Hay coordinación con el Ejército, pero Walton no pidió su presencia en Xaltianguis, dice el Ayuntamiento

Walton no solicitó la presencia del Ejército, aclara el ayuntamiento

El ayuntamiento de Acapulco se deslindó de la presencia del Ejército en la comunidad de Xaltianguis y dijo que desde el comienzo del bloqueo buscó el diálogo con los habitantes de la comunidad y que se mantuvo a la espera de una respuesta “durante la tarde y noche de este día en el Palacio Municipal”.
Indicó que el alcalde Luis Walton Aburto ratifica su disposición al diálogo y confía en que hoy jueves pueda concretarse el encuentro.
Agregó que el presidente municipal estuvo al pendiente de lo ocurrido en Xaltianguis tras su llegada de la ciudad de México, a donde acudió desde el martes a diversas reuniones para gestionar recursos que contribuyan a sacar de la crisis financiera al ayuntamiento, para lo cual queda a la espera de la respuesta de las instancias federales correspondientes.
En un comunicado de prensa enviado minutos antes de la 11 de la noche, el ayuntamiento dijo sobre el bloqueo de la carretera federal México-Acapulco, en el poblado de Xaltianguis, que el alcalde Walton Aburto mantiene una estrecha coordinación con el Ejército, la Marina y las policías Federal y Estatal, con el propósito de trabajar de manera conjunta por la seguridad de las y los acapulqueños, cada instancia desde el ámbito de su competencia.
Sin embargo, indicó que la decisión de incursionar en Xaltianguis corresponde estrictamente “a los mandos castrenses, quienes sólo acatan instrucciones de sus superiores”, en referencia a los señalamientos de habitantes del poblado que fue por petición del alcalde la presencia de los soldados.
Desde el comienzo del bloqueo, indicó el comunicado, Walton Aburto instruyó de inmediato a funcionarios de su gobierno a trasladarse al lugar del conflicto para establecer un diálogo con los manifestantes.
Agregó que por esa razón fueron al sitio del bloqueo el subsecretario de Asuntos Políticos, Delfino Hernández Ortega, y el director de Gobernación, Felipe Loyo Malabar, quienes llevaron la propuesta de reunirse ayer mismo con el alcalde.
“Los manifestantes han pedido un plazo para analizar y discutir este encuentro con el presidente municipal de Acapulco, quien se mantuvo a la espera de una respuesta durante la tarde y noche de este día en el Palacio Municipal”, señala el boletín.
Antes, temprano en la tarde, la secretaria general del ayuntamiento, Magdalena Camacho Díaz, había informado que el alcalde está en toda la disposición de reunirse con los inconformes de Xaltianguis.
La funcionaria municipal informó entonces que ya habían ido al lugar del bloqueo el Delfino Hernández Ortega, y al director de Gobernación, Loyo Malabar, quienes ofrecieron a los pobladores una reunión con el alcalde, pero hasta las 5 de la tarde de ayer no había sido aceptada.
Sobre si los inconformes tenían una petición directa al gobierno municipal, Camacho Díaz respondió que pedían que el alcalde y el gobernador Ángel Aguirre fueran a Xaltianguis.
Dijo que le habían informado que el bloqueo era porque no quieren que el Ejército desarme a la policía ciudadana que se formó a principos de junio en esa comunidad que es la más grande de la zona rural del municipio.
El lunes pasado, el comandante de la 27 Zona Militar, Mario Lucio González Cortés, dijo precismente en Xaltinguis, donde él mismo encabezó una brigada de labor social, que todo civil que ande armado y que no esté autorizado será detenido en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos.

No tiene razón el bloqueo, dice el jefe de la policía municipal

El secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), Jesús Cortés Jiménez, opinó que el bloqueo de ciudadanos en el poblado de Xaltianguis no tiene razón y “no entiendo el enojo”, e indicó que la Policía Rural hace patrullajes.
Consultado vía telefónica sobre la situación en el poblado de Xaltianguis, el jefe policiaco declaró que al enterarse de que ciudadanos habían bloqueado la carretera federal envió a dos patrullas con 10 efectivos para dar atención a la población, como a los automovilistas que se encuentran varados por la protesta .
A las 5 de la tarde que fue consultado, Cortés Jiménez declaró que esperaba instrucciones y que no podían negociar porque los ciudadanos piden la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde Luis Walton Aburto para liberar la carretera.
“Nosotros estamos cuidando a la población, se está negociando para que abran la carretera y es que lo hacen de manera momentánea y vuelven a bloquear”, declaró.
Indicó que el bloqueo está mal porque se tienen que dialogar las demandas.
Al comentarle que los pobladores no quieren que se desarme a los policías ciudadanos, el funcionario dijo que “hay patrullajes de la policía y hay programas de ayuda social por parte del Ejército, la policía está en la población y no sé cuál sea el enojo”.
Al insistirle en que la molestia es porque los militares van a desarmar a los policías ciudadanos, respondió que se tiene que plantear la demanda para que las autoridades les den una respuesta, “está mal que protesten y afecten a la gente”.  (Redacción y Karina Contreras y Aurora Harri-son).

Los militares no gobiernan el país, responde Bruno Plácido al comandante de la 27 Zona

*Defiende la presencia de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Xaltianguis. “Pareciera que es el vocero de la delincuencia”, reprocha al general Mario Lucio González. Dice que no entrarán al territorio del Cecop, pero “estamos trabajando en comunidades cercanas”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

“Pareciera que es el vocero de la delincuencia organizada”, dijo ayer el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, sobre la reacción del comandante de la 27 Zona Militar, Mario Lucio González Cortés, en el sentido de que no trata con quienes están fuera de la ley y detendrá a todo ciudadano que ande armado, en referencia a los policías ciudadanos de Xaltianguis, municipio de Acapulco.
Bruno Plácido dijo también que la declaración del jefe militar es “por celos”.
El dirigente de la UPOEG dijo lo anterior en la Secretaría de Gobierno, donde sostuvo una reunión con el director de Transportes, Juan Larequi Radilla, mientras en Xaltianguis continuaba el bloqueo a favor de la presencia de la Policía Ciudadana y por el retiro del Ejército.
Por otra parte, Plácido Valerio respondió al dirigente del Consejo de Ejidos Opositoras a La Parota (Cecop), que el Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) no tiene la intención de entrar al territorio de los opositores a la presa La Parota, “nosotros no vamos a donde no nos llaman”, dijo.
Agregó que no sabe de dónde sacó el dirigente Marco Antonio Suástegui que la Policía Ciudadana tiene intenciones de entrar a las comunidades bajo influencia del Cecop.
Plácido Valerio dijo que además de las declaraciones del jefe militar en contra del Sistema de Seguridad Ciudadano, el Ejército ha estado hostigando a la Policía Ciudadana, pues ha desarmado a diversos grupos, “y parece que al Ejército le preocupa más donde hay tranquilidad que donde hay conflictos”. Explicó que por ese se generó el movimiento en Xaltianguis en contra del Ejército.
El promotor de la UPOEG informó que esto ya lo expuso al gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien le aclaró que el Sistema de Seguridad Ciudadano “no estamos confrontando a ningún gobierno, que, al contrario, estamos sumando esfuerzos para resolver un problema que tenemos todos”.
Sin embargo insistió en que “el general ha estado haciendo declaraciones en nuestra contra y hostigando a la comunidad de Xaltianguis, por eso hoy (ayer) asumieron su papel de decir que no están de acuerdo que el Ejército desarme o desaparezca a la Policía Ciudadana, porque ya no creen en las autoridades”.
Añadió que el comandante de la 27 Zona Militar está confundido, pues “todos los ciudadanos estamos dentro del sistema de regulación de las leyes y las autoridades que representan a las comunidades son legalmente reconocidas por las leyes y los comisarios municipales son auxiliares del Ministerio Público, y auxiliares del Tribunal Superior de Justicia, además de que son considerados en la Ley 115 como autoridades y representantes legales de las comunidades”.
Por eso dijo que “el pleito” y las declaraciones del general González Cortés “son por celos y por problemas de control, y ante la opinión pública parece que hoy el Ejército es vocero de la delincuencia, por eso los ciudadanos de Xaltianguis están tomando esa medida”.
El dirigente de la UPOEG demandó al comandante de la 27 Zona Militar que haga los señalamientos directos si tiene pruebas de que están fuera de la ley, “porque no se vale que nos hostigue justificando la ilegalidad, cuando trabajamos por la seguridad, que es una prioridad para todos los ciudadanos”.
Dijo que si el general quiere, incluso, que realice las detenciones como lo advirtió, “nosotros no vamos a utilizar nuestra policía para confrontar a la policía preventiva, a la policía estatal ni al Ejército, daremos una respuesta social y desarmados”.
Manifestó que la postura del general preocupa porque el país no está gobernado por militares, sino por civiles, y añadió que ya buscó dos reuniones con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que el miércoles de la semana pasada que vino el presidente Enrique Peña Nieto a Apango, se presentó con él, “si fuéramos clandestinos o estuviéramos fuera de la ley no estuviéramos buscando diálogo con nadie”.
Finalmente, Plácido Valerio pidió al general Mario Lucio González Cortés “que investigue cuál es su papel, nosotros sabemos cuál es el papel que nos corresponde hacer, no estamos buscando confrontación con nadie”.

No entrarán al territorio de La Parota

Por otra parte, respondió al dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui, que el Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) no tiene la intención de entrar al territorio de los opositores a La Parota, “nosotros no vamos donde no nos llaman”, dijo, y agregó que no sabe de dónde sacó el dirigente que la Policía Ciudadana tiene intenciones de entrar a las comunidades bajo influencia del Cecop.
“Yo con tristeza vi lo que declaró ayer en el periódico, de que como que nosotros estamos buscando problemas y eso es un error, nosotros no nos queremos metir allí, ni con los partidos ni con los liderazgos que existen. Nosotros no nos estamos metiendo donde no nos llaman”, dijo.
Agregó que “está demostrado que en donde no nos llaman no vamos ni aunque se estén muriendo, y tampoco somos Cruz Roja para rescatar heridos. No sé quién está promoviendo eso, ustedes nos han conocido, que nosotros nunca promovemos la confrontación con grupos ni con los partidos políticos”, insistió.
Aseguró que el Sistema de Seguridad Ciudadano no está trabajando en el territorio del Cecop, “estamos trabajando en comunidades cercanas pero no en esa parte donde él dice”.
El dirigente de la UPOEG se quejó, también, de que Marco Antonio Suástegui lo mencione sin conocerlo, y agregó que ese es un error que cometen muchos dirigentes, “nos criticamos sin conocernos, nos criticamos por celos y creo que esa etapa la tenemos que desplazar todos, porque actualmente el problema fundamental es la inseguridad y a eso hay que ponerle toda nuestra atención para salir de este pantano en el que estamos, y no podemos estar peleándonos por celos o por territorios, porque nadie es dueño de nadie, ni de las comunidades, mejor hay que convertirnos en facilitadores para resolver los problemas que tenemos todos”.
La dirigencia de la UPOEG se reunió ayer en una sala de la Secretaría de Gobierno con el director de Transportes en el estado, Juan Larequi Radilla, para tratar asuntos que tienen que ver con el sector de transportes, “porque hay muchos transportistas que están vinculados con el crimen y yo creo que hay que revisar los padrones”, dijo al salir de la reunión que fue a puerta cerrada.

Siguen sin entregar al detenido del ataque a La Palma II

En otro tema, dijo que la Policía Ciudadana sigue las investigaciones del frustrado ataque el domingo pasado a las familias desplazadas por la violencia de Coyuca de Catalán y que radican en La Palma II, anexo de La Unión, municipio de Ayutla.
Aclaró que hasta que concluyan y se aclare el caso van a entregar a las autoridades estatales al detenido que permanece bajo su resguardo, porque se siguen “afinando” las declaraciones “para que tengamos toda la parte de la declaración y después hagamos una comparación con la (información) que tienen ellos (los desplazados), porque los delincuentes se salen de las zonas donde no tenemos presencia y por eso necesitamos investigar sus antecedentes, su origen y de dónde vienen”, dijo
Agregó que si las familias desplazadas quieren dejar el municipio de Ayutla, es una decisión que deben tomar ellos, “nosotros no somos nadie para decidir por ellos. Solamente les pedimos que si ya ingresaron a nuestra zona nos ayuden a no generar problemas, que vivan en paz, que se pongan a trabajar y que contribuyan con la sociedad”, explicó.
Sin embargo advirtió que si generan problemas por venir perseguidos porque cometieron  delitos, “nosotros no vamos a tolerar eso, queremos encontrar el equilibrio de que ni sean perseguidos ni que sean expulsados, a fin de garantizar la seguridad, porque no queremos generar, sino resolver problemas”, concluyó.

Ocupan la mitad del estado en dos años las autodefensas ciudadanas ante la violencia

*Tienen presencia en cinco de las siete regiones del estado, en 34 de los 81 municipios y cuentan con una fuerza de aproximadamente 6 mil efectivos en más de 500 comunidades. La CRAC y el sistema  de la UPOEG que ya tienen reconocimiento oficial son los más visibles

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La crisis de seguridad y la violencia que se vive en el estado, así como la incapacidad de los tres órdenes de gobierno para contenerla, provocaron en menos de dos años, el rápido crecimiento de la Policía Comunitaria, la Policía Ciudadana y los movimientos de autodefensa, que actualmente tienen presencia en el 50 por ciento del territorio guerrerense.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a la que pertenece la Policía Comunitaria (PC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que promueve el Sistema de Seguridad Ciudadano y la Policía Ciudadana, continúan realizando reuniones para extender su presencia en el estado, cuando el gobierno estatal tiene el proyecto de incorporar a estos grupos a la llamada Fuerza Estatal que estará supeditada al Mando Único, a través de la Policía Rural.
La propuesta con la que se pretende asumir el control de estas fuerzas que funcionan al margen de los tres órdenes de gobierno, fue planteada tanto a la CRAC como a la UPOEG el 12 de julio pasado, y ha sido rechazada por la primera institución indígena, mientras que la segunda la ha sometido a consulta en los pueblos donde tiene presencia.
El rápido crecimiento de la Policía Comunitaria, la Policía Ciudadana y los movimientos de autodefensa, tienen presencia en cinco de las siete regiones del estado, en 34 de los 81 municipios y cuentan con una fuerza de aproximadamente 6 mil efectivos en más de 500 comunidades del estado, según datos proporcionados por las mismas agrupaciones.
Por ejemplo, el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC, que se constituyó en 1995, hasta su aniversario número 18 que celebró el 24 de noviembre del 2012 en Miahuichan, municipio de San Luis Acatlán, tenía presencia en 12 municipios de dos regiones: Montaña y Costa Chica.
En la región Costa Chica solamente tenía presencia en los municipios de San Luis Acatlán y Marquelia. En la Montaña contaba con grupos en los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Xalpatlahuac, Tlapa de Comonfort , Xochistlahuaca y Acatepec.
En ese momento participaban con la CRAC 77 comunidades de los pueblos tlapanecos, mixtecos, mestizos y amuzgos con 877 policías comunitarios, que pertenecían a tres casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
Uno de los principales factores del surgimiento del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria fue la ineficacia y la corrupción del sistema de Seguridad Pública del Estado en el combate de la ola de violencia que se presentaba en los caminos de la Montaña (lo que hoy es la carretera Tlapa-Marquelia) y la Costa Chica (San Luis Acatlán-Marquelia) en la década de 1980 e inicios de la de 1990.
En una segunda etapa, a partir del 22 de diciembre del 2012, cuando se fundó la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, comenzó el proceso de crecimiento de la CRAC que se había mantenido estancada.
A partir de la fundación de la Casa de Justicia de El Paraíso, de Ayutla, con 15 comunidades, se sumaron cuatro comunidades más y 4 colonias de Tixtla. El proceso de incorporación lo encabezó la comunidad de Acatempa que comenzó como movimiento de autodefensa el 21 de enero de éste año con su comisario Pastor Coctecón Plateado.
En abril se sumaron a esa Casa de Justicia cinco comunidades más de Tecoanapa. En mayo se incorporó el Consejo Social Olinalteco 27 de octubre. El 2 de junio se sumó el Frente Ciudadano de Huamuxtitlán por la Paz y la Seguridad, con influencia en la cabecera municipal y cinco comunidades del municipio de Huamuxtitlán y Cualac.
Mientras tanto, el 23 de junio se afilió la comunidad de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac y el 10 de julio se incorporaron al menos 40 nuevos policías comunitarios de San José Buenavista, municipio de Alpoyeca.
Con base en este recuento, en total, la CRAC ya cuenta con cuatro casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso; tiene presencia en 20 municipios de tres regiones, Montaña, Costa Chica y Centro y cuenta con más de 2 mil policías comunitarios.

Sistema de Seguridad Ciudadano

Mientras tanto, el ahora Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) que cuenta con su Policía Ciudadana (PC) surgió como movimiento de autodefensa en el municipio de Ayutla, el 5 de enero pasado, como consecuencia del incremento a las extorsiones, cobro de piso, secuestros y ejecuciones en las cabeceras municipales y poblaciones que se encuentran al borde de la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande.
Actualmente tiene presencia en tres regiones: Costa Chica, zona Centro y en una población de Acapulco. Asimismo, su fuerza está desplegada en 12 municipios: Ayutla, Tecoanapa, Juan R. Escudero, San Marcos, Florencio Villarreal, Copala, Cuautepec, Azoyú e Igualapa. Asimismo, parcialmente tiene presencia en comunidades de Ometepec, Xochistlahuaca y Acapulco.
En esas comunidades cuenta con representantes en aproximadamente 350 comunidades en donde tiene desplegados 3 mil 500 policías ciudadanos, según los últimos reportes de los dirigentes de la UPOEG y del SSC.
El antecedente de la Policía Ciudadana fue el movimiento de autodefensa que surgió en Ayutla, luego de que entre los secuestrados del crimen organizado hubo comisarios que pertenecían a la UPOEG, como Eusebio Alberto Alvarado García, comisario de la comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa.
El 5 de enero habitantes de esa comunidad se comunicaron con la dirigencia de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero para reportar el secuestro de su comisario y el grupo de comuneros de esa organización de Ayutla se desplegó en la cabecera municipal y colocó dos retenes: uno en la entrada que llega de Tecoanapa y otro en la gasolinera que se ubica en la salida hacia Cruz Grande.
Ese mismo día con el apoyo también de la Policía Ministerial y la Policía Preventiva Estatal rescataron al comisario cerca de Cruz Grande.
Al día siguiente, la dirigencia de la UPOEG decidió mantener los retenes ya como movimiento de autodefensa en contra de la delincuencia organizada. A los tres días el movimiento alcanzó Tecoanapa y ahora, a poco menos de 7 meses, el Sistema de Seguridad Ciudadano se ha extendido a 12 municipios de 3 regiones del estado.
Presionada por las autoridades federales, que constantemente hacían señalamientos de que actuaban fuera de la ley y amenazaban con actuar en su contra, la dirigencia de la UPOEG decidió a principios de marzo dar por terminada la fase del movimiento de autodefensa y conformó el Sistema de Seguridad y la Policía Ciudadana.
También se quitaron las capuchas que utilizaban y dejaron de instalar retenes en las carreteras donde tenían presencia, y solamente participaban en puntos de revisión de las fuerzas federales.
Ya como Sistema de Seguridad Ciudadano, el 25 de marzo más de mil de sus policías incursionaron en Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero y detuvieron al ex director de Seguridad Óscar Ulises Valle con 12 policías por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, los que fueron entregados a la Procuraduría de Justicia del estado, que los liberó un mes después.
La madrugada del 11 de junio la Policía Ciudadana también ocupó el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco. Unos 300 elementos instalaron puestos de revisión y control en los cinco accesos al poblado.
Actualmente el SSC busca las condiciones para entrar al Valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, sin embargo, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio ha reconocido que no se han dado las condiciones para ello.
Aunque también se ha reunido con comerciantes y empresarios encabezados por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Meléndez Cortés, quienes solicitaron asesoría a la agrupación, pero tras dar a conocer una alianza para coordinar estrategias de seguridad los dirigentes de las agrupaciones empresariales fueron llamados por el gobernador a dialogar y aunque han asegurado que la alianza con la UPOEG sigue, en los hechos se han desistido.
Tanto la CRAC como la UPOEG sustentan sus actuaciones en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 701 de reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que habla del reconocimiento a los derechos y a la cultura indígena, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
Movimientos de autodefensa
El jueves 20 de junio, aproximadamente mil personas, hombres y mujeres armadas con rifles y escopetas de los municipios de Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Benito Juárez y Atoyac de Álvarez anunciaron la conformación del Grupo de Autodefensa Ciudadana, luego de un bloqueo a la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en los poblados de San Luis San Pedro y San Luis la Loma, municipio de Tecpan de Galeana.
El grupo inconforme, encabezado por Leopoldo Soberanis Hernández, declaró que el objetivo era actuar ante los secuestros, extorsiones y asesinatos cometidos por Los Caballeros Templarios “en complicidad con autoridades civiles y militares del 19 Batallón de Infantería”, con sede en Petatlán.
Los manifestantes bloquearon durante más de 24 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en los poblados de San Luis San Pedro y San Luis la Loma, zona que, de acuerdo a versiones periodísticas estás controlada por el grupo delictivo conocido como Los Granados.
Aunque actualmente este grupo de autodefensa se ha focalizado en el municipio de Tecpan de Galena y Petatlán, de la Costa Grande, versiones extraoficiales indican que cuenta con el respaldo también de grupos de Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez  y Benito Juárez (San Jerónimo).
El 4 de julio el comandante de la Novena Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza, afirmó que detrás de este grupo de autodefensa, “existen intereses de la delincuencia organizada”.
Asimismo, habitantes de la comunidad de El Pantano y La Sierrita, municipio de Tecpan de Galeana denunciaron el viernes y el sábado pasado que integrantes de este grupo de autodefensa irrumpieron en esa comunidad y realizaron disparos en contra de algunos de los habitantes e incendiaron casas.