Investigará la UPOEG los antecedentes de los desplazados de La Laguna, dice Bruno Plácido

*Necesitamos saber por qué hay tanto interés de mandar gente desde la Costa Grande para atacarlos”, dice sobre las familias que viven en Ayutla y que salieron de la sierra de Coyuca de Catalán por la violencia de grupos paramilitares y talamontes. Niega que uno de los abatidos el domingo sea guarura del alcalde Severo Castro

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio desmintió ayer que uno de los dos sicarios muertos por la autodefensa el domingo en La Palma II, anexo de la comunidad de La Unión, sea guarura del presidente municipal de Ayutla, Severo Castro Godínez, como informaron vecinos del lugar.
Agregó que la autodefensa investigará a las familias que salieron de la sierra de Coyuca de Catalán por la violencia de grupos paramilitares y talamontes luego del asesinato de su lideresa, Juventina Villa Mojica el 28 de noviembre pasado.
El domingo un grupo de hombres armados intentó atacar a las familias desplazadas por la violencia en La Laguna, Coyuca de Catalán, que ahora radican en ese lugar pero fueron descubiertos, uno capturado, dos abatidos y uno más escapó.
Informó que el muerto al que se le encontró una credencial de elector se llamaba Rodrigo Valdovinos Palacios de 31 años y era originario de la comunidad de La Barrita, municipio de Petatlán. Mientras que el que está detenido se llama Emmanuel Visoso Manzanares, vecino de la ciudad de Tixtla.
Plácido Valerio fue entrevistado la mañana de ayer al salir de Casa Guerrero, en donde se entrevistó con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo para darle seguimiento a la conformación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, encuentro que tenía programado con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, pero que se suspendió porque el mandatario se encontraba en la Ciudad de México.
El promotor de la UPOEG informó que tras el intento de ataque acordaron realizar una investigación para ver si estas familias desplazadas tienen antecedentes delincuenciales.
Explicó que esta medida la tomarán debido a que mientras estén en la zona es responsabilidad de la Policía Ciudadana brindarles seguridad.
Plácido Valerio dijo, “se acordó con ellos que vamos a revisar si no traen un antecedente delincuencial porque si están en nuestra zona tenemos la responsabilidad de garantizar seguridad a todos, no sólo a los desplazados sino a todos los que habitan en la zona”.
Explicó que para esta revisión pedirán la colaboración de instancias de gobierno, dado que provienen de zonas donde la Policía Ciudadana no tiene influencia.
“Necesitamos saber por qué hay tanto interés de mandar gente desde la Costa Grande hasta ese lugar (Ayutla) para atacarlos”, dijo.
Plácido Valerio corroboró que desde el sábado tuvieron reportes de que había personas desconocidas en Ayutla que buscaban a estas personas, y confirmó, además, que fue la Policía Ciudadana quien enfrentó a los integrantes del grupo armado y mató a dos de ellos.
Agregó que el detenido, Emmanuel Visoso Manzanares está dando información sobre quiénes lo enviaron y por qué, sin embargo no abundó al respecto, sólo que la investigación continúa.
Adelantó que luego de que sea interrogado por la Policía Ciudadana se entregará a las autoridades para que se le juzgue y se profundice en la investigación, porque proviene de zonas donde la UPOEG no tiene influencia.
De los dos muertos explicó que uno de ellos hasta ayer seguía en calidad de desconocido, mientras que a otro, al que le encontraron una identificación, se llamaba Rodrigo Valdovinos Palacios, de 31 años.
Indicó que los presuntos sicarios, dos días antes del incidente estuvieron en Chilpancingo y de ahí se trasladaron a Ayutla, en donde recibieron las armas largas que buscaban utilizar en el ataque.
Desmintió que uno de los muertos sea empleado del Ayuntamiento de Ayutla.
Plácido Valerio fue entrevistado la mañana de ayer al salir de Casa Guerrero, a donde acudió a darle seguimiento a la conformación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Informó que prevé que esta comisión sea instalada formalmente durante la próxima semana y dijo que la propuesta es que se convierta en un canal de diálogo con los tres niveles de gobierno, para que se atiendan las diversas demandas sociales que las organizaciones plantean.
“Debe ser un canal en donde las agendas del sector social sean para que se canalicen desde el Congreso local, el federal, así como de los gobiernos estatal y federal para que haya un diálogo permanente y que nadie se persiga por un derecho que tenemos al bienestar y al desarrollo”, explicó.