La policía rural es para legalizar a la base social del crimen organizado, dice la CRAC de El Paraíso

*Señala que esos grupos han actuado en el bloqueos a las carreteras en Arcelia, en San Luis la Loma, en Santa Rosa, en el Kilómetro 30, en otros para exigir la libertad de integrantes del CIDA o de los policías ministeriales que mataron a los estudiantes de Ayotzinapa y en la UPOEG

Redacción

Chilpancingo

La Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)  manifestó su rechazo a la propuesta del gobierno del estado de crear la policía rural y para ello contratar a 2 mil efectivos, y señaló que lo que el gobierno pretende es institucionalizar una fuerza formada por integrantes de la base social de la delincuencia organizada.
En un comunicado con fecha 17 de julio, bajo el título “Desde El Paraíso, sin miedo a la verdad”,  la Comisión de Prensa de la más reciente Casa de Justicia de la CRAC, en el municipio de Ayutla, afirma que algunos movimientos que aparecen como de autodefensa y que buscan la seguridad pública, en realidad están integrados por “base social del narcotráfico”, y explica: “Somos testigos del surgimiento de ciertos sectores sociales que pudiéramos llamar ‘base social del narcotráfico’. Los hemos visto organizando marchas en Acapulco para pedir la liberación de miembros del Cida (Cártel Independiente de Acapulco),  o en Chilpancingo haciendo bloqueos para pedir la liberación de policías ministeriales acusados del asesinato de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y encabezando la autodefensa de la UPOEG. Recientemente estos grupos han organizado bloqueos a carreteras muy prolongados como los de San Luis La Loma y Santa Rosa de Lima en la Costa Grande. El del pueblo kilómetro 30 de Acapulco y el que tiene lugar en Arcelia. Sabemos que muchas personas son obligadas a apoyarlos bajo amenaza de muerte, pero no se puede negar que existen estructuras criminales que con la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno se conducen con total impunidad para someter a nuestros pueblos”.

La protección del gobierno a delincuentes en el caso de un secuestro en Tixtla

En el documento, que es parte de una serie de comunicados que desde febrero ha difundido la Casa de Justicia de El Paraíso, habla del caso del secuestro del hijo y la novia del promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina, que un grupo de la delincuencia organizada cometió el 29 de junio. Afirma que este hecho mostró la protección del gobierno a la delincuencia organizada:
“Los grupos de la delincuencia organizada cuentan con la protección del gobierno federal y estatal, de todos los cuerpos policiacos, el ejército mexicano y la marina, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Como muestra un caso: El secuestro del hijo de nuestro promotor en Tixtla, ese operativo de la delincuencia fue concertado y respaldado por el Ejército mexicano y la Marina, no se diga de las policías ministeriales y municipal o de las autoridades municipales. Al mismo tiempo en que se daba el secuestro, la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) implementó retenes para contener a nuestra Policía Comunitaria en todo nuestro territorio comunitario. En el caso de la ciudad de Tixtla el Ejército, Marina y Policía Federal prácticamente sitiaron la histórica ciudad. Y en lugar de ayudar al rescate de los jóvenes el gobierno del estado prácticamente obligó a nuestra institución a negociar la entrega de tres presuntos  informadores de la delincuencia organizada a cambio de la libertad de los jóvenes secuestrados.
“Unos grupos de nuestra policía comunitaria provenientes de Huamuxtitlán y Olinalá llegaron hasta las inmediaciones del municipio de Tixtla en auxilio de nuestros compañeros. Pero fueron detenidos por un retén del Ejército y Marina que les impidieron llegar y los obligaron a regresar bajo la amenaza de ametrallarlos con vehículos artillados y tanquetas que tenían escondidas y a pesar de que los mandos de la CRAC-PC indicaron que regresaran a sus municipios los compañeros fueron perseguidos con vehículos artillados desde Tixtla pasando por todo el municipio de Chilapa y sólo fueron contenidos cuando alrededor de 500 de nuestros compañeros los esperaban en Tlatlauquitepec municipio de Atlixtac, allí ante la abrumadora cantidad de policías armados y gente del pueblo los perseguidores dieron vuelta y huyeron como lo que son. Persiguieron a nuestros grupos de Policía Comunitaria en defensa de miembros de la delincuencia”.
Y en referencia al título del documento, la Comisión de Prensa de El Paraíso expone que “decir esto es peligroso, pero tenemos la obligación de decir la verdad y que el pueblo de México sepa de donde vienen las agresiones a quienes formamos parte de la CRAC-PC. ¿De dónde? De toda la maraña criminal institucional y cárteles de la delincuencia organizada, que son y actúan como una sola fuerza”.
En el documento se hace referencia a declaraciones de mandos del Ejército que afirman que la CRAC viola la ley y los derechos humanos. Una de estas acusaciones fue la del comandante de la Novena Región Militar, Genaro Fausto Lozano, el 3 de julio, en reunión con comisarios de Acapulco.
La CRAC de El Paraíso considera como difamatorias estas declaraciones, y como parte de una estrategia que consiste en una campaña de desprestigio en los medios de comunicación, en hostigar, e intentar detener y desarmar a la Policía Comunitaria con el Ejército y la Marina.
Revela que “las bandas criminales del narcotráfico amenazan con atacar a las policías comunitarias y con tomar por asalto las instalaciones de la Casa de Justicia para liberar a los delincuentes”.
Agrega que unidades del Ejército y la Marina han entrado al territorio comunitario para intimidar a los pueblos, mientras abandonan “lugares donde mantenían retenes para dejarles paso libre a la delincuencia organizada”, en referencia a los que desde enero tenían en la carretera de Ayutla a Tecoanapa.