Piden los desplazados de La Laguna que se investiguen los asesinatos de sus familiares

*Esa fue la causa de que estén ahora muy lejos de su pueblo de la sierra de Coyuca de Catalán y vivan en una comunidad de Ayutla, donde el domingo la Policía Ciudadana frustró un ataque de sicarios, dicen a Martínez Garnelo, Lara Montellanos e Iñaki Blanco en una reunión en Casa Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Después del frustrado ataque de hombres armados la mañana del domingo a las familias desplazadas radicadas en La Palma II, anexo de la Unión, Coapango y la cabecera de Ayutla, donde dijeron que su demanda principal es que les hagan justicia, que se investiguen los asesinatos de sus familiares en La Laguna, motivo por el cual se vieron forzados a huir y que fue la causa de que ahora se encuentren en una tierra que no es la suya.
Los desplazados se reunieron con funcionarios estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos en donde se comenzó una vez más con la gestión de sus demandas pues los funcionarios con quienes las acordaron anteriormente ya fueron cambiados.
El encuentro fue cerrado y se realizó en Casa Guerrero encabezado por el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; con el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Sergio Javier Lara Montellanos; con el procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera y con el operador del gobierno estatal, Ernesto Aguirre.
Los desplazados estuvieron encabezados por la señora Catalina Pérez Duarte, y fueron acompañadas por el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Martínez Cruz; el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández; el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Reymundo Díaz Taboada, así como por el asesor del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Alejandro Ramos Gallegos.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, dijo que las pláticas con los funcionarios prácticamente comenzaron de cero puesto que para ellos los acuerdos que tuvieron las familias desplazadas con los anteriores funcionarios “para ellos no existen” pues no hay minutas firmadas.
Sin embargo, añadió que los funcionarios se comprometieron con algunas cosas con las familias, como pagar 145 mil pesos de adeudos que las familias dejaron en la tienda Diconsa de Puerto de las Ollas, en Coyuca de Catalán, en donde estuvieron radicadas por un tiempo.
Asimismo, los funcionarios ofrecieron que el jueves de esta semana van a enviarles víveres a granel, como arroz por bulto, frijol por bulto y despensas. También en el caso de Justicia hubo el acuerdo de que el 29 de julio se van a reunir con el procurador de Justicia para ver los casos de denuncias y averiguaciones previas que existen por agravios en su contra y que no tienen conocimiento de los avances.
Al respecto informó que está pasando lo mismo que con la anterior procuradora, Martha Elba Garzón Bernal, pues le llevaron toda la información pero en los hechos no resolvió nada.
Dijo que los representantes de los organismos civiles de derechos humanos remarcaron a los funcionarios la cuestión de la inseguridad en que viven las familias, y añadió que el secretario de Seguridad Pública se comprometió a mantener efectivos de seguridad en el lugar donde viven.
Añadió que consideran que no consiguieron mucho pero que ya comenzaron nuevamente las pláticas con las autoridades.
Por su parte, una de las jefas de familia, Catalina Pérez Duarte, informó que lo que piden es que el gobierno estatal cumpla con la construcción de sus casas, “porque hasta ahora solamente vemos que están amontonando material pero, en los hechos, no vemos nada”, manifestó.
“Pero yo lo que más les dije es que quiero justicia, que ya nos venimos de nuestra tierra huyéndole a los maleantes y ahora ya vienen hasta aquí por nosotros, hasta donde estamos”, dijo en referencia al intento de ataque que sufrieron el domingo, pero que al repeler a los agresores los vecinos y policías ciudadanos, mataron a dos de ellos y detuvieron a uno más.
Martínez Cruz dijo que esperan que ahora sí “esta administración termine con estos funcionarios porque pueden darnos la sorpresa dentro de un mes que los cambien y volvamos a empezar las pláticas, ese sería el problema”.
El dirigente del Fodeg informó que existe la desconfianza de que haya nuevos cambios y que lo que acordaron ahora ya no se cumpla por los que vienen, como ocurrió con los anteriores funcionarios con los que acordaron y al haber sido cambiados ahora tienen que volver a comenzar con las gestiones.
A su vez, Raymundo Díaz Taboada denunció que por esos cambios que se dan en el gobierno, a siete meses de que llegaron a acuerdos con los ex funcionarios, todo lo convenido con las familias desplazadas no se han cumplido.
“Desafortunadamente tuvieron que pasar los hechos de ayer (el domingo) en donde dos personas perdieron la vida para que se llevara a cabo una reunión de alto nivel en donde las señoras se pudieron dar cuenta de la desorganización que tienen a nivel interinstitucional pues no han podido ni darle seguimiento a los acuerdos que se tuvieron con los funcionarios anteriores, ni todas las áreas tenían conocimiento de lo que estaba pasando”, dijo.

Vigilarán la zona policías estatales, informa el gobierno del estado

Por su parte, el gobierno del estado informó por la noche, mediante un boletín que la reunión con las familias desplazadas por la violencia se realizó en el merco del Comité Integral de Atención a Desplazados, y que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, les dijo que se atenderán las prioridades planteadas, y que también se realizará un inventario de acciones pendientes, “a fin de que se cumplan todos los compromisos adquiridos con ellos”.
También se informó que acordaron reforzar la seguridad en la zona donde están asentados, con un incremento de rondines por parte de efectivos de la Policía Estatal; el otorgamiento de insumos alimentarios para los siguientes cinco meses, y el pago de un adeudo de los desplazados con Diconsa.
Mientras tanto se informó que el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Sergio Javier Lara Montellano, ofreció que se atiendan las denuncias de la población desplazada para lo cual se implementarán rondines de agentes policiacos en la zona a fin de garantizar su seguridad, y se implementará un sistema de acompañamiento, además de que se realizarán operativos de investigación y de prevención del delito.