Piden los desplazados de La Laguna que se investiguen los asesinatos de sus familiares

*Esa fue la causa de que estén ahora muy lejos de su pueblo de la sierra de Coyuca de Catalán y vivan en una comunidad de Ayutla, donde el domingo la Policía Ciudadana frustró un ataque de sicarios, dicen a Martínez Garnelo, Lara Montellanos e Iñaki Blanco en una reunión en Casa Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Después del frustrado ataque de hombres armados la mañana del domingo a las familias desplazadas radicadas en La Palma II, anexo de la Unión, Coapango y la cabecera de Ayutla, donde dijeron que su demanda principal es que les hagan justicia, que se investiguen los asesinatos de sus familiares en La Laguna, motivo por el cual se vieron forzados a huir y que fue la causa de que ahora se encuentren en una tierra que no es la suya.
Los desplazados se reunieron con funcionarios estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos en donde se comenzó una vez más con la gestión de sus demandas pues los funcionarios con quienes las acordaron anteriormente ya fueron cambiados.
El encuentro fue cerrado y se realizó en Casa Guerrero encabezado por el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; con el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Sergio Javier Lara Montellanos; con el procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera y con el operador del gobierno estatal, Ernesto Aguirre.
Los desplazados estuvieron encabezados por la señora Catalina Pérez Duarte, y fueron acompañadas por el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Martínez Cruz; el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández; el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Reymundo Díaz Taboada, así como por el asesor del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Alejandro Ramos Gallegos.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, dijo que las pláticas con los funcionarios prácticamente comenzaron de cero puesto que para ellos los acuerdos que tuvieron las familias desplazadas con los anteriores funcionarios “para ellos no existen” pues no hay minutas firmadas.
Sin embargo, añadió que los funcionarios se comprometieron con algunas cosas con las familias, como pagar 145 mil pesos de adeudos que las familias dejaron en la tienda Diconsa de Puerto de las Ollas, en Coyuca de Catalán, en donde estuvieron radicadas por un tiempo.
Asimismo, los funcionarios ofrecieron que el jueves de esta semana van a enviarles víveres a granel, como arroz por bulto, frijol por bulto y despensas. También en el caso de Justicia hubo el acuerdo de que el 29 de julio se van a reunir con el procurador de Justicia para ver los casos de denuncias y averiguaciones previas que existen por agravios en su contra y que no tienen conocimiento de los avances.
Al respecto informó que está pasando lo mismo que con la anterior procuradora, Martha Elba Garzón Bernal, pues le llevaron toda la información pero en los hechos no resolvió nada.
Dijo que los representantes de los organismos civiles de derechos humanos remarcaron a los funcionarios la cuestión de la inseguridad en que viven las familias, y añadió que el secretario de Seguridad Pública se comprometió a mantener efectivos de seguridad en el lugar donde viven.
Añadió que consideran que no consiguieron mucho pero que ya comenzaron nuevamente las pláticas con las autoridades.
Por su parte, una de las jefas de familia, Catalina Pérez Duarte, informó que lo que piden es que el gobierno estatal cumpla con la construcción de sus casas, “porque hasta ahora solamente vemos que están amontonando material pero, en los hechos, no vemos nada”, manifestó.
“Pero yo lo que más les dije es que quiero justicia, que ya nos venimos de nuestra tierra huyéndole a los maleantes y ahora ya vienen hasta aquí por nosotros, hasta donde estamos”, dijo en referencia al intento de ataque que sufrieron el domingo, pero que al repeler a los agresores los vecinos y policías ciudadanos, mataron a dos de ellos y detuvieron a uno más.
Martínez Cruz dijo que esperan que ahora sí “esta administración termine con estos funcionarios porque pueden darnos la sorpresa dentro de un mes que los cambien y volvamos a empezar las pláticas, ese sería el problema”.
El dirigente del Fodeg informó que existe la desconfianza de que haya nuevos cambios y que lo que acordaron ahora ya no se cumpla por los que vienen, como ocurrió con los anteriores funcionarios con los que acordaron y al haber sido cambiados ahora tienen que volver a comenzar con las gestiones.
A su vez, Raymundo Díaz Taboada denunció que por esos cambios que se dan en el gobierno, a siete meses de que llegaron a acuerdos con los ex funcionarios, todo lo convenido con las familias desplazadas no se han cumplido.
“Desafortunadamente tuvieron que pasar los hechos de ayer (el domingo) en donde dos personas perdieron la vida para que se llevara a cabo una reunión de alto nivel en donde las señoras se pudieron dar cuenta de la desorganización que tienen a nivel interinstitucional pues no han podido ni darle seguimiento a los acuerdos que se tuvieron con los funcionarios anteriores, ni todas las áreas tenían conocimiento de lo que estaba pasando”, dijo.

Vigilarán la zona policías estatales, informa el gobierno del estado

Por su parte, el gobierno del estado informó por la noche, mediante un boletín que la reunión con las familias desplazadas por la violencia se realizó en el merco del Comité Integral de Atención a Desplazados, y que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, les dijo que se atenderán las prioridades planteadas, y que también se realizará un inventario de acciones pendientes, “a fin de que se cumplan todos los compromisos adquiridos con ellos”.
También se informó que acordaron reforzar la seguridad en la zona donde están asentados, con un incremento de rondines por parte de efectivos de la Policía Estatal; el otorgamiento de insumos alimentarios para los siguientes cinco meses, y el pago de un adeudo de los desplazados con Diconsa.
Mientras tanto se informó que el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Sergio Javier Lara Montellano, ofreció que se atiendan las denuncias de la población desplazada para lo cual se implementarán rondines de agentes policiacos en la zona a fin de garantizar su seguridad, y se implementará un sistema de acompañamiento, además de que se realizarán operativos de investigación y de prevención del delito.

Investigará la UPOEG los antecedentes de los desplazados de La Laguna, dice Bruno Plácido

*Necesitamos saber por qué hay tanto interés de mandar gente desde la Costa Grande para atacarlos”, dice sobre las familias que viven en Ayutla y que salieron de la sierra de Coyuca de Catalán por la violencia de grupos paramilitares y talamontes. Niega que uno de los abatidos el domingo sea guarura del alcalde Severo Castro
Dice el alcalde de Ayutla que no conoce “oficialmente” el ataque a los desplazados

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio desmintió ayer que uno de los dos sicarios muertos por la autodefensa el domingo en La Palma II, anexo de la comunidad de La Unión, sea guarura del presidente municipal de Ayutla, Severo Castro Godínez, como informaron vecinos del lugar.
Agregó que la autodefensa investigará a las familias que salieron de la sierra de Coyuca de Catalán por la violencia de grupos paramilitares y talamontes luego del asesinato de su lideresa, Juventina Villa Mojica el 28 de noviembre pasado.
El domingo un grupo de hombres armados intentó atacar a las familias desplazadas por la violencia en La Laguna, Coyuca de Catalán, que ahora radican en ese lugar pero fueron descubiertos, uno capturado, dos abatidos y uno más escapó.
Informó que el muerto al que se le encontró una credencial de elector se llamaba Rodrigo Valdovinos Palacios de 31 años y era originario de la comunidad de La Barrita, municipio de Petatlán. Mientras que el que está detenido se llama Emmanuel Visoso Manzanares, vecino de la ciudad de Tixtla.
Plácido Valerio fue entrevistado la mañana de ayer al salir de Casa Guerrero, en donde se entrevistó con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo para darle seguimiento a la conformación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, encuentro que tenía programado con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, pero que se suspendió porque el mandatario se encontraba en la Ciudad de México.
El promotor de la UPOEG informó que tras el intento de ataque acordaron realizar una investigación para ver si estas familias desplazadas tienen antecedentes delincuenciales.
Explicó que esta medida la tomarán debido a que mientras estén en la zona es responsabilidad de la Policía Ciudadana brindarles seguridad.
Plácido Valerio dijo, “se acordó con ellos que vamos a revisar si no traen un antecedente delincuencial porque si están en nuestra zona tenemos la responsabilidad de garantizar seguridad a todos, no sólo a los desplazados sino a todos los que habitan en la zona”.
Explicó que para esta revisión pedirán la colaboración de instancias de gobierno, dado que provienen de zonas donde la Policía Ciudadana no tiene influencia.
“Necesitamos saber por qué hay tanto interés de mandar gente desde la Costa Grande hasta ese lugar (Ayutla) para atacarlos”, dijo.
Plácido Valerio corroboró que desde el sábado tuvieron reportes de que había personas desconocidas en Ayutla que buscaban a estas personas, y confirmó, además, que fue la Policía Ciudadana quien enfrentó a los integrantes del grupo armado y mató a dos de ellos.
Agregó que el detenido, Emmanuel Visoso Manzanares está dando información sobre quiénes lo enviaron y por qué, sin embargo no abundó al respecto, sólo que la investigación continúa.
Adelantó que luego de que sea interrogado por la Policía Ciudadana se entregará a las autoridades para que se le juzgue y se profundice en la investigación, porque proviene de zonas donde la UPOEG no tiene influencia.
De los dos muertos explicó que uno de ellos hasta ayer seguía en calidad de desconocido, mientras que a otro, al que le encontraron una identificación, se llamaba Rodrigo Valdovinos Palacios, de 31 años.
Indicó que los presuntos sicarios, dos días antes del incidente estuvieron en Chilpancingo y de ahí se trasladaron a Ayutla, en donde recibieron las armas largas que buscaban utilizar en el ataque.
Desmintió que uno de los muertos sea empleado del Ayuntamiento de Ayutla.
Plácido Valerio fue entrevistado la mañana de ayer al salir de Casa Guerrero, a donde acudió a darle seguimiento a la conformación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Informó que prevé que esta comisión sea instalada formalmente durante la próxima semana y dijo que la propuesta es que se convierta en un canal de diálogo con los tres niveles de gobierno, para que se atiendan las diversas demandas sociales que las organizaciones plantean.
“Debe ser un canal en donde las agendas del sector social sean para que se canalicen desde el Congreso local, el federal, así como de los gobiernos estatal y federal para que haya un diálogo permanente y que nadie se persiga por un derecho que tenemos al bienestar y al desarrollo”, explicó.

“Severo Castro desmiente que uno de sus escoltas haya muerto

Rosalba Ramírez García y Redacción

Chilpancingo / Ayutla

El alcalde de Ayutla de los Libres, Severo Castro Godínez, dijo que desconoce oficialmente los hechos ocurridos en la comunidad de La Unión, perteneciente a este municipio, y desmintió que uno de sus escoltas esté muerto, ya que éstos no participaron en los hechos delictivos, pues todo el tiempo están al servicio del edil y no hay tiempo para separarse de su trabajo.
Agregó en entrevista que el gobierno del estado no brinda seguridad a las familias desplazadas en de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, refugiados en La Palma II, anexo de La Unión, y que ese municipio de Costa Chica no tiene la capacidad de tener policías al cuidado de los que llegaron.
También negó que uno de los hombres abatidos el domingo sea parte de su escolta, como se rumoraba en la población; dijo desconocer quién es la persona, pero insistió en que no es su trabajador y menos guardaespaldas.
Dijo estar preocupado porque desconoce la situación o problemas que tienen las familias desplazadas que llegaron a Ayutla, y recordó que nadie, ninguna organización, ni siquiera el gobierno del estado, les ha informado “cuáles son sus problemas reales”.
El domingo, un grupo de cuatro hombres armados pretendió atacar a las familias desplazadas de la Laguna, que se encuentran refugiadas la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, sin embargo fueron descubiertos y en un enfrentamiento, dos de los agresores murieron, uno más fue detenido hombres de las familias desplazadas y policías del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC).
El alcalde, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que “lo único que sé, extraoficialmente, es que fue alrededor de las 9 de la mañana, donde habitantes de La Unión, reportaron un enfrentamiento entre posibles hombres que participan en el crimen organizado y familiares de un campamento de refugiados”.
Además, confirmó que desde la llegada de las familias desplazadas a Ayutla en diciembre pasado, el gobierno estatal no ha enviado policías estatales a resguardar a los desplazados de La Morena.
Confirmó que la policía municipal realiza rondines en todas las comunidades por igual, y afirmó que como alcalde es el primer responsable de la seguridad en el municipio.
Pero dijo que aunque quisiera, no podría brindar atención especial a los desplazados que llegaron a una comunidad de Ayutla, porque para eso tendría que descuidar a otras poblaciones.
A pesar de la entrada de hombres armados al municipio, dijo que en Ayutla hay “mucha seguridad” por parte del SSC, la policía municipal, estatal y que ya no habían ocurrido hechos violentos hasta el del domingo.
Comentó que tiene más de un mes que fue personal del gobierno del estado, “a ver las condiciones” de las familias que se refugiaron ahí después de que huyeron de su municipio por presiones de la delincuencia organizada, y que los acompañó para llevarles “algunos apoyos”.
Severo Castro afirmó que han tratado de brindar seguridad a los desplazados, como al resto de los ciudadanos de Ayutla, pero que le preocupa desconocer cuáles son los problemas reales por los que las familias desplazadas de Coyuca de Catalán llegaron hasta Ayutla.
“Como gobierno, a mí me preocupa el asunto de cómo vienen las familias refugiadas, no sé cuáles sean sus problemas reales”, porque nadie le ha informado de manera oficial cuál es la problemática que originó la salida de su municipio.
Comentó que lo único que sabe de las personas que llegaron a Ayutla, en Costa Chica, es que huyeron de La Laguna en Coyuca de Catalán, “por algunas agresiones y decesos de sus familiares”.
El comandante del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC), René Gutiérrez, reportó que se trataban de cuatro hombres armados los cuales dos de ellos perecieron en el enfrentamiento, sin que hasta el momento se puedan identificar; uno logró huir y otro fue capturado. Describió que en ese lugar viven nueve personas, quienes han sido perseguidas por grupos delincuenciales y que a partir de jueves pasado se dieron cuenta de que gente extraña los estaba vigilando.