Ocupan la mitad del estado en dos años las autodefensas ciudadanas ante la violencia

*Tienen presencia en cinco de las siete regiones del estado, en 34 de los 81 municipios y cuentan con una fuerza de aproximadamente 6 mil efectivos en más de 500 comunidades. La CRAC y el sistema  de la UPOEG que ya tienen reconocimiento oficial son los más visibles

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La crisis de seguridad y la violencia que se vive en el estado, así como la incapacidad de los tres órdenes de gobierno para contenerla, provocaron en menos de dos años, el rápido crecimiento de la Policía Comunitaria, la Policía Ciudadana y los movimientos de autodefensa, que actualmente tienen presencia en el 50 por ciento del territorio guerrerense.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a la que pertenece la Policía Comunitaria (PC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que promueve el Sistema de Seguridad Ciudadano y la Policía Ciudadana, continúan realizando reuniones para extender su presencia en el estado, cuando el gobierno estatal tiene el proyecto de incorporar a estos grupos a la llamada Fuerza Estatal que estará supeditada al Mando Único, a través de la Policía Rural.
La propuesta con la que se pretende asumir el control de estas fuerzas que funcionan al margen de los tres órdenes de gobierno, fue planteada tanto a la CRAC como a la UPOEG el 12 de julio pasado, y ha sido rechazada por la primera institución indígena, mientras que la segunda la ha sometido a consulta en los pueblos donde tiene presencia.
El rápido crecimiento de la Policía Comunitaria, la Policía Ciudadana y los movimientos de autodefensa, tienen presencia en cinco de las siete regiones del estado, en 34 de los 81 municipios y cuentan con una fuerza de aproximadamente 6 mil efectivos en más de 500 comunidades del estado, según datos proporcionados por las mismas agrupaciones.
Por ejemplo, el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC, que se constituyó en 1995, hasta su aniversario número 18 que celebró el 24 de noviembre del 2012 en Miahuichan, municipio de San Luis Acatlán, tenía presencia en 12 municipios de dos regiones: Montaña y Costa Chica.
En la región Costa Chica solamente tenía presencia en los municipios de San Luis Acatlán y Marquelia. En la Montaña contaba con grupos en los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Xalpatlahuac, Tlapa de Comonfort , Xochistlahuaca y Acatepec.
En ese momento participaban con la CRAC 77 comunidades de los pueblos tlapanecos, mixtecos, mestizos y amuzgos con 877 policías comunitarios, que pertenecían a tres casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
Uno de los principales factores del surgimiento del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria fue la ineficacia y la corrupción del sistema de Seguridad Pública del Estado en el combate de la ola de violencia que se presentaba en los caminos de la Montaña (lo que hoy es la carretera Tlapa-Marquelia) y la Costa Chica (San Luis Acatlán-Marquelia) en la década de 1980 e inicios de la de 1990.
En una segunda etapa, a partir del 22 de diciembre del 2012, cuando se fundó la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, comenzó el proceso de crecimiento de la CRAC que se había mantenido estancada.
A partir de la fundación de la Casa de Justicia de El Paraíso, de Ayutla, con 15 comunidades, se sumaron cuatro comunidades más y 4 colonias de Tixtla. El proceso de incorporación lo encabezó la comunidad de Acatempa que comenzó como movimiento de autodefensa el 21 de enero de éste año con su comisario Pastor Coctecón Plateado.
En abril se sumaron a esa Casa de Justicia cinco comunidades más de Tecoanapa. En mayo se incorporó el Consejo Social Olinalteco 27 de octubre. El 2 de junio se sumó el Frente Ciudadano de Huamuxtitlán por la Paz y la Seguridad, con influencia en la cabecera municipal y cinco comunidades del municipio de Huamuxtitlán y Cualac.
Mientras tanto, el 23 de junio se afilió la comunidad de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac y el 10 de julio se incorporaron al menos 40 nuevos policías comunitarios de San José Buenavista, municipio de Alpoyeca.
Con base en este recuento, en total, la CRAC ya cuenta con cuatro casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso; tiene presencia en 20 municipios de tres regiones, Montaña, Costa Chica y Centro y cuenta con más de 2 mil policías comunitarios.

Sistema de Seguridad Ciudadano

Mientras tanto, el ahora Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) que cuenta con su Policía Ciudadana (PC) surgió como movimiento de autodefensa en el municipio de Ayutla, el 5 de enero pasado, como consecuencia del incremento a las extorsiones, cobro de piso, secuestros y ejecuciones en las cabeceras municipales y poblaciones que se encuentran al borde de la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande.
Actualmente tiene presencia en tres regiones: Costa Chica, zona Centro y en una población de Acapulco. Asimismo, su fuerza está desplegada en 12 municipios: Ayutla, Tecoanapa, Juan R. Escudero, San Marcos, Florencio Villarreal, Copala, Cuautepec, Azoyú e Igualapa. Asimismo, parcialmente tiene presencia en comunidades de Ometepec, Xochistlahuaca y Acapulco.
En esas comunidades cuenta con representantes en aproximadamente 350 comunidades en donde tiene desplegados 3 mil 500 policías ciudadanos, según los últimos reportes de los dirigentes de la UPOEG y del SSC.
El antecedente de la Policía Ciudadana fue el movimiento de autodefensa que surgió en Ayutla, luego de que entre los secuestrados del crimen organizado hubo comisarios que pertenecían a la UPOEG, como Eusebio Alberto Alvarado García, comisario de la comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa.
El 5 de enero habitantes de esa comunidad se comunicaron con la dirigencia de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero para reportar el secuestro de su comisario y el grupo de comuneros de esa organización de Ayutla se desplegó en la cabecera municipal y colocó dos retenes: uno en la entrada que llega de Tecoanapa y otro en la gasolinera que se ubica en la salida hacia Cruz Grande.
Ese mismo día con el apoyo también de la Policía Ministerial y la Policía Preventiva Estatal rescataron al comisario cerca de Cruz Grande.
Al día siguiente, la dirigencia de la UPOEG decidió mantener los retenes ya como movimiento de autodefensa en contra de la delincuencia organizada. A los tres días el movimiento alcanzó Tecoanapa y ahora, a poco menos de 7 meses, el Sistema de Seguridad Ciudadano se ha extendido a 12 municipios de 3 regiones del estado.
Presionada por las autoridades federales, que constantemente hacían señalamientos de que actuaban fuera de la ley y amenazaban con actuar en su contra, la dirigencia de la UPOEG decidió a principios de marzo dar por terminada la fase del movimiento de autodefensa y conformó el Sistema de Seguridad y la Policía Ciudadana.
También se quitaron las capuchas que utilizaban y dejaron de instalar retenes en las carreteras donde tenían presencia, y solamente participaban en puntos de revisión de las fuerzas federales.
Ya como Sistema de Seguridad Ciudadano, el 25 de marzo más de mil de sus policías incursionaron en Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero y detuvieron al ex director de Seguridad Óscar Ulises Valle con 12 policías por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, los que fueron entregados a la Procuraduría de Justicia del estado, que los liberó un mes después.
La madrugada del 11 de junio la Policía Ciudadana también ocupó el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco. Unos 300 elementos instalaron puestos de revisión y control en los cinco accesos al poblado.
Actualmente el SSC busca las condiciones para entrar al Valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, sin embargo, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio ha reconocido que no se han dado las condiciones para ello.
Aunque también se ha reunido con comerciantes y empresarios encabezados por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Meléndez Cortés, quienes solicitaron asesoría a la agrupación, pero tras dar a conocer una alianza para coordinar estrategias de seguridad los dirigentes de las agrupaciones empresariales fueron llamados por el gobernador a dialogar y aunque han asegurado que la alianza con la UPOEG sigue, en los hechos se han desistido.
Tanto la CRAC como la UPOEG sustentan sus actuaciones en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 701 de reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que habla del reconocimiento a los derechos y a la cultura indígena, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
Movimientos de autodefensa
El jueves 20 de junio, aproximadamente mil personas, hombres y mujeres armadas con rifles y escopetas de los municipios de Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Benito Juárez y Atoyac de Álvarez anunciaron la conformación del Grupo de Autodefensa Ciudadana, luego de un bloqueo a la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en los poblados de San Luis San Pedro y San Luis la Loma, municipio de Tecpan de Galeana.
El grupo inconforme, encabezado por Leopoldo Soberanis Hernández, declaró que el objetivo era actuar ante los secuestros, extorsiones y asesinatos cometidos por Los Caballeros Templarios “en complicidad con autoridades civiles y militares del 19 Batallón de Infantería”, con sede en Petatlán.
Los manifestantes bloquearon durante más de 24 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en los poblados de San Luis San Pedro y San Luis la Loma, zona que, de acuerdo a versiones periodísticas estás controlada por el grupo delictivo conocido como Los Granados.
Aunque actualmente este grupo de autodefensa se ha focalizado en el municipio de Tecpan de Galena y Petatlán, de la Costa Grande, versiones extraoficiales indican que cuenta con el respaldo también de grupos de Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez  y Benito Juárez (San Jerónimo).
El 4 de julio el comandante de la Novena Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza, afirmó que detrás de este grupo de autodefensa, “existen intereses de la delincuencia organizada”.
Asimismo, habitantes de la comunidad de El Pantano y La Sierrita, municipio de Tecpan de Galeana denunciaron el viernes y el sábado pasado que integrantes de este grupo de autodefensa irrumpieron en esa comunidad y realizaron disparos en contra de algunos de los habitantes e incendiaron casas.

Ocupan la mitad del estado en dos años…

Antes, el 6 de julio, pobladores de  comunidades del municipio de Petatlán bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir el retiro del retén de este grupo de  autodefensa que se ubicó a la altura de Tecpan.

Grupos aislados

El aumento de la violencia en la zona Norte del estado también obligó a las personas de esa región a organizarse para protestar.
El 17 de enero un grupo de hombres armados y con capuchas de las comunidades de Ahuhuehuepan, de Iguala, así como de Coatepec Costales y Tonalapa del Río, municipio de Teloloapan, bloquearon la carretera Iguala-Ciudad Altamirano.
El grupo que surgió como autodefensa demandó a las autoridades estatales y federales la presencia del Ejército y la Policía Federal para contener las acciones de la delincuencia organizada que mantenía asolados a los habitantes de esa región. Pero el grupo, se dispersó después tras la llegada de las fuerzas federales.
El 5 de marzo, pobladores de Acapulco y de Coyuca de Benítez, conformaron  un grupo de autodefensa para hacer frente a la delincuencia organizada. Ese día realizaron  una protesta simbólica en la sede de la Unión de Pueblos en la que participaron unos 20 hombres encapuchados que portaban playeras negras.

Policía Rural

Mientras la autoprotección de los ciudadanos surge en diferentes modalidades ante el incremento de la violencia y la inseguridad provocada por la delincuencia común y la delincuencia organizada, el gobierno estatal y federal, se propone, en vez de atacar las causas, regular a estos grupos incorporándolos a la Policía Rural que pertenece a la Fuerza Estatal, del Mando Único.
El 12 de julio, el gobernador Ángel Aguirre envió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el decreto de creación de la Policía Rural para avisarles que ahí integrará a sus respectivos cuerpos policiacos.
Con ello pretende que tanto la Policía Comunitaria, como la Policía Ciudadana dependan de la recién formada Fuerza Estatal que estará supeditada al Mando Único que promueve el gobierno federal.
Aunque el proyecto no se ha dado a conocer a los medios de comunicación, se sabe que el proceso de incorporación de los elementos de la Policía Rural es similar al que sigue la CRAC para elegir a los policías comunitarios: en una asamblea las comunidades eligen a los ciudadanos de más confianza y de probada honestidad para que formen parte de su policía.
Es el mismo procedimiento que seguirá la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil que estará a cargo de la Policía Rural, ello con el fin de ir restando espacios a la CRAC y a la UPOEG, así como a los movimientos de autodefensa.
Sin embargo, por lo menos la CRAC, ya rechazó la propuesta. Su coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo recordó que tiene una minuta firmada por el gobernador, Ángel Aguirre, en la que le explican que su organización se ampara en su derecho a regirse por usos y costumbres por ser indígenas, y en la Ley 701 del estado.
Mientras tanto, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio informó que esa agrupación sometió a consulta la propuesta del gobernador y que probablemente el 3 de agosto ya cuenten con una respuesta.