Abelardo Martín M.

Lo que el gobierno abandona, el pueblo lo toma

Esta comprobado que cuando el gobierno está rebasado por los problemas que aquejan a la sociedad, sobrevive en una agonía lenta y dolorosa que hace crecer a la sociedad y permite que el vacío se llene con la intervención de grupos que asumen el papel asignado al gobierno, no necesariamente a la autoridad.
Así, cuando hay injusticia, el pueblo toma la justicia por propia mano, cuando la economía fracasa en dar empleo a sus ciudadanos surge la economía informal y los funcionarios deshonestos se benefician de su propia incompetencia coludidos con grupos o personas que se protegen en la impunidad.
Lo mismo ocurre cuando la gobernabilidad se deteriora y no garantiza el gobierno los mínimos indispensables para que haya paz, justicia, educación, desarrollo, crecimiento económico, en síntesis cuando no hay felicidad para la población y se vive en medio del desorden, de la impunidad, de la ingobernabilidad, de la injusticia creciente.
Medir la gobernabilidad es fácilmente comprobable si se atienden ciertos parámetros sencillos como territorialidad, armonía (más que la paz), convivencia civilizada, educación y progreso.
Guerrero vive un creciente deterioro social, económico y político que no quiere ser reconocido por sus autoridades, dedicadas a minimizar el impacto y la trascendencia de la realidad.
En los últimos años, el estado de Guerrero ha sufrido un deterioro inocultable, no solo por la violencia, sino especialmente por la negación de sus autoridades para aceptar la gravedad de la realidad.
A las tensiones sociales y políticas se han sumado las económicas, tanto que sus dos sitios turísticos por excelencia, Acapulco e Ixtapa han sufrido ya la drástica caída de sus ingresos y la cada vez inferior aceptación del turismo nacional e internacional, que ha optado por los atractivos del Caribe.
En el foro Guerrero por la conmemoración del 19 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, se acordó no permitir la destrucción del territorio comunitario con la entrada de la minería ni el proyecto de reserva de la biosfera; también se defenderán los modelos de justicia y seguridad comunitarias surgidos en la región.
La Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional actúan como agencias promotoras de las inversiones mineras pisoteando los derechos de los núcleos agrarios y de los pueblos indígenas.
“Seguiremos organizándonos desde las comunidades para hacer valer los acuerdos comunitarios mediante los cuales se rechaza la minería y la imposición de una reserva de la biosfera con la que se pretende quitarnos el control de nuestro territorio y no permaneceremos indiferentes ante las empresas trasnacionales que se sirven de la complicidad gubernamental”.
Se exigió el esclarecimiento?del homicidio de los luchadores sociales de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, al que consideraron un crimen de Estado y ejecución extrajudicial; pidieron también que se garanticen la seguridad de los sobrevivientes y de sus familiares.
Esas luchas surgen por la inacción estatal y la complicidad entre autoridades estatales y la delincuencia organizada para controlar a los pueblos.
Otro hecho que muestra la realidad guerrerense es la masiva huida por el narco en cinco pueblos del estado. De acuerdo con reportes periodísticos, unas 180 familias de cinco poblados del municipio de San Miguel Totolapan en la Tierra Caliente de Guerrero, El Cubo, Santo Tomás, El Guayabo, El Romance y El Terrero abandonaron su lugar por las amenazas de muerte de grupos de la delincuencia organizada, después de tres días de balaceras que dejaron varias personas heridas y algunas casas incendiadas, dijo Bolívar Ochoa, secretario del ayuntamiento de esa localidad. Más de? 600 personas iniciaron el éxodo la tarde del miércoles, en busca de un sitio tranquilo y seguro donde vivir.
Lo que el gobierno abandona, el pueblo lo toma, o su equivalente: el gobierno (como la justicia) por propia mano.
Tan es así que el diputado Jorge Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, comenta que la iniciativa del gobernador, Ángel Heladio Aguirre Rivero, que busca reformar la Ley número 281 de Seguridad Pública prevé la posibilidad de una policía rural certificada, la que tendría que ser elegida por la población y contratada por el gobierno del estado de Guerrero.
Recientemente se firmó? un acuerdo entre presidentes municipales para aceptar el mando único, actualmente está vigente en varios municipios.
Gobierno que reacciona va atrás de su pueblo, no al frente. Otros llevan la delantera.