipales, directores de seguridad, comandantes, policías y miembros del Ejército con algún bando de la delincuencia organizada, está llevando al paredón a niños, jóvenes y mujeres que son privados de la vida, sin que las autoridades hagan algo para contener esta jauría, que sólo tiene desarrollado el instinto de matar. Los corredores de la muerte están ampliando sus dominios, y los grupos delincuenciales que los controlan están actuando con mayor sadismo. Tienen las vías terrestres y el campo libre para matar e improvisar fosas clandestinas. Cada grupo cuenta no sólo con su armamento y su flota de vehículos para trasladar a las víctimas, sino también cuenta con sus centros de tortura, casas de seguridad, sus trincheras, madrigueras, campamentos, sistema de acopio de alimentos, suministro de droga, alcohol, armamento y parque, así como peonaje para las fosas clandestinas. Las empresas del crimen crecen y se fortalecen bajo la sombra del poder municipal, ya que la mayoría de ediles están en deuda con los jefes de las plazas donde supuestamente gobiernan.
Algunos mandos del Ejército, en lugar de contener esta carnicería, se han encargado de criminalizar a los grupos de autodefensa comunitaria. Afirman que atrás de ellos se esconde “una mano que mece la cuna”.  Dan por hecho y sin pruebas fehacientes que hay intereses oscuros que están alentando estas formas de auto protección. Hacen señalamientos públicos sobre algunos grupos de autodefensa que están manipulados por alguna banda delincuencial. Se trata de descalificarlos ante la opinión pública y de colocarlos en la mirilla de sus enemigos.
Este protagonismo castrense suplanta a las autoridades civiles y toma decisiones que están fuera de su competencia. No actúan para garantizar la seguridad ciudadana sino para mantener intocado el sistema de seguridad del estado y los intereses económicos de las élites. Su sistema de inteligencia está focalizado hacia los movimientos sociales y organismos de la sociedad civil. Tienen identificadas a las organizaciones que para ellos son catalogadas como un peligro para el régimen imperante. Siguen tratando a los organismos defensores de derechos humanos como defensores de delincuentes, como comparsas del crimen organizado y de la guerrilla. El monitoreo de los grupos de la delincuencia lo hacen en la medida que proporcionan información relacionada con los temas de seguridad nacional.
Para las autoridades civiles y militares del estado, la seguridad de los y las ciudadanas no es el tema central dentro de sus agendas. Lo que les preocupa es mantener una imagen incólume de sus instituciones y de sus trayectorias como servidores públicos, sin que les sea relevante la alta cifra de homicidios que colocan al municipio de Acapulco en el primer lugar a nivel mundial. A los gobernantes les importa que llegue el mayor número de turistas, aunque la bahía se encharque de sangre. Es más valioso el dinero de los turistas que la vida y la seguridad de las y los acapulqueños. La frivolidad de los gobernantes, que optan por atender los graves problemas del estado en el en el confort que les ofrece el puerto de Acapulco, habla de su insensibilidad y su nulo compromiso para contener la violencia. Mientras los gobernantes no estén en los lugares donde la gente es asesinada, levantada, secuestrada o desplazada, podrán emitir multiplicidad de boletines de prensa, pero no hablarán con la verdad; porque en los hechos mantienen sus alianzas con los poderes fácticos, y por lo mismo, el actual gobierno será incapaz de arribar a soluciones de fondo a los problemas más sentidos que aquejan al pueblo de Guerrero.