La estrategia anticrimen debe definirla el Congreso, dicen senadores de PAN y PRD

*La propuesta indica que el poder Legislativo también estaría facultado para aprobar cualquier tratado internacional que suscriba el Estado mexicano en materia de seguridad

Agencia Reforma

Ciudad de México

La propuesta de reforma política presentada por senadores del PAN y PRD busca facultar al Congreso a redactar y aprobar el contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad.
De acuerdo con el proyecto, el poder Legislativo también estaría facultado para aprobar cualquier tratado internacional que suscriba el Estado mexicano en materia de seguridad.
“La magnitud de los riesgos de seguridad en nuestro país, la necesidad de establecer mecanismos de cooperación entre órdenes de gobierno y la urgencia de que el Legislativo sea un colaborador que pueda imprimir eficacia a la estrategia de seguridad, nos impulsa a plantear que el Legislativo tenga que ser partícipe de la redacción de la Estrategia”, señala.
Los legisladores federales plantearon obligar al Presidente de la República a enviar su propuesta de Estrategia Nacional de Seguridad al Congreso al inicio de su mandato.
El diseño deberá contemplar acciones en un horizonte de 15 años y especificar los avances anuales que tendrá en la materia.
Los senadores de oposición subrayaron la necesidad de que el Congreso avale la firma de acuerdos internacionales en materia de seguridad, ya que la intención es transparentar cualquier pacto que suscriba México con otras naciones.
Además, adelantaron que las cámaras de Diputados y Senadores podrán someter a su consideración el contenido del Plan Nacional de Desarrollo.
En la misma iniciativa, panistas y perredistas proponen otorgar plena autonomía al MP federal, a través de la creación de la  Fiscalía General de la Federación, que será un órgano autónomo, responsable de perseguir delitos ante los tribunales penales.

Proponen cárcel para narcos y mapaches electorales

Senadores del PAN y PRD propusieron a las dirigencias nacionales de sus partidos y al presidente Enrique Peña Nieto respaldar una reforma al Código Penal para castigar hasta con 18 años de cárcel a “mapaches” electorales violentos y a los miembros de la delincuencia organizada que participen en los comicios.
De acuerdo con la reforma político-electoral, los candidatos o funcionarios de partido que utilicen recursos de procedencia ilícita en las campañas se harán acreedores a una sanción de hasta 18 años en prisión.
Además, los integrantes de las bandas criminales que impidan el desarrollo de la jornada electoral o los llamados “narcocandidatos” serán castigados hasta con ocho años de cárcel, independientemente de las sanciones contempladas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En el proyecto, del que Reforma tiene copia, los legisladores plantean castigar con siete años de cárcel a quien contrate espacios en radio y televisión durante las campañas.
La pena se incrementará a nueve años cuando un funcionario público utilice recursos públicos para su promoción personalizada, ya sea en imagen, nombre o voz.
Los senadores de oposición reconocen que buena parte de las propuestas son una respuesta a los abusos e irregularidades registradas en los recientes comicios federales de 2012  y en los locales intermedios del pasado 7 de julio.
Según los legisladores, la intención es endurecer las penas contra los delitos electorales como la compra y coacción del voto, donde sólo será necesario documentar la entrega de recursos para comprobarlos.
“Esta iniciativa busca ampliar los delitos a conductas relacionadas con permisionarios, concesionarios de medios de comunicación, integrantes de las delincuencia organizada, responsables de las finanzas partidistas, candidatos independientes y precandidatos”, detalla.
“La entrega misma de dinero supone la intención de modificar el voto. En este entendido, no sólo se elevan las penas para el delito, sino que, bastaría con que se pruebe la condición de entrega de la paga, dádiva, dinero u otra recompensa para tener por acreditada la conducta ilícita”, indica el texto.
Con las modificaciones, se establece en el Código Penal Federal que todos los delitos sean considerados graves, por lo que ninguno de los responsables podrá tener beneficios de preliberación.