Detiene la Marina en Olinalá a tres comunitarios; responde la CRAC con ocho retenciones

*Cercan militares, marinos y policías estatales la comunidad luego de que la policía del pueblo detuvo al director de Seguridad municipal, a seis de sus agentes y al auxiliar del Ministerio Público

*Los gobiernos federal y estatal nos tratan como delincuentes a modo de presión para que nos incorporemos a su Policía Rural, dice el coordinador Eliseo Villar antes de que a la medianoche sus compañeros fueran liberados de la PGR en Chilpancingo

*Niega el gobierno de Aguirre que haya pagado la fianza y recalca que apoya a las fuerzas federales

*El Ejército desarmará a los civiles, advierte en Xaltianguis el comandante de la 27 Zona

Detiene la Marina a tres policías comunitarios de Olinalá; la CRAC responde con ocho retenciones

*Retiene al director de Seguridad municipal, Lorenzo Medardo Vázquez, a seis de sus agentes y al auxiliar del MP, Francisco Bello Pineda. Cercan militares, marinos y policías estatales la comunidad

Carmen González Benicio

Olinalá

La Policía Comunitaria (PC) de Olinalá integrada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detuvo a seis policías municipales, al director municipal de Seguridad, Lorenzo Medardo Vázquez y al auxiliar del  Ministerio Público (MP), Francisco Bello Pineda porque la Marina aprehendió a tres comunitarios por portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
La coordinadora de esta PC adscrita a la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla, Nestora Salgado García, informó que sus compañeros fueron trasladados a la Procuraduría General de la República (PGR) y ellos son: Martín Acevedo Acevedo, Eulogio López Suárez y Carlos Sánchez Zepeda.
Exigió su libertad y la devolución de las armas que dijo son del pueblo, dos pistolas calibre 38 súper y una 9 milímetros.
Advirtió que de lo contrario, no liberarían a los policías municipales: Mauro Ponce Almazo, Guillermo Morales Gaspar, Eligio Palma Tomás, Isaí Lucero Lucero, Eugenio Lara Salgado y Jesús Navarrete Jiménez así como al director de Seguridad, Lorenzo Medardo y al auxiliar del  MP, Francisco Bello.
La Policía Comunitaria tenía en su poder la camioneta de Seguridad Pública, las armas de grueso calibre de los policías, sus chalecos, sus teléfonos y otras cosas que llevaban, entre lo que destaca que en la caja de la camioneta los uniformados traían una botella de brandy Azteca de Oro y cervezas de lata. El director de la corporación estaba alcoholizado cuando fue detenido, denunció la coordinadora.
De acuerdo al reporte de la Policía Comunitaria de Olinalá, los hechos iniciaron cerca de las 12 de la noche del domingo cuando patrullaban el centro del poblado, ahí se encontraron con efectivos del Ejército quienes les revisaron su armamento y encontraron las tres armas, dos calibre 38 súper y la 9 milímetros.
El militar responsable del grupo les dijo que esas armas eran prohibidas y que por esa noche “nos daban chance de llevarlas, pero al siguiente ya no”, las cosas quedaron en esos términos, pero minutos después los alcanzó otro grupo de la Marina cerca del hospital, rodeó la patrulla, bajó a los policías comunitarios y los detuvo,  “iba al frente el teniente Sierra (quien ya tiene antecedentes de intimidar a los integrantes de la PC), se fue directo a las armas y alegó que eran de uso exclusivo y portarlas es un delito, por lo que se los llevaron al Ministerio Público y en minutos los subieron a una camioneta para llevárselos a Chilpancingo”, contó Nestora Salgado.
Agregó que habló con el teniente, le explicó que minutos antes habían llegado a un acuerdo con los militares y le pidió que las cosas se solucionaran en el lugar, pero no le hicieron caso “al contrario, me amenazaron con llevarme y le pregunté que por qué y cómo no había nada, me dejaron”.
Relató que alrededor de la una de la mañana continuaron con sus recorridos  y detuvieron a un menor de edad que manejaba un auto a gran velocidad, lo acompañaban una niña de ocho años y un adulto alcoholizado, por lo que se lo llevaron a sus instalaciones y ahí se acercó el auxiliar del Ministerio Público a querer incidir y por eso lo detuvieron. Los del vehículo quedaron libres.
Minutos después se toparon con la patrulla en donde iba el director de Seguridad y los seis policías, los detuvieron y desarmaron porque el primero iba alcoholizado y al bajarse los agredió, entonces fue sometido.
Las exigencias
La Policía Comunitaria se mantuvo alerta el resto de la madrugada por los rumores de que un grupo de ciudadanos afines al presidente municipal, Eusebio González, intentaría liberar a los detenidos con apoyo de la Marina y el Ejército, por lo que se reunieron los simpatizantes de la CRAC.
Cerca de las 11 del día, Nestora Salgado informó a los asistentes lo ocurrido y recriminó que los militares y las autoridades municipales y estatales se dediquen a perseguirlos en lugar de atender los problemas y detener a los delincuentes. Ahí los ciudadanos reafirmaron que la PC debía continuar y no ceder ante los embates del Estado.
La comandanta hizo varias llamadas en las que pedía la libertad de sus compañeros o de lo contrario tomarían el Ayuntamiento o la carretera federal Tlapa-Chilapa, a la altura del crucero a de esta cabecera municipal “no son criminales y la detención es injusta porque había acuerdos”, repitió una y otra vez a sus interlocutores.
En ese momento se sumaron los policías de Tlatlauquitepec para apoyarlos, cuando antes también fueron detenidos por los militares en el Crucero a Olinalá y ahí los efectivos del Ejército prohibieron tomar fotos a la reportera. A las seis de la tarde aún no llegaban los policías comunitarios de Huamuxtitlán ni de San José Buena Vista, Alpoyeca,
Como a la una de la tarde, informaron que los tres detenidos fueron remitidos a la PGR en Chilpancingo en donde iniciarían a dar su declaración “están bien, no fueron golpeados”, dijo Nestora Salgado a los familiares.
A las dos de la tarde, los acuerdos eran que los liberarían, pero que no les entregarían las armas por lo que hubo desacuerdos “esas armas son del pueblo y las debemos de tener aquí al igual que los compañeros”, exigieron.
Para las tres de la tarde seguía la misma postura, liberación de las personas, pero sin armas “nos dicen que nos pagan las armas”, mencionó Salgado a lo que los asistentes se opusieron y dijeron que radicalizarían su postura, “no entregamos las armas, ni los chalecos ni a los policías y al director”, dijeron.
Entonces la coordinadora de la CRAC-PC de Olinalá subió con los retenidos para decirles que lamentaba que ningún funcionario municipal se había preocupado por ellos “nadie ha venido del Ayuntamiento a ver por ustedes”, les dijo.
Ahí le preguntó al director su versión y éste contestó que esperaría el tiempo que se tardaran los trámites.
A las cinco de la tarde los policías comunitarios y ciudadanos de Olinalá seguían a la espera de los acuerdos en Chilpancingo porque ninguna autoridad municipal se acercó al lugar y en un recorrido al Ayuntamiento dos policías dijeron a la reportera que no había nadie por el periodo vacacional del 14 al 28 de julio, aunque había personal y algunas oficinas abiertas en la parte superior.
Los militares pusieron un retén a la salida de Olinalá, cerca de la 5:00 de la tarde y otros vehículos se dispersaban por otros lugares. Se supo que la Marina se instaló en el punto llamado Las Ceibas. También llegaron tres patrullas de la Policía Estatal.

Libera la PGR a los tres policías comunitarios de Olinalá tras un bloqueo de la CRAC

*Salieron de la delegación en Chilpancingo a las 12:15 de la noche en donde ya se habían instalado en plantón sus autoridades. El coordinador Eliseo Villar  denuncia que los gobiernos estatal y federal los tratan como delincuentes y que los están presionando para que se incorporen a la Policía Rural. Niega Casa Guerrero la versión de que pagó la fianza

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Tres policías comunitarios de Olinalá que fueron detenidos por elementos de la Marina por portación de arma de grueso ca-libre, fueron puestos a disposición del Ministerio Público fe-deral la mañana de ayer en esta capital, fueron liberados anoche  luego de un bloqueo de la  Coor-dinadora Regional de Autori-dades Comunitarias (CRAC) a la calle que pasa frente a la delegación de la PGR y al carril de sur a norte del Paseo Alejandro Cervantes Delgado.
Los policías comunitarios Martín Acevedo Acevedo, Eu-docio López Suárez y Carlos Sánchez Zepeda, fueron dete-nidos la media noche del domingo, por efectivos de la Marina Armada de México, cuando realizaban un patrullaje de rutina en esa cabecera municipal .y les decomisaron dos pistolas 38 súper y una 9 milímetros.
En respuesta, la Policía Comunitaria del lugar retuvo a la una de la madrugada de ayer, al director de Seguridad Pública municipal, Lorenzo Medardo Vázquez, al auxiliar del Ministerio Público del fuero común, Francisco Bello Pineda y a seis policías municipales. A estos funcionarios y policías, la Policía Comunitaria les recogió 7 rifles AR-15 y una pistola 9 milímetros.
La coordinadora de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado, reconoció vía telefónica, que la detención de los dos funcionarios y los seis policías fue con el fin de intercambiar su liberación por la de los policías comunitarios.
Sin embargo, éstos ingresaron a las instalaciones de la delegación de la PGR antes de las 9 de la mañana de ayer, custodiados por unos 50 elementos de la Marina que se transportaban en un camión de redilas y en una camioneta Pick Up, quienes se retiraron de la delegación ya después de la una de la tarde.
Hasta allí llegaron después del medio día el promotor de la CRAC de los municipios de Tixtla y Ayutla, Gonzalo Molina González y los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, quienes demandaron la libertad de los policías comunitarios de Olinalá.
El coordinador Villar Castillo denunció antes de entrar que el gobierno del estado y federal está dando un trato de delincuentes a la CRAC y a sus policías comunitarios y que los está presionando para que se incorporen a la Policía Rural, como lo ha propuesto el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Dijo también que los tres policías comunitarios que fueron detenidos en Olinalá, se encontraban dentro de su territorio y que aunque portaban armas de alto calibre, no se justificaba su detención y su traslado a Chilpancingo, puesto que dijo que realizan una función igual que otras corporaciones para que porten armas como las que les quitaron.
Los coordinadores de la CRAC y el promotor Gonzalo Molina permanecieron menos de dos horas en las instalaciones de la PGR y al salir informaron que habían acordado la liberación de los tres policías de Olinalá, así como el de Tierra Colorada de Cuajinicuilapa. Villar Castillo reconoció que habían acordado con el gobierno estatal en que pagaría la fianza de los cuatro.
Sin embargo, esto fue desmentido por el gobierno del estado mediante un boletín, en el que dice que “así mismo ratifica el respeto a las acciones de los elementos de la Armada de México, así como a las determinaciones ministeriales del orden federal.
Por su parte Gonzalo Molina contradijo a Villar Castillo al referirse a la detención del comandante de Tierra Colorada Santiago Ávila, pues declaró que la CRAC lo respaldaría saliendo de la cárcel, cuando Villar Castillo declaró el domingo que cuando saliera lo desconocerían como miembro de la CRAC por ser cómplice de su hijo que era el portador del AK-47 que le decomisaron y el motivo de su detención.
Por esta diferencia los coordinadores de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán se retiraron y dejaron solos a un grupo que acompañaba al promotor de Tixtla, Molina González, a quien se les sumó mas tarde otro grupo de integrantes de la CRAC de Huamuxtitlán, encabezados por el coordinador, Miguel Bitrago Reyes.
Aún cuando aseguraron que habían acordado en la PGR la liberación de los tres policías comunitarios y el comandante de Cuajinicuilapa, la liberación de estos no ocurría hasta a las 12 de la noche.
Debido a ello, a esa hora, unos 50 integrantes de la CRAC del municipio de Tixtla bloquearon las calles adyacentes de la delegación de la PGR para exigir la liberación de los comunitarios.
Antes, a las 11, un abogado de la PGR salió a informar al promotor de la CRAC que en media hora obtendrían su libertad, puesto que ya estaban declarando los tres al mismo tiempo. Sin embargo, minutos después salió el representante legal de los tres detenidos que les puso la CRAC, quien informó que hasta esa hora, las 23:45, no se había depositado la fianza, por lo que no creían que salieran libres.
Ante ello, Molina González informó que el bloqueo a la calle que pasa frente a la delegación de la delegación de la PGR y el carril de sur a norte del encauzamiento que pasa atrás de las instalaciones de la dependencia federal permanecería bloqueadas hasta que fueran liberados.
Mientras tanto, desde las 11 de la noche, por las calles cercanas a la delegación de la PGR comenzaron a circular patrullas del Ejército mexicano, de la Policía Federal y Estatal, sin que se presentara ningún incidente.
Los tres policías comunitarios salieron de la delegación de la PGR hasta a las 12:15 de la noche, ante la algarabía de quienes se manifestaban por su libertad afuera de las instalaciones federales, quienes a esa misma hora retiraron los bloqueos.

No hay coordinación con “gente fuera de la ley”, dice jefe militar sobre las autodefensas

*En Xaltianguis, el comandante de la 27 Zona, Mario Lucio González advierte que los civiles serán desarmados y puestos a disposición de las autoridades. No han salido los policías ciudadanos de la UPOEG en los cuatro días que llevan ahí los soldados, dice. Tiene el ejército 52 bases en diferentes partes de la Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, subraya

Mariana Labastida

El comandante de la 27 Zona Militar, Mario Lucio González Cortés, dijo que no tiene contacto ni coordinación con “gente fuera de la ley”, como se refirió a la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Xaltianguis, que le pidió realizar vigilancia conjunta en el poblado.
En entrevista durante el recorrido del Ejército en esa comunidad de Acapulco en donde realizan “labor social” desde el viernes, el comandante dijo que sólo se coordinará con las corporaciones “debidamente establecidas”, en referencia a las policías municipales, la estatal y la federal y en este poblado con la Policía Rural.
Insistió en que no tiene contacto con “otras personas que no estén dentro de la ley”, y al preguntarle de la advertencia a los policías ciudadanos que se mantuvieran en su comandancia o serían desarmados y detenidos, González Cortés dijo que “a todo civil que ande armado y que no esté autorizado se  le aplicará la ley federal de armas de fuego y explosivos”.
Agregó que durante los cuatro días que llevaban los soldados en la comunidad no habían visto a ninguna persona armada y mencionó que en otras comunidades cuando ven a un civil armado, “se les desarma y se pone a disposición de las autoridades correspondientes”.
Del ataque del domingo en Ayutla a los desplazados por la violencia de La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, en donde policías ciudadanos mataron a dos agresores, el comandante dijo que es un tema que le corresponde resolver al gobierno del estado y que esa información ya la tenían los medios de comunicación.
Del incremento de patrullajes y efectivos militares y policiacos que anunció el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, para combatir la inseguridad en la región de la Costa Grande, mencionó que están las bases de Operaciones Mixtas Urbanas en cualquier lugar, “la coordinación con las diferentes autoridades, es eso cuando se presenta alguna incidencia de seguridad, nos coordinamos para estar presentes”.
Dijo que realizan recorridos en diferentes lugares de día y noche, además de los retenes en las carreteras, y precisó que tienen 52 bases en diferentes partes de la Costa Grande, Costa Chica y Acapulco.
Mencionó que se intensificarán las actividades que realizan según se vayan dando las situaciones y que están realizando operativos en la Costa Grande pero por cuestiones de seguridad no dio más información al respecto.
Agregó que en el año han localizado 36 plantíos de mariguana y que se han destruido más de mil toneladas de droga.
El comandante visitó Xaltianguis, en donde el Ejército instaló desde el viernes módulos de atención médica y odontológica, así como de pláticas de salud, farmacia, corte de pelo, arreglo de aparatos electrónicos y canje de armas y dieron mantenimiento al kínder Estefanía Castañeda, en donde estudian 120 niños.
En el plantel educativo los maestros, padres de familia y alumnos dieron las gracias al Ejército, la directora Micaela Hernández Adame consideró atinada la decisión de ayudar a los pobladores, y el comandante le contestó que la labor que estaban realizando era “trabajar para un México en paz para la seguridad humana”.
González Cortés aseguró que la labor social no está relacionada con el surgimiento de grupos de seguridad ciudadana ni con los altos índices de inseguridad, luego de que la primera zona que visitaron en Acapulco fue la colonia Simón Bolívar, a la cual regresarán porque no terminaron con su labor.
Explicó que se hacen las mismas brigadas en comunidades de la Costa Grande y Costa Chica y que se realizan cuando se presenta la oportunidad.
En Xaltianguis habían acudido a los diferentes módulos mil 550 personas, el comandante dijo que no tiene tiempo límite para permanecer en la comunidad, que será  cuando ya no acudan los ciudadanos a los módulos o en su caso si tienen que trabajar en otro lugar. La próxima brigada que se realice en Acapulco será en la colonia Renacimiento o en la Emiliano Zapata, informó.