No hay ningún detenido por los 30 homicidios contra los desplazados de La Laguna, reclaman

Sólo hay siete averiguaciones de 30 denuncias por homicidio contra los desplazados de La Laguna

*Mucho menos hay algún presunto responsable consignado o procesado por los delitos, denuncia el abogado de los refugiados en Ayutla, Alejandro Ramos. Hay muchas diligencias que no se han practicado, a pesar de que son fundamentales, desde el levantamiento de cadáveres, agrega

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

De aproximadamente 30 denuncias por homicidios en contra de familiares de los desplazados de La Laguna y Hacienda de Dolores, municipio de Coyuca de Catalán, sólo se han integrado siete averiguaciones previas, lo que indica que no se están realizando las investigaciones y es la impunidad lo que provoca que sigan las agresiones, dijo ayer el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Alejandro Ramos Gallegos, quien lleva las denuncias.
El abogado ejemplificó que en marzo presentaron a la Procuraduría de Justicia dos denuncias por escrito, “de hechos que no tenían registrados pero sí tenían conocimiento de lo sucedido”.
Ramos Gallegos consideró que es grave que de 30 denuncias por homicidio que han presentado en 7 años, sólo siete se encuentren en la etapa de la averiguación previa y con posibilidades de darles seguimiento.
Denunció que esta falta de investigación evidencia que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realmente no investiga los delitos, “y por eso hay tanta violencia, por la impunidad que hay ante las deficiencias en la investigación del delito por parte de los ministerios públicos y de la Procuraduría para atender este tipo de casos”.
Ramos Gallegos, quien ha asistido legalmente a las familias desplazadas por la violencia de las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores y que ahora se encuentran en Coapango, La Palma II anexo de La Unión, y en la cabecera municipal de Ayutla, dijo que ante la impunidad siguen ocurriendo las agresiones como la que frustró la autodefensa el domingo en la segunda comunidad.
Las familias refugiadas en el municipio de Ayutla salieron de sus comunidades de origen huyendo de la violencia de talamontes y narcotraficantes que operan en la sierra de Coyuca de Catalán. Luego de denunciar decenas de asesinatos se fueron del lugar el 29 de noviembre pasado, un día después de que fue asesinada su lideresa, Juventina Villa Mojica junto a su hijo menor de edad, a pesar de que tenía resguardo de la Policía Estatal, en hechos aún no esclarecidos.
Informó que si no se han integrado las averiguaciones previas de los aproximadamente 30 homicidios que ocurrieron en contra de pobladores de La Laguna y Hacienda de Dolores, mucho menos hay algún presunto responsable consignado o procesado por los homicidios.
Dijo que las siete averiguaciones previas están sin darles seguimiento y como consecuencia no existe alguna línea de investigación clara en la Procuraduría.
Alejandro Ramos denunció que hay muchas diligencias que no se han practicado, a pesar de que son fundamentales y que éstas van desde el levantamiento de cadáveres, “pues ni fe de cadáveres hay en algunos casos, ellos (los funcionarios) han argumentado que esto ocurre por la inaccesibilidad y que no han podido acudir al lugar”.
Ramos Gallegos informó que en la reunión del lunes en Casa Guerrero entre las familias desplazadas, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera y el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPYPC), Sergio Javier Lara Montellanos, acordaron una reunión para el 29 de julio para darle seguimiento a las denuncias.
El abogado aseguró que por las deficiencias en el sistema de justicia ocurren situaciones como la del domingo, cuando policías ciudadanos frustraron un ataque de un grupo de hombres armados que fueron descubiertos antes de que irrumpieran en las casas de los desplazados. Ese día dos de los pistoleros fallecieron y uno más fue detenido por la autodefensa.
“Si hay impunidad no hay seguridad para las familias, pues se encuentran en un estado vulnerable, creemos que es evidente la falta de atención que ha dado el gobierno del estado al caso, por lo tanto consideramos que es el momento de decirle al gobierno que no puede dejar en un estado de indefensión a estas familias”, concluyó Alejandro Ramos.